Dos organizaciones exigen que el Presidente brinde explicaciones ante la Justicia
Las instituciones, que fueron aceptadas como amicus curiae en el expediente, sostienen que el mandatario debe ser citado por “negociaciones incompatibles”. Las críticas al fiscal Taiano
La causa $LIBRA será en los próximos días escenario de una batalla argumental. Las querellas tienen tiempo hasta mediados de la semana próxima para responder a la nueva ofensiva de Mauricio Novelli, el lobista cercano a Javier Milei detrás de la criptomoneda, que busca desplazarlas del expediente. Habrá que ver qué dice, además, el fiscal Eduardo Taiano, cuestionado precisamente por los damnificados que impulsan la causa. Mientras tanto, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), que actúan como “amicus curiae” (amigos del tribunal), pidieron que tramite por separado, de forma más expeditiva, un tramo del caso que atañe específicamente al presidente Javier Milei y al posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Consideran que ya hay razones para que sea citado a indagatoria.
Milei en la mira
“Venimos a propiciar el deslinde del objeto procesal, con el fin de asegurar una investigación más eficaz y expedita respecto de la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación, sin afectar el desarrollo de las restantes líneas de investigación vinculadas con la posible comisión de delitos de estafa a través de medios digitales ni las derivaciones que de ellas pudieran surgir”, dice un escrito que firman Julián Alfie, titular del INECIP, y Pedro Biscay, de CIPCE. El documento sugiere que el fiscal tiene la responsabilidad de evitar “frenos” y “riesgos de dilación irrazonable” en la pesquisa y que existen compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción.
La causa lleva quince meses en trámite y se han sucedido algunos episodios llamativos, como la demora de la fiscalía en ordenar el peritaje del celular de Novelli y el del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, dispositivos que tuvo guardados por cerca de siete meses, además de que también tardó todo el verano en darles acceso a las querellas al informe preliminar, y luego un mes para que vieran el informe final. Más un planteo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que respondió en abril que no tenía recursos (el software necesario) para reconstruir las transacciones en criptomonedas en fechas relevantes de esta historia, que se sospecha que serían pagos del empresario estadounidense Hayden Davis —creador de $LIBRA— destinados a Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, pero que podrían haber llegado a la Casa Rosada.
CIPCE e INECIP proponen que toda esa reconstrucción que todavía resta completar sobre posible cohecho o pagos ilegales, más la presunta estafa, siga bajo análisis en forma independiente de la eventual responsabilidad de Milei en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Este último es definido así en el Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare, en miras a un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
A entender de las organizaciones, desde un comienzo se pudo vislumbrar ese posible delito frente a la publicación del tuit del Presidente que invitaba a comprar $LIBRA, con el anzuelo de que se trataba de parte de un proyecto para fondear pequeños emprendimientos, decía. Las ONG plantean “un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos”.
Recuerdan datos incorporados a la causa que refuerzan ese concepto. Uno es el texto hallado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el block de notas del celular de Novelli, que hace referencia a un acuerdo por 5 millones de dólares con Davis —por asesoramiento en blockchain, cripto y tecnología— que contempla la publicación de un tuit de Milei, tarifado en 1,5 millones de dólares, más una cifra similar de adelanto y dos millones con la firma del convenio. Esa nota fue creada tres días antes del lanzamiento de $LIBRA. Otro estudio confirmó que la creó Novelli, quien también la borró, pero fue recuperada.
También recuerdan el reciente informe de Cibercrimen de la Policía Federal, que concluye que $LIBRA “no estaba enlistada en los exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”. En este caso, el estudio señalaba que esta criptomoneda tenía un “origen único”. Eso implica que el contrato para comprar el activo recién se hizo público con el tuit de Milei; antes era imposible comprar $LIBRA porque no estaba disponible.
“Esta circunstancia constituye un indicio relevante de que el Sr. Presidente habría tenido acceso directo y anticipado a dicha información, incluso con anterioridad a su lanzamiento público”, dice el escrito. “La relevancia probatoria de este elemento resulta manifiesta, en tanto ubicaría al Sr. Presidente en una posición de conocimiento privilegiado respecto de una iniciativa de naturaleza eminentemente privada. Ello permite sostener, con grado de verdad suficiente para el llamado a indagatoria, que su intervención no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación, máxime cuando se encuentra en juego la integridad pública”, advierten los especialistas de INECIP y CIPCE.
Desde el punto de vista penal hay opiniones divididas sobre la interpretación de la aplicación del delito de negociaciones incompatibles. Quienes tienen la mirada más restrictiva dicen que necesariamente tendría que haber una actuación del Presidente que involucre algún contrato del Estado. El argumento es que una interpretación más amplia permitiría imputar a un jefe de Estado por asistir, por ejemplo, a la inauguración de una fábrica. Como es evidente, las organizaciones que intervienen como “amicus curiae” tienen una interpretación más amplia y ven a un Presidente que habría intervenido de manera directa en la cocina de un negocio privado que, para colmo, terminó causando enormes pérdidas en beneficio de unos pocos, utilizando como atractivo un supuesto proyecto para pequeños emprendimientos que jamás se plasmó.
Novelli al ataque
Esta semana, el trader Novelli –en cuya academia Milei solía dar clases o charlas– presentó un escrito donde pide apartar a todos los querellantes con el argumento de que no existió ninguna estafa, que el mercado cripto carece de regulaciones y cada individuo que hace transacciones se debe atener al riesgo que corre. El argumento es que para que exista una estafa tiene que haber un engaño, y aquí nadie mintió. Es todo un asunto de “autorresponsabilidad”. Es como la explicación que dio Milei en un comienzo al comparar la inversión en criptomonedas con el casino. De hecho la estrategia de Novelli es la que satisface al gobierno, que tiene fuertes expectativas en debilitar la causa.
La querella de Martín Romeo y la que representa Juan Grabois tienen la oportunidad de contestar al ataque de lobista hasta la semana que viene y convencer con sus argumentos al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Están en una posición complicada porque vienen confrontando con el fiscal por las dilaciones. Hasta ahora tuvieron respaldo de tribunales superiores, hasta la Corte Suprema.
También está pendiente la resolución del planteo de nulidad, también de Novelli, del peritaje de su celular, con el que quiere hacer caer la causa con la teoría del fruto del árbol envenenado, otro clásico que le gusta al gobierno libertario.
Por Irina Hauser-P/12