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Toda la luz sobre los negocios del Señor de las Grúas

Legisladores del FdT piden investigar las relaciones de Violante con el Gobierno porteño. El FdT presentó un proyecto para crear una comisión que investigue los negocios de empresario Violante con el ministro porteño D’Alessandro.

Tras los chats que mostraban ofertas económica de uno de los empresarios del negocio de las grúas con el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, el bloque de legisladores del Frente de Todos presentó un proyecto para que se cree una comisión que investigue la concesión del Gobierno de la Ciudad con las grúas y, de forma más general, otras contrataciones de la administración porteña con el empresario Marcelo Violante, dueño de Dakota, una de las dos empresas que hegemonizaron el acarreo desde la época del intendente Carlos Grosso. “Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balance y con un canon congelado en 55 mil pesos”, recordaron los legisladores, que sospechan que los “sobres” mencionados en los chats son la contraparte de esos favores del Estado.

El bloque de legisladores opositores hizo esta presentación luego de que se publilcaran una serie de chats en los que D’Alessandro y Violante hablaban de “negocios” y el empresario ofrecía entregar “sobres”, mencionaba una serie de cifras en dólares y en pesos y pedía una serie de favores en el Gobierno porteño y contactos con otras administraciones municipales que tiene el PRO. Todo esto es materia de investigación penal, pero lo que buscan los legisladores es investigar el espectro de concesiones que tiene este empresario con el Gobierno de la Ciudad.

Herencia de Grosso

El contrato con las empresas de acarreo viene de comienzos de los noventa. Lo organizó Carlos Grosso, que debió dejar la intendencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción. Siempre se mantuvo, no obstante, en la órbita de Mauricio Macri. El contrato menemista –que atravesó innumerables gobiernos– siempre estipulaba que las empresas se quedaban con la parte del león (la recaudación del acarreo), mientras que pagaban al Estado porteño un canon irrisorio (de 55 mil pesos) que, además, estuvo congelado por décadas.

Los empresarios detrás de este formidable negocio fueron siempre Marcelo Violante (por Dakota S.A.) y Bernardo Pérez (por BRD). El contrato con estas empresas se venció en 2001, pero siguieron operando por décadas con la licitación vencida. La gestión PRO consiguió una serie de leyes que ampliaban exponencialmente las zonas de estacionamiento medido, pero que cambiaban el esquema de Grosso: pero las licitaciones se cayeron una y otra vez. De hecho, siguieron hasta agosto del año pasado, cuando un frente de los distintos bloques legislativos puso fin a la concesión, que pasó transitoriamente a manos del Estado. 

En el medio de esto, se reveló que no contentos con llevarse toda la recaudación, las dos empresas también recibieron subsidios del Gobierno porteño: sumas millonarias que les transfirió la dirección de Concesiones bajo el concepto de “alquiler de vehículos” o “alquiler de maquinaria”. La partida la encontró el equipo del entonces auditor porteño Eduardo Epszteyn. En su momento,  entre 2008 y 2014, recibieron 122 millones de pesos del Estado, cuando debían ser las empresas las que pagaran un canon por la concesión estatal que usufructuaban.

Quién es Violante

Violante heredó el negocio de las grúas de su tío, Reinaldo Niella, que fue quien negoció el contrato con Grosso. Arquitecto, de 62 años, sostuvo durante décadas esta herencia más que provechosa de control del estacionamiento medido en al calle, e intentó ampliarla hacia las playas de estacionamiento privadas (aunque, en verdad, de las 20 playas de estacionamiento que controla, 15 son concesiones con el Gobierno porteño).

Según el portal La Insuperableel empresario de las grúas formó otra sociedad con su hermano Juan Ramón Violante en 2021 y, con una suerte envidiable, cuatro meses después de crearla consiguió ganar una licitación para el alquiler de cocheras por 9 millones de pesos. La empresa se llama Ragnarv y también consiguió por cinco años la nada despreciable explotación del subsuelo de la plaza del Congreso por un canon mensual de 615.000 pesos.

Aunque Violante tiene experiencia cancelar el costo de los canones, como indica un informe de la Auditoría porteña de marzo de 2021 sobre las grúas: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos que el GCBA le realiza a ellas”, advertía. Es decir, en el balance, terminaba pagando cero pesos. Ese informe fue el último que los auditores opositores consiguieron incluir en la planificación de futuras auditorías. La mayoría larretista en el organismo de control intenta excluir las concesiones sistemáticamente de las investigaciones.

En los chats con el (ahora licenciado) ministro de Seguridad, Violante habla también de otra de sus empresas, Brewda. Concretamente, le pide a D’Alessandro que se la mencione al ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti. Esa empresa consiguió justamente adjudicarse un “servicio de guarda de vehículos” para la subsecretaría de Trabajo, que depende de Giusti. Es decir que una de las cocheras que maneja Violante, además, recibe dinero por alojar vehículos oficiales.Esta misma empresa tiene otras tres concesiones de estacionamientos de autos.

Además de con el Gobierno porteño, las empresas de Violante también tuvieron tratos con el intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, luego condenado a seis años de prisión por narcotráfico.

Comisión investigadora

Por todo esto, los legisladores del Frente de Todos propusieron crear una comisión investigadora sobre el negocio de las grúas, tan conocido que hasta aparece explicado en la película Relatos salvajes. “Es indispensable investigar estos hechos. Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balance y con un canon congelado en 55 mil pesos”, indicaron los legisladores.

“La filtración de los chats confirma lo que era evidente: el canon irrisorio pagado durante tantos años habiendo facturado miles de millones de pesos venía acompañado de otros pagos ilegales”, afirmó el legislador Matías Barroetaveña. “Siendo una práctica habitual de este gobierno cobrar canones irrisorios por las concesiones es imprescindible avanzar con investigaciones sobre todas ellas. Es llamativo que el oficialismo se haya negado a incorporar concesiones en la planificación de la Auditoría desde el escandaloso informe publicado que aborda el periodo hasta el 2016”, indicó a este diario. 

“El gobierno de Larreta, mientras tanto, le otorgaba subsidios y predios públicos para hacer negocios con playas de estacionamientos

que a su vez eran contratadas para guardar los autos de funcionarios“, afirmaron los legisladores porteños del Frente de Todos. Plantearon que se debe investigar, entre otras cosas, si -como se afirma en los chats- a Violante le anticiparon un borrador de un pliego nuevo de la licitación de grúas.

Por Werner Pertot-Página/12