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Lago Escondido: un dictamen que desnuda la coartada de los involucrados en el viaje del Lawfare

El dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en un avión privado y las facturas truchadas. Pidió levantar el secreto fiscal y bancario de todos los implicados.

En el chat del tour judicial-político-mediático que viajó a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, y que se creó para camuflar el viaje que reveló Página/12 el 17 de octubre último, algunos de sus integrantes se mostraban preocupados por la posible existencia de imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto de Bariloche, donde podría verse al contingente junto al presidente de la estancia “Hidden Lake SA”, Nicolás Van Ditmar. Por eso se pusieron a pensar y acordaron que la mejor salida para evitar que los acusen de algo (como mínimo recibir una dádiva) era presentar facturas truchadas, a nombre de cada uno, para hacer de cuenta que los propios jueces y funcionarios se habían pagado el viaje. El dictamen de la fiscal local, Cándida Echepare, firmado este martes, desnuda todo ese material tan temido por los protagonistas del diálogo filtrado (registros visuales y facturas con fecha desfasada) y por ende corroboraría su contenido. El documento impulsa la investigación por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público. A primera hora se presentó también el Ministerio de Justicia con un pedido para ser querellantes, agregó el delito de cohecho y medidas (ver aparte).

Los imputados son los jueces Julián Ercolini (de primera instancia de Comodoro Py), Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo), el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke y los directivos del grupo Clarín que organizaron el viaje, Jorge Rendo y Pablo Casey.

Página/12 había dado a conocer las características del viaje y de la comitiva, junto con la inevitable deducción de que se trataría de un encuentro, no sólo hedonista, sino para dar continuidad al uso de la justicia para la política, y ahora queda más claro el protagonismo mediático. Es difícil pensar en otro temario común. En el chat los hombres en cuestión se esfuerzan por dar explicación a lo que los macristas solían llamar “retiro espiritual”. Proponen argumentar que fueron a tomar clases de pesca con mosca. Hasta que alguien dice “estaría bueno si hubiera abierto la temporada” con un emoji de sonrisa. La primera denuncia en Bariloche, basada en la publicación, fue presentada por el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco.

La acusación fiscal

La fiscal Echepare afirma en su dictamen que durante todo este tiempo, desde la denuncia inicial en octubre, hizo algunas medidas que le permitieron verificar:

* Que el 13 de octubre viajaron de Buenos Aires a Bariloche en un avión privado de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” (conocida como Flyzar, del empresario Gustavo Carmona) matrícula LV-GCK: Ercolini, Bergroth, Reinke, Mahiques padre e hijo, D’Alessandro, Yadarola y Cayssials. Volvieron al aeropuerto de San Fernando el día 15, según datos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aportados a la causa.

* Por el vuelo hay facturas emitidas a nombre de los denunciados. Algunas son del 13, por 120 mil pesos, pero las de Bergroth son del 17 y 19 por 120.000 y 60.000 pesos, o sea, son posteriores al viaje. “Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados con la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, sostiene Echepare.

* Las filmaciones de la PSA del aeropuerto de Bariloche confirman la llegada del grupo. El primero en recibirlos es Van Ditmar, de Hidden Lake S.A., acompañado por dos varones y una mujer. El dictamen dice que es una figura conocida “a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la estancia”. Desde allí fueron trasladados por dos camionetas de alta gama, las mismas que los traen de regreso directamente dentro de la pista de aterrizaje. Un subinspector de la Unidad de Seguridad Aeroportuaria preventiva declaró que pasaron los controles, pero ingresaron por un portón donde no hay cámaras derecho a la pista.

*Van Ditmar declaró como testigo, explicó en forma genérica que el contingente había contratado el traslado y alojamiento y que tenía las facturas que entregó a la fiscalía: era a favor de todos menos Bergroth y Reinke por 605 dólares cada una (a la cotización de octubre eran 97.707 pesos). “Una vez más los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13,14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del 28. También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”. A los funcionarios judiciales y políticos la Ley de Ética Pública les prohíbe recibir este tipo de invitaciones y pagos.

* El informe de la fiscalía descarta que el contingente se haya juntado con Mauricio Macri y/o su amigo Lewis.

El dictamen de la fiscal concluye que podría haber “un ilícito penal, en particular la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires, y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad (Bariloche) con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo sino por su omisión en el relato de quien los alojara”. Luego dice que habrá que corroborar si todas las facturas emitidas fueron abonadas “al contado” y formalizadas con posterioridad. “Adquiere sustentación la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios…”.

Como medidas para avanzar, le pide a la jueza Silvina Domínguez que levante el secreto fiscal y bancario de todos, así como de “Hidden Lake SA” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos”. A la AFIP, le requiere que analice la autenticidad de las facturas presentadas y que una fuerza de seguridad a definir analice el “material fílmico” para identificar a todos y a las personas que estaban con van Ditmar, para que declaren.

Viaje y facturas

En el chat que se filtró, y que algunos como D’Alessandro intentarán instalar como espionaje, parte  de la estrategia que traman los jueces y empresarios parece encontrar correlato en las pruebas que aparecen. Algunos cuentan que ante la consultas de periodistas dijeron que era todo mentira (respecto de la existencia del viaje), como ocurrió al ser consultado el ministro de seguridad porteño por este diario. Y otros empiezan a pensar en temores y como disfrazar lo sucedido. “Si definiéramos que estuvimos ahí y pagamos. Se acabó”, dice Ercolini. “Si sacaron foto subiendo a camionetas o lo que sea, quedamos embarrados. Lo mejor es decir que nos juntamos, fuimos ahí, pagamos y volvimos. Y el argumento para confabular nos juntábamos en Baires”, suma Ercolini. Cayssials hace notar que les facturan después de ir y que “ninguno sacó la tarjeta, pagamos todo en grone”. Pregunta por el avión. Y Reinke dice “se puede facturar y armar todo tranquilamente”. Acuerdan que mientras intentan frenar la noticia en los medios, evalúan como seguir. Reinke les dice que la facturación de transfer, alojamiento y media pensión se puede “arreglar con Nico”  (Van Ditmar). 

La denuncia del gobierno

Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia Martín Soria hizo una presentación de 30 páginas, con denuncias sobre los miembros  del contingente, por los delitos de incumplimiento de deberes, dádivas (admisión en algunos casos, ofrecimiento en otros) y pide que se analice cohecho agravado de magistrados y tráfico de influencias. También requiere ser querellante. “La sola realización del vuelo en un avión privado por parte de las personas que lo integraron, sumada a la participación de un grupo empresarial de medios y el alojamiento en el inmueble de otro empresario, es indicio suficiente como para investigar aspectos potencialmente delictivos de estos hechos, en particular, en lo vinculado al financiamiento del vuelo y del alojamiento”, dice el escrito, al que accedió este diario. Si no fue pagado por los propios jueces y funcionarios “sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas…”, delito que prevé de dos a seis años de prisión. 

La presentación plantea como hipótesis dos posibles fuentes de financiamiento: el propio Lewis o el administrador Van Ditmar o bien el Grupo Clarín. Además, es evidente que los magistrados y funcionarios fueron convocados en virtud de esos cargos. Soria cita un fallo del propio Ercolini cuando en 2015 procesó al exsecretario de transporte Ricardo  Jaime por dádivas, por viajes en aviones privados. Luego cita la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Para los funcionarios, agrega, admitir dádivas implica un incumplimiento de sus deberes, delito que prevé de un mes a dos años de cárcel. En el caso de los jueces explica que hay reglas claras que surgen de la Corte Suprema, de la ley de organización de la justicia y de la de Etica. En todos los casos se plantea que deben estar libres de influencias y no recibir regalos. En la Ciudad se aplica el Régimen de integridad pública y hay un reglamento del poder judicial. 

“Se trató de una actividad política con un claro sesgo partidario (opositor), absolutamente incompatible con el ejercicio de la jurisdicción”, dice el texto. También dice que “lo que habilita a que jueza y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política” es la falta de reacción del órgano disciplinario, el Consejo de la Magistratura, hoy paralizado y bajo el mando del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

Los cuatro jueces

El texto muestra los condicionamientos de los participantes: por ejemplo, Ercolini, más allá de haber mandado a juicio a CFK por Vialidad, benefició a Clarín en la causa sobre la apropiación de Papel Prensa, tiene causas por espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, demora una citación a Juan Bautista Mahiques en una causa por beneficios al arrepentido Alejandro Vandenbroele; en el caso de Mahiques padre, desde la Casación, benefició al empresario Lewis con la prescripción de la causa por la usurpación de las tierras de Lago Escondido. 

Cayssials dictó un fallo que habilitaba la remoción sin jury de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó en medio de la batalla del macrismo por echarla. En 2016 había dejado sin efecto la resolución que disponía la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios. De Yadarola recuerda que rechazó la prescripción de la causa sobre la valija de Antonini Wilson en 2018 y que fue a la ofensiva contra los Moyano en base a una denuncia anónima. Está ternado para la Cámara Federal de Comodoro Py. 

Algunas de las pruebas que pide coinciden con las de la fiscalía, pero agrega, por ejemplo, un entrecruzamiento de llamados entre el 1 y el 31 de octubre, pide la declaración de los pilotos y personal del aeropuerto, que se secuestren teléfonos  del los imputados y se haga una pericia contable. 

Por Irina Hauser-Página/12