El primer ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, cuya coalición ganó la mayoría en el parlamento en las elecciones de noviembre, anunció in extremis este miércoles, que había logrado formar un gobierno. Se alió con los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha. Para cumplir con sus acuerdos y formar un ejecutivo efectivo, el futuro primer ministro está intentando pasar varias leyes en el parlamento, que han sido calificadas por sus detractores como una amenaza a la democracia.
Por tercera vez desde 1996, Benjamin Netanyahu, líder del partido Likud, tuvo que negociar para poder gobernar. Fue al último momento este miércoles 21 de diciembre, 20 minutos antes del fin del plazo legal, que Netanyahu anunció haber logrado un acuerdo para formar el futuro gobierno de Israel. Esta vez, junto a los ultraortodoxos y la extrema derecha.
“Gracias al enorme apoyo público que recibimos en las últimas elecciones, he podido formar un gobierno que trabajará en beneficio de todos los ciudadanos israelíes”, twitteó el futuro primer ministro.
La Presidencia de Israel confirmó que el líder de Likud había “llamado” al presidente Isaac Herzog “para informarle” a tiempo de la noticia. “Estimado presidente, gracias al enorme apoyo público que recibimos en las últimas elecciones, puedo informarle que he podido formar un gobierno que actuará en interés de todos los ciudadanos de Israel”, añadió el primer ministro designado.
Netanyahu hizo una alianza con los dos partidos ultraortodoxos Shass y Judaísmo Unificado de la Torá (UJT), así como con las tres formaciones de extrema derecha, Sionismo Religioso de Bezalel Smotrich, Fuerza Judía de Itamar Ben Gvir y Noam de Avi Maoz.
Para llegar a estas alianzas, Netanyahu firmó acuerdos con estos partidos que prevén el reparto de ciertos cargos, como el de ministro de Seguridad Nacional para Itamar Ben Gvir o la responsabilidad de los asentamientos en Cisjordania ocupada para Bezalel Smotrich. Por su parte, Arie Dery, líder del partido Shass, podría ser ministro de Interior y Sanidad durante dos años, antes de ser ministro de Hacienda.
Este Ejecutivo se presenta más homogéneo que el anterior, que estaba compuesto por partidos de todo el espectro ideológico, y podría poner fin al bloqueo político que sufre Israel desde hace cuatro años. El nuevo gobierno aún debe ser ratificado por el parlamento.
Netanyahu, que hace frente a un juicio en su contra por tres casos distintos de corrupción, recuperará el trono que ocupó durante un acumulado de 15 años. Se impuso en los comicios del mes pasado con 64 escaños para su coalición en una Cámara de 120.
Un gobierno controvertido
La composición de este nuevo gobierno ha generado una fuerte controversia, tanto dentro de Israel como en la comunidad internacional.
Estos partidos incluyen entre sus miembros a diputados abiertamente racistas antiárabes y homófobos. Varios de ellos ya han dicho que buscarán avanzar proyectos como la prohibición de las marchas del orgullo LGTBI, la deportación de aquellos que no demuestren lealtad al Estado y un aumento significativo de educación religiosa, incluso en escuelas laicas.
El líder de Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ocupará el cargo de ministro de Seguridad Nacional ampliado ya que negoció un aumento del presupuesto policial y quiere poner bajo su autoridad directa al comisario general del país, jefe de la policía. Esta ampliación del cargo de ministro de Seguridad Nacional está incluida en un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el parlamento. Gvir, considerado por muchos como un supremacista judío, fue condenado en 2007 por incitación al odio y apoyo a una organización terrorista.
Varios otros proyectos de ley deberán ser aprobados para permitir la nueva organización del gobierno, como el que permita a Arie Dery ocupar un cargo ministerial tras ser condenado por fraude fiscal.
Finalmente, Netanyahu busca limitar los poderes del Tribunal Supremo en su batalla que libra desde hace años contra el sistema judicial. Un proyecto de ley permitiría que el parlamento apruebe leyes que contradigan las Leyes Básicas del país (equivalente de una Constitución) y eliminaría la capacidad del Supremo para anularlas.
La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió la semana pasada que estos proyectos de ley amenazan con convertir a Israel en una “democracia de nombre, pero no de esencia”.
“La politización de la aplicación de la ley asestará un duro golpe a los principios más fundamentales del Estado de Derecho, a saber, la igualdad, la ausencia de arbitrariedad y la imparcialidad”, dijo, añadiendo que el actual “bombardeo legislativo” podría dar lugar a cambios “profundos”.
Por Gabrielle Colchen-France24