Es la enviada de Santiago Caputo para controlar los aeropuertos de todo el país. Hoy, rodeada por acusaciones de retornos y desvíos de fondos públicos, enfrenta la prueba más difícil de su carrera: sobrevivir a la caída de la estructura de poder que la llevó a la cima de un gobierno sacudido por denuncias de corrupción.
Noelia Florencia Ruiz aprendió que en la Argentina de los espías, los satélites y las pistas de aterrizaje, el poder rara vez se exhibe: se ejerce en las sombras. A los 39 años, esta licenciada en Relaciones Internacionales de la UCA, con una maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid y un MBA en la Universidad Austral, y tras haber militado en el PRO de Mauricio Macri, ocupa la presidencia del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que se asemeja menos a un despacho burocrático que a una sala de mando en medio de una violenta turbulencia política.
Conocida en los pasillos de Casa Rosada como “la Killer de Santi” -apodo que, según explicaron desde su entorno, habría sido acuñado originalmente por el periodista Carlos Pagni, mientras que en su mesa chica la llaman cariñosamente “Poro” o “Porotita” por los rasgos de su nariz-, Ruiz reporta al asesor presidencial estrella: Santiago Caputo. Si bien se mantiene firme, la captura de su antecesor y aliado político, el mendocino Facundo Leal, gatilló una onda expansiva que demolió su blindaje.

Leal fue detenido el miércoles 27 de mayo de 2026 en su departamento de Palermo, acusado de malversación de caudales públicos y coimas por la contratación fraudulenta de la firma ALS para la custodia de equipamiento en ARSAT, un expediente que nació en 2024 tras detectarse un robo sistemático de cables de fibra óptica.

La redada policial ventiló un botín propio impactante: más de dos millones de dólares líquidos, equipos de espionaje, además de distintas drogas duras y sintéticas. El impacto salpicó de inmediato a Ruiz, transformando la caída de su socio político en una denuncia penal en su contra por presuntas coimas sistémicas en la obra pública aeroportuaria, ubicándola en el ojo de una tormenta judicial de pronóstico —por ahora— reservado.
El ascenso: del feminismo del PRO al “círculo de hierro”
Quienes la conocieron en sus inicios recuerdan a una militante entusiasta del ala moderada de Juntos por el Cambio, criada bajo la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal. Ruiz escaló rápido: entre 2015 y 2019 fue Jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Federico Salvai, y entre 2019 y 2023 ocupó una banca como diputada bonaerense. Tras presidir la agrupación juvenil macrista “La Generación” durante casi una década, su marcha ascendente se frenó en 2023 al perder las elecciones para la intendencia de Mercedes.
Su reconversión al ecosistema libertario se ejecutó entonces con precisión quirúrgica en el invierno de 2024. De la mano de Guido Giana —ex cuadro del PRO reciclado por Santiago Caputo—, saltó directo a los casilleros más codiciados de la tecnología estatal. En julio de ese año, el asesor presidencial consolidó su desembarco en La Libertad Avanza nombrándola de forma simultánea en dos terminales clave: directora de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) y, mediante una resolución que sacudió la interna oficial, la impuso al frente del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un multimillonario fideicomiso de más de 150 millones de dólares alimentado por las exenciones impositivas de las ensambladoras de Tierra del Fuego como Mirgor, de Nicolás Caputo.
Perfil se contactó con Ruiz pero no quiso hacer declaraciones. No obstante, frente a la consulta de este medio, fuentes cercanas a la funcionaria explicaron el verdadero origen de su vínculo con el estratega libertario: “A Santiago Caputo lo conoce de la consultora Move Group, de la época en que María Eugenia Vidal era gobernadora y ellos hicieron algunos trabajos de consultoría”.
Más tarde, ARSAT se convirtió en el “pecado original” que hoy la desvela. Su llegada al directorio de la firma satelital en julio de 2024 se produjo meses después de que Leal dejara la presidencia del organismo. Las fuentes de su entorno insistieron en que “a Leal lo conoció en alguna reunión, pero él ya no tenía cargo ni función en ARSAT”. A pesar de la distancia temporal en las oficinas satelitales, la Justicia investiga actualmente si Ruiz heredó y mantuvo bajo su órbita la matriz operativa instalada por la gestión anterior.
La consolidación aeroportuaria: el decreto 155/2026
El verdadero premio llegó con el control de los cielos. En junio de 2025, Ruiz fue nombrada vicepresidenta del ORSNA para secundar a Leal, clonando de forma efectiva la línea de influencia que su sector político proyectaba desde ARSAT. La convivencia duró hasta que el avance de los tribunales en la causa por el robo de cables de fibra óptica obligó al mendocino a renunciar en febrero de este año, antes de su detención definitiva en Palermo.
La consagración burocrática de Ruiz quedó plasmada en el Decreto N° 155/2026 del Boletín Oficial, firmado por Javier Milei y Luis Caputo el 17 de marzo de 2026. Allí, se aceptó la renuncia de Ruiz a la vicepresidencia y, de forma retroactiva al 27 de febrero, se la designó Presidenta del Directorio del ORSNA, con Lucila Belén Pagani como su segunda. Con esa firma, la facción vinculada a Santiago Caputo capturó el control total de un organismo hiperestratégico que fiscaliza a empresas gigantescas como Aeropuertos Argentina del Grupo Eurnekian, y maneja las cajas más codiciadas del transporte nacional.
Desde el círculo íntimo de Ruiz salieron al cruce de estas interpretaciones políticas y descartaron cualquier subordinación jerárquica informal. “Tienen que entender que el ORSNA es un organismo técnico, Santiago Caputo no brinda órdenes. Tenemos un presupuesto súper acotado y el dinero para las obras sale del canon que pagan las empresas concesionarias”, enfatizaron.
La conexión ARSAT y los retornos del 10%
La tranquilidad en la cima duró apenas tres meses. Al caer Leal por los desvíos millonarios en ARSAT, la Justicia comenzó a investigar si existía un punto de contagio y si el esquema de la firma satelital se había mudado, reconfigurado y profundizado en los aeropuertos bajo el mando de Ruiz. El 3 de junio de 2026, la diputada Marcela Pagano sacudió el tablero político con una denuncia penal que recayó en la Fiscalía Federal N° 7 de Ramiro González y el Juzgado Federal N° 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.
La acusación describe una supuesta matriz de corrupción en el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA): un selecto grupo de constructoras —como Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro—, según se investiga, se habrían sometido a una exigencia sistemática del 10% de retorno sobre cada transacción. El dinero se investiga si pudo haber ascendido a la cúpula del ORSNA. A cambio del presunto peaje, Ruiz habría habilitado adjudicaciones directas de obras públicas millonarias y destrabado certificaciones de pago para esas empresas en las pistas de Río Grande, Tucumán y Río Gallegos.
Ante estas acusaciones de corrupción, allegados a la titular del organismo rechazaron la denuncia. “Lo de Marcela Pagano es un disparate. Nosotros no hablamos con las empresas constructoras. Es imposible que el ORSNA pida un retorno porque no tenemos trato alguno. Yo creo que la denuncia habría salido de ATE para complicar al gobierno, y atrás de ATE, está La Cámpora”, replicaron.
En la misma línea técnica, explicaron el funcionamiento administrativo para desacreditar la hipótesis judicial de las dádivas: “El ORSNA es un organismo regulador, nosotros no licitamos ni adjudicamos nada. La parte del pago, el concesionario controla, se manda una inspección, se verifica el avance de obra y ahí se libera el pago, pero el control de la obra lo hace la empresa concesionaria, es decir Eurnekian”.
Por otra parte, la denuncia del fiscal González sostiene que Ruiz y Pagani realizarían un “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno”, presuntamente para asegurar la ausencia de controles internos. Las fuentes cercanas a Ruiz le señalaron a este medio que esos movimientos forman parte de la dinámica normal del Estado: “Los cambios en la estructura del organismo pasan en cualquier gestión. Más allá del expertise en lo aeroportuario, yo preciso gente de confianza en otras áreas como Administración y otras. Es normal”.
El cerco se cierra
Para complicar el panorama, la investigación roza el “Caso Flybondi”, que sigue el rastro de las 10 valijas de Laura Belén Arrieta ingresadas al país sin control aduanero en febrero de 2025, ligadas a Leonardo Scatturice, un episodio que, según una de las hipótesis bajo análisis, podría exponer una eventual interferencia de sectores vinculados a Caputo sobre la PSA y los controles del ORSNA.
Noelia Ruiz, la dirigente que alguna vez prometió una renovación transparente dentro del PRO bonaerense, se encuentra atrapada en una arquitectura de sospechas judiciales de calibre transnacional. De “la killer” implacable de Casa Rosada a imputada en una causa federal por desvío de fondos públicos, su destino político pende del hilo de un expediente que avanza al ritmo de los tribunales de Retiro y del poder político.

Por Nicolás Gonzalez-Perfil

