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Procesan por delitos de lesa humanidad a Patricio Finnen y al día siguiente le dan prisión domiciliaria

Patricio Finnen, exjerarca de la SIDE de la dictadura cívico-militar y exagente de los centros clandestinos de detención y tortura “Bacacay” y “Orletti”. Los argumentos de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens para concederle el beneficio. 

La Cámara Federal porteña concedió este miércoles el arresto domiciliario, con pulsera electrónica con sistema de geolocalización, al exagente jerárquico de la exSecretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Patricio Finnen, procesado con prisión preventiva en el marco de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales.

Para conceder el arresto domiciliario, los jueces del tribunal de apelaciones consideraron la situación de salud y la edad del imputado (71 años), según surge del fallo al que accedió Télam.

La decisión fue adoptada por la sala primera de la Cámara Federal porteña un día después de el juez federal Daniel Rafecas procesara con prisión preventiva a Finnen y a otros cuatro exagentes de la SIDE por la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas.

El arresto domiciliario dispuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se hará efectivo una vez que esté listo el dispositivo con GPS que se le colocará al imputado para poder monitorear su geolocalización, informaron fuentes judiciales.

Leopoldo Bruglia Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens los integrantes de la Cmara Federal portea Foto Victoria Gestualdi
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los integrantes de la Cámara Federal porteña. Foto: Victoria Gestualdi

“Deben ser consideradas las actuales particularidades evidenciadas en el caso concreto, relacionadas con la edad del imputado y su estado de salud, que conforman un escenario que nos persuade sobre la razonabilidad de que F. cumpla la restricción cautelar de su libertad en la modalidad de arresto domiciliario”, sostuvieron los jueces Bruglia y Bertuzzi en el voto que luego compartió Llorens.

“Consideramos que, frente a la grave imputación que pesa sobre el imputado, la medida deberá ser implementada en conjunto con la utilización de dispositivos electrónicos de geolocalización (pulseras y sistema de GPS) que, de modo eficiente, pueden asegurar que el nombrado continúe cumpliendo de manera estricta su detención”, agregaron.

“El nombrado padece de hipertensión arterial diastólica nocturna, colon transverso, pólipos, adenoma tubular y displasia epitelial, cuadro clínico que podría no encuadrar en el inciso ‘a’ del mencionado cuerpo legal, pero que constituye un factor a tener en consideración al analizar la razonabilidad de la morigeración de la modalidad de detención que viene cumpliendo”, explicaron.

“Puede concluirse, entonces, que más allá de lo informado por la Unidad Penitenciaria en punto a las condiciones de alojamiento y a la capacidad de respuesta que posee frente a las necesidades médicas específicas del imputado, la edad de F. resulta ser una circunstancia que por si sola lo coloca en una situación altamente riesgosa en cuanto a su estado físico, pues es sabido que una persona longeva esta inmersa en el grupo poblacional más frágil y necesitado con relación a controles y cuidados médicos”, señalaron.

Excentro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Foto: Archivo

Finnen fue detenido en los primeros días en diciembre pasado e indagado el día 15 de aquel mes: la imputación en su contra está vinculada a su desempeño como agente de la entonces Secretaría de Informaciones del Estado -entre el 16 de octubre de 1975 hasta el 16 de octubre de 1976- , y posteriormente por su actuación como “agente de seguridad” (hasta el 31 de marzo de 1977) en los centros clandestinos de detención y tortura “Bacacay” y “Orletti”, informaron fuentes judiciales.

Finnen, además, fue absuelto en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA a pesar de haber intervenido en el pago al reducidor de autos, luego recibido de abogado, Carlos Telleldín para que ofreciera una versión falsa de los hechos que involucrara a miembros de la Policía Bonaerense.