Fue ministro de Gobierno en Buenos Aires con Camps de jefe de policía
La Justicia lo condenó siete veces a perpetua, pero la Corte Suprema dilata las sentencias en firme
Al abogado Jaime Smart, abogado del establishment y funcionario civil de la dictadura, lo condenaron siete veces a prisión perpetua. La primera fue en 2012, en la causa que la Justicia llama “Circuito Camps” porque así quedó el nombre de la red de treinta centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de la Policía Bonaerense cuando Smart era ministro de Gobierno del general Ibérico Saint Jean. El jefe de la Policía Bonaerense era el entonces coronel Ramón Camps.
La última confirmación de una condena para Smart llegó en julio del año pasado, por el homicidio de Horacio Orué, un militante al que mataron en 1978 en Rafael Calzada. Después las patotas se llevaron a los chicos de la familia, uno de 9 años y el otro de 14. Fueron torturados.
Pero de las siete condenas contra Smart, ninguna está en firme. La Corte Suprema las tiene dormidas, y ni siquiera las despertó para los 50 años del golpe de Estado de 1976.
Mientras tanto, Smart cumple su prisión domiciliaria en El Calafate. Tiene 92 años. Está activo y asesora a represores y a los abogados de los asesinos. Según lo que contó la periodista Luciana Bertoia en Página/12, les aconseja que guarden información sobre los desaparecidos hasta 2040. Para entonces, calcula, los familiares que buscan a sus muertos ya no van a estar.
Smart es el civil de más alto rango administrativo condenado por la Justicia. En 1976, cuando era un abogado de 42 años y fue designado ministro de Gobierno, dijo flanqueado por Camps y su segundo, el comisario Miguel Etchecolatz: “La subversión, señores, es ideológica. Sus infiltrados están agazapados en el ámbito de la cultura; porque todo esto fue a causa de personas, llámense políticos, sacerdotes, profesores y periodistas”.
Era la descripción de las personas que serían blanco del plan de exterminación expresada por alguien que estaba lejos de ser un burócrata sin firma. En ese mismo año, ampliaría su proclama en Radio Provincia de Buenos Aires: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan desde las sombras y nuevamente lancen a la lucha a otra generación de argentinos”. Y agregó: “En el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo cierto es que la subversión no es la subversión meramente armada”.
Los civiles que participaban
En el juicio que terminó condenando al capellán de la Bonaerense Christian Von Wernich en 2007, Héctor Timerman contó que su padre, Jacobo, había reconocido al cura durante las sesiones de tortura. “Estaba vendado, pero a veces la venda se caía porque saltaba por efecto de la electricidad”, declaró. “Von Wernich se sentaba cerca de Camps y hacía comentarios en voz alta del tipo ‘a estos hay que matarlos a todos’”. Von Wernich era el sacerdote que acompañaba a los grupos de tareas. Murió en la cárcel en 2022, sin haber pedido perdón.
Pero en ese mismo juicio hubo otro dato destinado a perdurar. El abogado de los hijos de Timerman, Héctor y Javier, era Alejo Ramos Padilla, quien naturalmente todavía no era juez federal. Ramos Padilla no se limitó a pedir la condena del sacerdote. Presentó un escrito exigiendo la detención de tres civiles, los tres funcionarios de Saint Jean: Roberto Durrieu, Alberto Rodríguez Varela y Jaime Smart. Los señaló como “coautores materiales o intelectuales” del secuestro y las torturas de Jacobo Timerman.
En aquel escrito, Ramos Padilla describía así el contexto: “Ejercer la profesión de periodista y denunciar las violaciones a los derechos humanos no significaba perder el trabajo sino, como se ha dicho en alguna oportunidad, ‘la antesala de la muerte’”.
“En este juicio quedó demostrado que en la dictadura no solo intervinieron genocidas militares sino también miembros de la Iglesia Católica y funcionarios civiles”, dijo Ramos Padilla en ese momento. “Pedimos la detención de todos ellos porque hemos descubierto y comprobado que estos funcionarios civiles, además de dar las órdenes al personal, participaban y asistían a los centros clandestinos de detención”.
Durrieu, que había sido fiscal de Estado bonaerense durante la dictadura y presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, salió a cruzarlo. Dijo que iba a querellar a Ramos Padilla por “infame denuncia calumniosa”. Aseguró que no había tenido “absolutamente ningún rol” en el caso Timerman. Después, cuando lo sortearon como conjuez para intervenir en la causa ESMA, los querellantes lo recusaron: señalaron su “relación directa con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad” y dijeron que era “declaradamente enemigo de los querellantes”.
Una telaraña completa
Esa red de poder civil es la que sostuvo a Smart y a los suyos. Ni Smart ni Durrieu eran islotes. Jacobo Timerman, en su libro “Preso sin nombre, celda sin número”, describió a ese equipo con precisión: “Dentro del aparato de terrorismo de Estado funcionó el ‘Grupo La Plata’ que formaba parte del ala conocida como ‘los duros’ o ‘Halcones’. Tenía entre sus miembros más conocidos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires general (re) Ibérico Saint Jean, al comandante del Primer Cuerpo de Ejército general de División Guillermo Suárez Mason, al jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires coronel Ramón Camps, al director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz, al sacerdote Christian Von Wernich, entre otros”. Y allí ubicaba a Smart en el centro de la escena: “En contra de las aspiraciones de este grupo, desde las páginas de La Opinión se criticaba duramente la gestión del gobernador Saint Jean y de sus colaboradores más directos —en especial la de su ministro de gobierno Jaime Smart— sobre todo en lo que hace a las libertades públicas y los derechos humanos”.
“Intervención determinante”
Smart fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande en habitantes y también en cantidad de campos de concentración. En el voto que confirmó la condena por el caso Orué, el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar sostuvo que Smart, desde su despacho de ministro, dotaba de “cobertura institucional y recursos administrativos” a los grupos de tareas, y que “lejos de tratarse de una figura meramente formal, su intervención fue determinante en el sostenimiento del plan sistemático de represión”.
Ramos Padilla, en su denuncia, lo había puesto de esta manera años antes del voto de Slokar: “No se trata solamente de investigar la responsabilidad de aquellos que ejercieron la violencia física, pues está probado que en estos hechos intervinieron funcionarios públicos de las más altas jerarquías del orden nacional y provincial, y entonces no caben dudas que ellos fueron los que planearon y dirigieron esos acontecimientos delictivos en calidad co-autores”.
Las cadenas de mando
De Smart dependía la Bonaerense de Camps. Y a su vez Camps y Smart eran parte de la planificación nacional de la masacre. Timerman, en su libro, reproduce un relato del propio Camps sobre la jerarquía represiva. Escribió Camps: “En el caso Timerman, había dos superiores a quien rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía y el Comandante del 1er. Cuerpo de Ejército por tratarse de un problema subversivo”. En el libro que escribió con la intención de refutar las denuncias de Jacobo Timerman, Camps le hizo una dedicatoria, entre otros, al mismísimo Durrieu. El libro se llamaba “Caso Timerman – Punto Final”. El agradecimiento era explícito. “Los nombro por su colaboración en este caso”, escribió Camps. Y allí aparecían Smart, Durrieu y Rodríguez Varela. Timerman lo comentó con ironía: “Camps se ha constituido aquí en el principal denunciante de los colaboradores civiles que actuaron activamente en estos hechos aberrantes”.
En diciembre de 1986, un año después de la sentencia en el Juicio a las Juntas, Camps fue condenado a 25 años de prisión por 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos. Luego, en diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó. Murió en libertad, en Buenos Aires, en agosto de 1994, víctima de un cáncer de próstata.
Con Martínez de Hoz
La trama civil de los que promovieron el golpe, lo apoyaron y luego participaron como funcionarios era vasta. Smart tenía relación estrecha con José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía que profundizó el endeudamiento externo y trabajó entre 1976 y 1981 para desmontar el movimiento obrero.
Martínez de Hoz fue procesado en 2010 por su participación en delitos de lesa humanidad —entre ellos el secuestro de los empresarios Gutheim—, pero nunca llegó a ser condenado. El indulto que Menem le había otorgado en 1990 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en abril de 2010. Un mes después, con 84 años, fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario en su departamento del edificio Kavanagh. Murió allí el 16 de marzo de 2013, a los 87 años, sin haber recibido sentencia.
A Smart y a Martínez de Hoz los únía la pertenencia al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el Colegio Público sino una institución privada de lobby que reúne a los grandes estudios de la Argentina y hoy influye en el gobierno de Javier Milei como pesó fuerte en la dictadura. Allí, Smart construyó durante décadas una red de contactos y complicidades. Compartió espacio con Durrieu, el que había sido su par en el gobierno bonaerense.
Cuando Smart fue imputado por primera vez en la causa Timerman en 2007, el Colegio de Abogados impulsó una campaña en su favor. ¿Cómo un civil bien trajeado podía ser considerado genocida?
Quien busque explicaciones puede encontrarlas en “Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”, un libro de varios autores compilado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. La obra no solo responde a la pregunta de “por qué la dimensión económica estuvo ausente tanto tiempo en la justicia transicional”. Lejos de escribir una proclama anacrónica, en su capítulo Naomi Roht-Arriaza historiza la respuesta. Recuerda la preocupación inicial por las violaciones a la integridad física y subraya el contenido del Pacto de San José de Costa Rica. El foco de la persecución penal estuvo puesto en el Estado. Y además, especialmente luego del Consenso de Washington de 1989, “el Estado de Derecho incluyó el respeto por los derechos de propiedad y los acuerdos económicos existentes, y fue parte de un paradigma global que alineó la democracia liberal con la apertura de los mercados y el libre flujo de capitales”. Señala la autora que recién en el siglo XXI cobró importancia la noción de que, a la par que se había llegado a niveles elevados de justicia sobre los represores, “la vida cotidiana de la mayoría de la población apenas había cambiado o incluso había empeorado”. Recién ahora existe “un mayor reconocimiento entre los académicos y los políticos acerca de que la justicia es más amplia que la justicia penal, y que indagar las causas de un conflicto es un componente clave en la búsqueda de la verdad”.
Y eso es, justamente, lo interesante del libro “Cuentas pendientes”. Las investigaciones compiladas analizan las ideas económicas de la dictadura, la estrategia macro, la geopolítica, las finanzas, los grandes medios, la complicidad de los grandes empresarios con el Estado en general y en particular con el secuestro de comisiones internas completas, la apropiación de empresas y la bendición de los obispos. Además de la compilación y el prólogo, Verbistky escribió un capítulo que se llama “Los abogados, de la represión al neoliberalismo”. Y allí por supuesto aparece, entre otros, Jaime Smart.
Record de perpetuas no firmes
Los querellantes del exministro de Gobierno suelen preguntarse por qué la Corte Suprema no actúa después de siete condenas, varias de ellas confirmadas ya por la Cámara de Casación, o por qué no tiene en cuenta que el camarista Slokar escribió en su voto que Smart “desempeñó un rol estratégico” en la represión.
Una respuesta la dio Guadalupe Godoy, abogada y directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Universidad Nacional de La Plata . “No conozco otro caso con tantas perpetuas no firmes acumuladas”, dijo a Página/12 sobre Smart. “Se nota que los supremos tienen debilidad por algunos viejitos genocidas.”
Justicia completa
Héctor Timerman murió en 2018, perseguido judicialmente por una decisión diplomática sin duda no delictiva, y para colmo atormentado mientras padecía un cáncer. No llegó a ver la condena firme del hombre que, desde el Ministerio de Gobierno bonaerense, garantizaba los recursos para que la policía de Camps secuestrara, torturara y desapareciera. Von Wernich murió en la cárcel, pero no pidió perdón. Martínez de Hoz murió en su casa, impune. Durrieu murió sin que nadie le preguntara qué hacía sentado junto a Camps mientras Timerman recibía picana.
Ramos Padilla, que ahora es juez federal, lo dijo hace años, cuando todavía era abogado querellante: “Si pretendemos tener la justicia completa, tenemos que investigar sobre los que pensaron el golpe, los que lo manejaron y sobre los que se decidieron operar en los centros clandestinos. También sobre los que se beneficiaron, porque este será el modo para que nunca más ocurra un genocidio”.
En la denuncia que presentó en 2007, Ramos Padilla ya había advertido que “descargar solamente la responsabilidad penal sobre el cabo o sobre quien estaba a cargo del centro clandestino de detención y eludir la responsabilidad del funcionario público que concurría a esos centros clandestinos, conocía de las torturas y hasta las promovía” era una forma de hacer justicia incompleta.
“Una investigación penal que se precie de tal —escribió entonces Ramos Padilla— no puede circunscribirse sólo a los autores materiales de los delitos.” Y así fue. La Justicia condenó siete veces a Smart. Pero la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, no tiene apuro por estampar su firma en las sentencias contra una de las principales caras civiles del establishment, un componente clave del corazón de la dictadura.
Por Martín Granovsky-P/12