La Iglesia porteña insiste en construir una estación de servicio en un lote que había sido donado en 1993 para la ubicación de un colegio; el Vaticano sospecha de irregularidades
Puerto Madero tendrá definitivamente una estación de servicio por primera vez en su corta historia. A pesar de los reclamos airados de vecinos que se oponen a la incorporación del rubro, acusaciones y contratos incumplidos, el Arzobispado de Buenos Aires, propietario del predio donde se instalará, avanza a paso firme con su proyecto que involucra a una empresa privada.
Aunque no tan directo y con una postura mediadora, así se lo hicieron saber representantes de la diócesis en la reunión que se realizó el jueves pasado en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en el mismo lote, a los vecinos más representativos que participaron del encuentro. Los residentes exigen que se cumpla lo establecido en la donación con cargo realizada en 1993 por la Corporación Puerto Madero al Arzobispado, que establecía construir un colegio con los niveles inicial, primaria y secundaria, además del templo y la casa parroquial.
Treinta años después, el convenio no se cumplió y el predio de dos hectáreas –situado entre las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, en el dique 1– albergará una nueva explotación comercial por el acuerdo entre el Arzobispado porteño y la empresa Lomfako SA, firmado por un plazo de 40 años. Todo esto bajo la mirada condenatoria del Vaticano que cuestionó, tiempo después de sellarse el convenio, el manejo de los bienes de la Iglesia porteña, al arzobispo Mario Poli y a otros miembros de la diócesis.
El caso de Puerto Madero podría ser la punta del iceberg de una serie de irregularidades con las propiedades de la Iglesia porteña sobre el que el Vaticano, por pedido del papa Francisco y según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a la Santa Sede, decidió poner la lupa para frenar la intervención o enajenación de algunos de esos bienes.
Los vecinos, en la reunión del jueves, reprocharon que no se haya cumplido lo pautado en la donación con cargo y que ahora el proyecto gire en torno de la construcción de una estación de servicio antes que el colegio, considerado de mayor importancia para el barrio. Para el Arzobispado se trató de una reunión pacífica, distinta a la primera que se realizó “con declaraciones y actitudes violentas” por parte de los vecinos, según recordaron.
“El colegio forma parte del proyecto, se construirá. El proyecto es más grande para el sostenimiento económico de la diócesis de Buenos Aires, que contempla colegios en las villas y otras actividades. Tenemos que hacer viable todo el funcionamiento de la diócesis”, argumentaron desde el Arzobispado, y aclararon que no hay ningún impedimento legal para avanzar en la propuesta que se lleva adelante.
El capítulo Puerto Madero forma parte de una trama que desnuda la tensa relación entre la Iglesia porteña y el Vaticano, que incluyó una auditoría de la Santa Sede que advirtió sobre presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias que involucran las propiedades situadas en la ciudad de Buenos Aires. Todo terminó con una visita de Poli al papa Francisco poco tiempo antes de que presentará su renuncia al cargo al cumplir 75 años, dimisión que ya fue aceptada por Su Santidad.
Sospechas
La polémica en torno del predio de Puerto Madero, en una zona donde el metro cuadrado se puede comercializar hasta por US$4000, va por dos caminos: el reproche de los vecinos y las sospechas desde el Vaticano de que esa cesión de tierras a la empresa privada fue sin que lo avalara el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado que, según establecen las normas eclesiásticas, deben analizar la venta o intervención de inmuebles de la Iglesia por valores de entre U$S30.000 y U$S300.000; además, para valores superiores a U$S300.000 se debe tener la licencia o el permiso del Vaticano.
Ambos órganos no estaban constituidos o se encontraban inoperantes al momento del acuerdo firmado entre el Arzobispado y Lomfako SA. Al menos eso se desprende del informe elaborado por la Congregación para el Clero, enviada por el Vaticano entre el 18 y 22 de octubre de 2021, tiempo después del convenio que había sido fundamentado en audiencia pública, vía Zoom, en diciembre de 2020. Vale aclarar que la Congregación para el Clero, presidida por el arzobispo surcoreano Lazzaro You Heung-sik, estuvo en Buenos Aires después de concretarse las negociaciones entre la Iglesia y la empresa privada para la cesión de las tierras y no antes, como había sido publicado en este medio.
El documento manifiesta las sospechas de irregularidades sobre el manejo de los bienes. En la escritura de donación del predio de Puerto Madero, del 9 de agosto de 1993 entre la Corporación Puerto Madero y el Arzobispado porteño, se estableció “el cargo de construir una iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, casa parroquial, viviendas para sacerdotes y el colegio parroquial”. Décadas después, los usos solicitados al gobierno de la ciudad para ampliar el proyecto incluyeron jardín de infantes, escuela primaria y secundaria de gestión privada, estación de servicio (combustibles líquidos y/o GNC), actividades admitidas en estación de servicio, oficina comercial o consultora, garaje, automotores (embarcaciones y aviones), alimentación en general y gastronomía.
“Causa perplejidad que a pesar de la presencia de un numeroso Consejo Episcopal no esté constituido el Colegio de Consultores y que, en los hechos, el Consejo de Asuntos Económicos se encuentre inoperante ya que se está pensando en su redefinición”, dice el informe de la Congregación para el Clero. “La falta de funcionamiento de estos órganos, por lo tanto, constituye una violación de los procedimientos sinodales requeridos por la legislación (….). En efecto, el obispo diocesano necesita el consentimiento de dichos órganos eclesiales siempre que se trata de una enajenación de bienes de la diócesis, cualquiera sea su valor, así como cuando la enajenación se refiera a bienes que su valor supere los US$30.000″, agrega. Y pone énfasis en lo siguiente: “Si la propiedad en cuestión excede los US$300.000, para la validez canónica del acto también es necesario solicitar la licencia de la Santa Sede”.
“A la luz de lo anterior –prosigue el documento, al que tuvo acceso LA NACION– me veo en la obligación de informarle respecto de la necesidad de constituir y poner en funcionamiento el Consejo de Asuntos Económicos y el Colegio de Consultores lo antes posible”. El texto contiene una sugestiva recomendación, que también tuvo como destinatario al arzobispo Poli. “Hay que subrayar, de manera especial, que se limite a realizar únicamente aquellas transacciones económicas que en la actualidad resulten estrictamente necesarias intentando, en la medida de lo posible, no enajenar más activos pertenecientes a la Arquidiócesis o a las parroquias, lo que al parecer ha ocurrido con frecuencia en los últimos tiempos”.
Después de este consejo que llegó directamente desde el Vaticano, se frenó al menos un proyecto de venta de un inmueble valuado en unos 10 millones de dólares. Pero el pacto de Puerto Madero ya había sido sellado.
Por Mauricio Giambartolomei-La Nación