A partir de 2017 recrudeció la disputa entre la comunidad mapuche y los habitantes de la zona, que recientemente escaló en el desalojo de un asentimiento por parte del Comando Unificado de Seguridad. Claves de un conflicto de final incierto.
Villa Mascardi es una localidad del Departamento de Bariloche, que se encuentra a orillas del Lago Mascardi, dentro del parque nacional Nahuel Huapi. En los últimos años se ha convertido en el núcleo de tensiones sociales y políticas entre grupos de la comunidad mapuche, vecinos y el Gobierno nacional y de la provincia de Río Negro.
La controversia se ha generado por la toma de propiedades en el marco de los reclamos territoriales de estos grupos en el sur de la Argentina y la más reciente escalada de violencia comenzó cuando un grupo de encapuchados atacó una casilla de Gendarmería. Esto derivó en un operativo de desalojo realizado por el Comando Unificado de Seguridad de las Fuerzas Federales y acabó con siete mujeres de la Lafken Winkul Mapu detenidas.
La medida generó el repudio de diversos organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, al mismo tiempo que causó una nueva interna en la coalición del Frente de Todos, que incluso se vio reflejado en la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta frente al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género.
Lo cierto es que el conflicto viene de mucho antes y también salpicó a la gestión del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y una de las principales apuntadas fue su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El reclamo y la normativa vigente
Las comunidades indígenas piden el efectivo acceso a sus territorios de ocupación tradicional como así también “políticas de reparación” ante el despojo sufrido a través de diferentes momentos de la historia, primero contra el imperio español y luego contra la Argentina y Chile tras su independencia, en lo que se conoció como Conquista del Desierto y Pacificación de la Auracanía, respectivamente. Estas demandas chocan con la posición de los propietarios actuales de las tierras.
En un comunicado en conjunto, activistas por los Derechos Humanos explicaron: “Los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (art.75 inciso 17) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados”.
“Esta es una deuda histórica del Estado con respecto al otorgamiento de tierras”, señalan desde organismos oficiales que respaldan el reclamo indígena.
Asimismo, en 2006 fue sancionada la ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. La misma fue prorrogada en tres oportunidades y tiene tres objetivos para el estudio técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras:
- El reconocimiento de la Ocupación Actual, Tradicional y Pública que realizan las comunidades indígenas;
- Impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de actual ocupación tradicional;
- Recabar información sobre los diversos aspectos sociales, culturales, bióticos y geográficos que configuran los territorios indígenas.
Los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado
Villa Mascardi está considerada como una población rural y su casco está integrado por viviendas, una despensa, un destacamento de la Policía rionegrina y una escuela pública. En las afueras hay una oficina de Guardaparque, una estación de servicio y distintos hoteles alojamientos.
El conflicto inició en 2017, cuando la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu inició una acción de “recuperación territorial”, al considerar esa zona como “tierra ancestral”. El gobierno envió una misión bajo las órdenes del entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, para negociar con las comunidades pero no tuvo éxito.
El 25 de noviembre de ese mismo año, durante un operativo de desalojo realizado por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval, fue asesinado de un disparo por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, y resultaron heridas otras dos personas.
Por el hecho se hallan imputados los efectivos Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Sergio Guillermo Cavia. Esto ocurrió apenas un mes después del hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado, cuya búsqueda se extendió 77 días tras un operativo de la Gendarmería para despejar un corte de ruta mapuche.
El caso de Maldonado tuvo lugar en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut. La autopsia definió que su deceso fue por ahogamiento, pero su familia reclama en la actualidad que nada se avanzó sobre el contexto y que la causa está “paralizada”.
Últimos incidentes
Desde el inicio de su administración, Alberto Fernández llamó al diálogo para llevar adelante una negociación. Pero esta se vio interrumpida y dos años después se ha vuelto a una situación de tensión.
Desde 2017 los vecinos denunciaron que una comunidad de alrededor de 20 personas, incluyendo menores de edad, ocupó seis viviendas en el predio. En septiembre de este año, un grupo de encapuchados incendió un galpón y una casilla de Gendarmería que había sido establecida allí para custodiar una propiedad previamente vandalizada. Por el incidente no se registraron heridos y los agentes que estaban en el lugar se retiraron hacia el puesto de guardaparques más cercano.
Por este motivo, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitó la intervención de las fuerzas federales para apaciguar el conflicto. El ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, se hizo eco de esto al crear el Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria) para que actuara en la zona.
El operativo se desplegó el pasado 4 de octubre con 250 efectivos, que cortaron la ruta nacional 40 para evitar que el tránsito obstaculizara su accionar y cumplir con la orden judicial de desalojo emitida por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez.
Según Aníbal Fernández, todo se llevó a cabo “sin armas letales” y se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma. Finalmente quedaron detenidas siete mujeres, entre ellas la machi Betiana Colhuan, autoridad espiritual de la lof. También fueron intervenidos por la Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) cinco niños y se registró los hombres del grupo no estaban en ese lugar durante el operativo.
El Gobierno calificó la medida como “positiva” y anunció que seguirá trabajando sobre el caso. Sin embargo, desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) reciminaron que utilizaron el ataque del puesto de Gendarmería sin tener claro si habría pruebas contra ellos “para generar el desalojo de toda una comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes“.
También agregaron que el conflicto en la Patagonia “no se resuelve con desalojos violentos, sino que esto pospone y agrava el conflicto” y pidieron que se retome la mesa que había comenzado en 2020. Días después el jefe de Estado se reunió con miembros de las comunidades Curruhuincha, Vera y Cayupan en Neuquén, donde destacó la necesidad de “avanzar en el diálogo” para seguir progresando en la construcción multicultural.
De concretarse este tono pacífico podría abrirse un camino para desacelerar la intensidad de los incidentes teniendo en cuenta, además, que en poco más de un mes se cumplen cinco años de la muerte de Rafael Nahuel y se teme que en este aniversario pueda recrudecer el conflicto.