Baires Para Todos

Radiografía de un final anunciado

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desmenuza el último manotazo del gobierno: moratoria y canje de deuda para llegar a octubre. La “pesada herencia” financiera del desastre macrista.

El gobierno de Mauricio Macri tuvo a la clase trabajadora como gran perdedora en estos últimos casi 4 años. De eso no hay dudas: basta con observar el empeoramiento del coeficiente de Gini y de la participación de los trabajadores en el ingreso. Pero si Macri incumplió sus promesas a la gran mayoría de los argentinos/as, lo que muchos no esperaban era que también lo hiciera con “los mercados”, con quienes apostaron a su gobierno y a la “vuelta al mundo” de parte de Argentina. Hablamos de los inversores privados que hicieron bicicleta en 2016 y 2017, pero que iniciaron su salida intempestiva en 2018 y por ello vino en su auxilio el FMI con guiño de Trump. La idea era irse ordenadamente con la plata del FMI tapando el sangrado: pero no alcanzó.

Macri postergó la decisión de reestructurar la deuda todo lo que pudo, hasta que no pudo más. Hasta que los cálculos matemáticos de suma y resta de los desembolsos que faltaban y los vencimientos que venían empezaron a circular y hasta un/a niño/a podía darse cuenta que si no se modificaba el perfil de la deuda se acababan las reservas del Banco Central. Por eso los anuncios de ayer van desde un evento de default para los instrumentos de corto plazo (extensión de plazos forzosa o compulsiva), hasta reestructuraciones voluntarias de bonos bajo ley nacional y extranjera, y terminan en el mismísimo FMI, con quien se deben “reperfilar vencimientos”. La palabra reperfilar es más light: duele un poco menos.

Pero no es sólo semántica: quiere dejar en claro que no habrá quitas de capital, solo extensión de plazos de vencimiento. Eso, de cualquier manera, debería decidirlo el Congreso.Las implicancias de los anuncios de ayer no sólo refieren al contenido de las medidas, sino que confirman una serie de diagnósticos vertidos sobre los problemas de la economía argentina, que Cambiemos se ha ocupado de negar en cada oportunidad. En primer lugar, el modelo económico está agotado y ello se explica por el nivel irresponsable de endeudamiento y fuga de capitales, de la mano de la irresponsabilidad en la administración de las reservas. En segundo lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el origen en junio de 2018 no tuvo visos de consistencia y demostró su sesgo político-electoral en la primera modificación realizada tan sólo 3 meses más tarde, en septiembre 2018, con adelantamiento de desembolsos hasta llegar al 88% durante la gestión de Cambiemos, sin un plan macroeconómico sustentable.

En los anuncios además están ausentes temas de gran relevancia. Nada se hizo para resolver estructuralmente la falta de oferta de dólares en el mercado de cambios, su febril escasez. Macri y el FMI plantearon reestructurar deuda pero no avanzaron en regular el mercado de cambios y tampoco en ponerle un tope a la fuga de capitales. Eso no se toca (por ahora). Por otro lado, más allá de las compensaciones fiscales post 12 de agosto, ayer no fue mencionada ninguna medida orientada a favorecer la vida de las familias argentinas y sus ingresos, ni tampoco se anunciaron medidas para modificar los elevados niveles de tasa que asfixian a las empresas.

Si vamos al detalle, vemos que el anuncio del gobierno de ayer tiene tres partes. En primer lugar, se extienden plazos compulsivamente o de manera forzosa de deudas de corto plazo que atañen fundamentalmente a los vencimientos hasta fin de año de 2019 para los inversores institucionales (FGS, Fondos Comunes de Inversión, compañías de seguros y bancos) y empresas. Primero se propone cancelar el 15%, a los 90 días 25% y el resto adeudado a los 180 días. Para personas humanas el cobro sigue los términos pactados respecto de sus tenencias al 31/07 y que mantengan en cartera. El principal impacto de esta medida es alivianar en cerca de 8 mil millones de dólares los vencimientos hasta diciembre que ascendían a 15 mil millones de dólares. Pero se modifica fuertemente el panorama 2020: el primer semestre del próximo Presidente estará condicionado por esta deuda, sin tener aún en claro el nivel de reservas existente para entonces, sin acceso a los mercados y sin conocer qué posibilidades habría de generación de dólares genuinos.

2020 era el año de menor condicionamiento de los vencimientos de deuda: ya no.En segundo lugar, para todos los bonistas se propone una reestructuración voluntaria, sin quitas (por eso prefieren hablar de reperfilar, que solo discute perfiles de vencimiento). Ahora bien: para los bonistas bajo ley nacional se enviaría un proyecto de ley que debe pasar por el Congreso, mientras que para los bonistas bajo ley extranjera se propone aparentemente una negociación con el Gobierno y no se habla de enviar proyecto de ley al Congreso. Esto implica que en el primer caso la discusión central se dará en función de lo que acepten los/as diputados/as y senadores/as de los diferentes espacios políticos y en el segundo caso, habría una negociación directa entre Hacienda y los bonistas amparándose en las cláusulas de acción colectiva.

Cabe señalar que la autoridad máxima en materia de deuda y reestructuración es el órgano legislativo y, por otro lado, la delegación de funciones al Poder Ejecutivo a través de la Ley de Administración Financiera ya no está vigente desde el 2010, al caer todas las delegaciones legislativas que no tuvieran plazo de duración. Con aquella delegación al Poder Ejecutivo, éste debía encarar una reestructuración mejorando dos de tres condiciones: capital, interés y plazo. Pero al tratarse de un simple reperfilamiento no se aplicaría este criterio de doble condicionalidad.Sobre este punto, cabe agregar que los reperfilamientos de bonos bajo ley extranjera requieren de un plan que estime datos de actividad económica, cuentas fiscales y fuente de generación de divisas. ¿Es posible que el actual gobierno tenga la capacidad de presentar un plan consistente que sea bien recibido por los bonistas para que acepten nuevas condiciones de pago? Por cierto, las experiencias de reperfilamientos no han sido exitosas, porque el problema de fondo seguiría siendo que el nivel de endeudamiento no es sustentable. Y ello no se resolvería si se tratara de reestructuraciones con extensiones de plazos que incrementaran la tasa de interés. Estos reperfilamientos derivarían, más tarde o más temprano, en necesarias reestructuraciones con quita de capital.

En tercer lugar, en relación a los vencimientos con el FMI, la propuesta también es reperfilar sin quita (las quitas de las deudas con organismos multilaterales no se suelen hacer). Pero acá también importa lo que no se dijo: ¿con el FMI se tiene pensado acordar un nuevo programa, el mencionado “extended fund facility”, donde el fondo pide reforma laboral y previsional? Si la palabra reperfilar suena liviana en los casos anteriores, con el FMI pareciera ser absolutamente insuficiente: ¿no habrá discusión del rumbo o del programa económico? Faltan precisiones sobre este punto, pero a priori hay muchas dudas: ¿Mauricio Macri, que está más cerca de terminar su mandato que de continuarlo –en virtud de los números de las PASO-, va a comprometer reformas estructurales hacia un próximo gobierno, incluso si éste tuviera una plataforma programática con objetivos distintos?.