La acusación estadounidense contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ha expuesto el límite de un acuerdo tácito: Washington solicitaba en extradición, México entregaba. Pero, por primera vez, EE. UU. apunta a un cuadro político en funciones del partido gobernante. Esto en plena renegociación del T-MEC. La decisión que tome Claudia Sheinbaum, en cualquier dirección, tendrá un alto coste político.
Los periodistas corren hacia el vehículo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, va sereno en él y se adelanta a la pregunta antes de que alguien la formule. “Estamos tranquilos; trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada”, aseguró el 30 de abril el mandatario del partido Morena (izquierda, oficialista), solo un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en una acusación formal por narcotráfico, posesión de armas y conspiración con una facción del Cartel de Sinaloa.
Previamente, en entrevista con un medio nacional en Culiacán, Rocha Moya aseguró haber hablado del tema con la presidenta Claudia Sheinbaum y contar con su respaldo, aunque evitó cualquier detalle de la conversación.
—¿Ya platicó con la presidenta? —Sí, ya, no tengo más que decir…
—¿A qué se pueden atribuir, gobernador, esas acusaciones? —No voy a declarar más.
—¿Se estaría reuniendo con la presidenta? —Pues es muy probable.
—¿Hay apoyo de parte de ella? —Sí, claro.
El gobernador aseguró primero que permanecería en el estado. “Trabajando aquí, entrando y saliendo, yendo a desempeñar mi trabajo diario de gobernador”. No obstante, el viernes anunció que solicitó “licencia temporal” de su cargo para afrontar la investigación.
Junto a Rocha Moya, otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron incluidos en la imputación por delitos de tráfico de drogas y armas. Todos vinculados, según el Departamento de Justicia, a “Los Chapitos”, la facción del Cartel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y que opera en Sinaloa y otras entidades del país. El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla.
“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia en su comunicado. El fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza el caso, fue más allá al describir el alcance del entramado: “El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”. Y añadió: “Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”.
La acusación llega en un momento de máxima tensión bilateral. Washington exige la extradición de los diez señalados; Sheinbaum la condiciona. La presidenta cerró filas con el gobernador de su partido y endureció el tono frente a Estados Unidos, en una semana en la que el oficialismo aún procesaba un escándalo paralelo: la muerte de dos agentes de la CIA en una operación encubierta sin autorización federal en Chihuahua, donde la gobernadora opositora, María Eugenia Campos, enfrenta una solicitud de juicio político por presunta traición a la patria.
En su conferencia matutina el primero de mayo, Sheinbaum repitió: “Frente al embate exterior, debe haber unidad nacional”. La presidenta había marcado la línea desde el día anterior:
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Llamó a esperar lo que recabe la Fiscalía General de la República y supeditó cualquier extradición al resultado de esa investigación. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, zanjó.
La mandataria insistió en una idea que viene repitiendo desde el inicio del caso: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Pero acto seguido volvió al marco del injerencismo, en referencia a la petición estadounidense que se enmarca en el tratado de extradición bilateral.
México exige pruebas
La Fiscalía General de la República apoyó la postura presidencial. La tarde del 1 de mayo, en conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que no existen elementos para ordenar la detención provisional (con fines de extradición) de los diez señalados.
La medida —explicó— implica una restricción a los Derechos Humanos y solo procede cuando hay sustento probatorio sólido y fundamentos legales nacionales e internacionales que la justifiquen.
“En el pedimento (de detención y extradición) que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia, de la detención provisional”, afirmó Jiménez Vázquez. Con esto, cualquier acción contra los implicados —incluidos quienes no tienen fuero— queda condicionada, según la institución, a que Washington entregue pruebas, testimonios u otros elementos que respalden las acusaciones.
“No hay pruebas”: FGR pic.twitter.com/t0U46dfX5Z
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 1, 2026
Junto a Rocha Moya figura Enrique Inzunza Cázares, senador morenista y exsecretario general de Sinaloa; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro Saavedra; y el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez.
La lista la completan exjefes de la Policía de Investigación —Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo—, el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, y un excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
¿Puede México negar la extradición?
En esta fase del proceso, México no tiene la atribución de evaluar a fondo el expediente, afirman expertos. ‘México no tiene que decidir sobre si son responsables o no son responsables’, aclara Virdzhiniya Petrova Georgieva, académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
“En la orden de detención provisional, Estados Unidos solamente tiene que decir de qué crimen pretende acusar a las personas señaladas, pero todavía ni siquiera está obligado a presentar pruebas”, afirma la académica.
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe verificar únicamente que existan indicios suficientes para iniciar el juicio en territorio estadounidense, asegura. Una valoración a fondo solo procedería si México decidiera no extraditar y juzgar internamente.
“Hay una disposición en el tratado que permite a la presidenta no extraditar a una persona inculpada de un delito en Estados Unidos si es mexicano, pero si deciden no extraditarlo, hay un principio general del derecho internacional que es o extraditas o juzgas tú”, afirmó Petrova.
Añade que en el “tratado de extradición no se menciona en ningún lugar el término soberanía nacional”, al comentar las referencias del Gobierno mexicano.
Las causales para denegar una extradición —enumera— son jurídicas y específicas: que la persona pueda enfrentar pena de muerte en el país solicitante o que sea perseguida por un delito político. Ninguna alude a la soberanía. Esa apelación, sostiene la jurista, “se inscribe un poco en el contexto político de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. No tiene tanto fundamento jurídico en el tratado”.
El nombre de Rocha Moya ya había resonado en julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cartel, fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos por una facción rival y entregado a las autoridades. En una carta que circuló tras su detención, Zambada aseguró que la mañana de su captura creía dirigirse a una reunión con el gobernador. El escándalo, entonces, se contuvo. Su sentencia, prevista para el 18 de mayo, podría sumar nuevos elementos al expediente actual.
Más allá de la nota diplomática
Antes de presentarse en una corte federal, el caso atravesó el filtro de un gran jurado, instancia que evalúa si la investigación tiene sustento suficiente para escalar. “Eso obviamente le da una mayor fuerza a la solicitud de Estados Unidos”, apunta Erubiel Tirado, especialista en seguridad.
Para la internacionalista Arlene Ramírez Uresti, el peso de esta situación debe leerse en dos planos simultáneos. Por un lado, el procesal: “Para que haya sido liberada esa solicitud es que hay todo un expediente y probatorios que se pueden ir liberando en los próximos 60 días”. Por otro lado, el geopolítico. Estados Unidos se prepara para elecciones intermedias en noviembre y México se juega la renegociación del T-MEC.
“El tema aquí es que no procesar adecuadamente en México, bajo el marco, por supuesto, del debido proceso y de las leyes, sería darle la razón al presidente Trump y a los Estados Unidos. O sea, habría implícitamente una aceptación de la culpa”, explicó Ramírez.
Parte del debate gira en torno a una narrativa que, según Ramírez, estaría adelantando conclusiones antes de que se conozca toda la información disponible. “Estamos preasumiendo que no existen porque esa es la narrativa del Gobierno de México”, advierte la experta, quien considera que esta postura responde a un intento de Sheinbaum de “bajar la intensidad de la especulación”.
Tirado agrega que la actuación estadounidense ya no transcurre por un solo carril. Desde el primer día de su segundo mandato, Trump clasificó a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, una decisión que abrió un margen para acciones unilaterales más allá de los marcos formales de cooperación. Y asegura que la operación contra Ismael “El Mayo” Zambada en territorio mexicano ya mostró ese segundo carril en funcionamiento, así como el incidente de los agentes de la CIA reciente.
La fractura interna que no se nombra
La acusación contra Rocha Moya y un senador morenista no llega a un partido cualquiera. Llega al partido en el poder, en pleno proceso de definir su rostro propio bajo el liderazgo de Sheinbaum, y reabre una tensión que el oficialismo ha intentado contener desde el primer día del sexenio.
Erubiel Tirado describe el dilema. Por un lado, la presidenta enfrenta la presión externa: complacer las demandas del Gobierno de Donald Trump. Por otro, la presión interna de un sector duro de su propio movimiento. “A la presidenta le ha costado trabajo, digamos, impulsar decisiones que son ya propias de su gobierno, no de la agenda pasada”, explica el analista.
Arlene Ramírez Uresti plantea una salida que pasa por el riesgo político calculado en el caso de Rocha. “Lo que haría sería promover de inmediato el desafuero para que entonces, con toda la certeza y toda la neutralidad, se llevara a cabo la investigación”, sostiene.
El procedimiento, explica, ofrecería tres ventajas simultáneas: apego a la Convención de Viena y al Tratado de extradición de 1978, demostración pública de cooperación y, sobre todo, la posibilidad de procesar el caso bajo jurisdicción nacional sin ceder soberanía ni exponerse a una intervención unilateral. “Hoy lo que México está perdiendo no solamente es certidumbre hacia adentro, es certidumbre hacia afuera”, advierte.
Pero el desafuero en México requiere el voto de las dos cámaras, hoy bajo control mayoritario de Morena y aliados. “La composición de las cámaras hace que se pierdan los pesos y los contrapesos en temas tan coyunturales como este”, reconoce Ramírez Uresti.
Hasta esta solicitud, la lógica de cooperación sin injerencia había funcionado sin problemas. Bajo ese paraguas, México entregó a 92 presuntos capos del narcotráfico en operativos que se interpretaron como gestos de buena voluntad hacia Washington. La petición de detener a un gobernador en funciones, sin embargo, mueve ese equilibrio. Ya no se trata de figuras del crimen organizado, sino de un cuadro político en activo del partido gobernante. Las preguntas pasan a ser estratégicas: ¿qué puede ofrecer ahora México que no comprometa al oficialismo y hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump si la respuesta es negativa?.
“Si México decide proteger, es muy difícil distinguir a quién está protegiendo, si a la soberanía o a Rubén Rocha Moya y a sus colaboradores. Ese es el dilema. Cómo proteger la soberanía, pero sin proteger a un probable delincuente”, afirma Petrova. Y agrega un recordatorio que ya no se inscribe en lo hipotético: “Estados Unidos también había dicho en varias ocasiones que el narcotráfico es terrorismo y que puede que intervenga en México para ayudar. Con el Mayo Zambada, vinieron por él”, concluyó.
Por Jorge Hurtado – France24