El sábado 30 de mayo se llevó a cabo la señalización del Canal de San Fernando como Sitio de Memoria, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. La actividad, realizada en el marco de la Ley Provincial N°13.584 para la identificación y preservación de lugares vinculados, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio de Justicia de Buenos Aires, el Municipio de San Fernando y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte (CMVyJZN).
El acto fue encabezado por el ministro Juan Martín Mena y el subsecretario Matías Moreno. El primero de ellos destacó que desde el gobierno provincial siguen “impulsando los juicios, la búsqueda de nietos y el apoyo al Equipo Argentino de Antropología Forense, ante el retroceso nacional”. Por su parte, Moreno resaltó la importancia de la lucha colectiva y del rol de los familiares, y recordó a Nora Cortiñas, a dos años de su fallecimiento. Estuvieron presentes, entre otros, Horacio Pietragalla Corti, diputado nacional y nieto restituido, Matías Molle, diputado nacional, Mónica Macha, legisladora bonaerense, Lorena Battistiol, directora provincial de Sitios y Espacios de Memoria, Leonardo Baster Paz, de la Embajada de Cuba, Carlos Somigliana, secretario del EAAF, Pablo Llonto, querellante en causas relacionadas, y diversos funcionarios provinciales y municipales e integrantes de organismos de DDHH.
La señalización contó con la presencia de familiares de víctimas y, junto a Barrios por la Memoria de Zona Norte, colocaron baldosas en recuerdo de las once que hasta el momento se han podido identificar: Jesús Cejas Arias, María Rosa Clementi, Marcelo Gelman, Gustavo Gayá, Ricardo Gayá, Ricardo Manuel González, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Ana María del Carmen Pérez, Mercedes Rosa Verón, y Darío Zelarayán. La Retaguardia fue uno de los medios de comunicación presentes en el lugar que se ocuparon de la transmisión de la actividad.
Los hechos
La madrugada del 14 de octubre de 1976 Juan Castilla, oficial local de Prefectura Naval, vio personas sin identificación descartando bultos desde el Puente Ferroviario al canal. Tras la denuncia, realizada por dicha fuerza, y en conjunto con una comitiva de hombres rana y bomberos, recuperaron ocho tambores que contenían restos humanos mezclados con cal y cemento. Los cuerpos, de seis hombres y dos mujeres, fueron enterrados como NN en el cementerio municipal. La noticia no tuvo mayor trascendencia por ser censurada.
En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a seis: Ana María del Carmen Pérez, embarazada de nueve meses, su compañero Ricardo Gayá, y su hermano mellizo Gustavo Gayá, Marcelo Gelman -hijo de Juan Gelman-, Mercedes Rosa Verón y Dario Zelarayán. En 2012 un grupo de menores encontró cuatro tambores más en una tosquera, frente al Aeropuerto Internacional de San Fernando, a cuatro kilómetros del hallazgo inicial. Fueron custodiados por integrantes de la CMVyJZN hasta la llegada de las autoridades y se logró establecer la identidad de los cuatro cuerpos hallados -María Rosa Clementi y Ricardo Manuel González, y Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, diplomáticos cubanos- y de la séptima víctima correspondiente a 1976 – Alberto Cecilio Mechoso Méndez-. Aún queda un hombre por identificar.
Por un lado, pericias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecieron que el terreno había sido rellenado ese mismo año con tierra del dragado del Río Luján, y a través del análisis de los sedimentos hallados dentro de los tambores pudieron establecer el lazo con los anteriores. Por otro, gracias a la colaboración social, a denuncias previas, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y al Archivo Provincial de la Memoria se pudo determinar que permanecieron secuestradas en el Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 como una de las bases dependientes del Departamento de Operaciones Tácticas I de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Superintendencia de la Policía Federal.
Para colmo, días atrás obtuvo la libertad Eduardo Alfredo Ruffo, que prestó servicio en la SIDE entre 1970 y 1978 y estuvo implicado en el secuestro de diplomáticos cubanos. Se calcula que en dicho establecimiento aproximadamente 300 personas de nacionalidad argentina, boliviana, chilena, cubana, paraguaya y uruguaya fueron torturadas y desaparecidas. Según comunicó la Subsecretaría provincial, estos hechos fueron juzgados en las causas 13/84 “Juicio a las Juntas”; Nº1.627 “Automotores Orletti”; Nº1.504 “Plan Cóndor” y “Automotores Orletti II”; Nº2.261 y Nº2.390 “Automotores Orletti III y IV”, ante el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la Nº1351 “Plan sistemático de robo de bebés”, del Tribunal Oral Federal Nº6 también de CABA.
Hasta el sábado, San Fernando sólo contaba con una señalización en la Isla del Silencio, segunda sección del Delta. “Nos pareció importante señalizar, sobre todo pensando que no había en continente una que marque alguno de los momentos relacionados con el terrorismo de Estado”, aseguró a la prensa Cecilia Cavallo, parte de la CMVyJZN. Por último, cabe señalar que la Comisión, junto al Instituto Superior de Formación Docente N°117 y la Escuela Normal José Artigas, lleva adelante proyectos de investigación sobre casos de desaparición forzada en San Fernando. Según informaron, el último año el número de personas desaparecidas identificadas en el distrito pasó de 113 a 127.
Por Diego Moneta-APU