Por primera vez en 22 años, los productores yerbateros iniciaron el período de cosecha gruesa sin un valor de referencia para la hoja verde, consecuencia del DNU del Gobierno que desregula la economía.
Ronda la preocupación entre los consumidores por lo que puede ocurrir con la yerba mate en las góndolas, dado que desde ayer, los precios de uno de los productos más consumidos por los argentinos, quedaron desregulados.
Por primera vez en 22 años, los productores yerbateros iniciaron esta semana el período de cosecha gruesa sin un precio sostén para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda). Esto se produce porque el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quedó herido de muerte por el DNU del Gobierno de Javier Milei que desreguló parte de la economía.
Según los especialistas, la desregulación no debería impactar en los precios de góndola, al menos en el corto plazo, ya que el valor del paquete a salida de molino ya tuvo una corrección a partir de la fuerte devaluación de diciembre pasado. A esto se suma que tampoco hubo un incremento significativo en lo que se abona por la hoja verde, que ronda los 370 pesos por kilo puesto en el secadero.
“Con el valor que tiene la yerba en el mercado, los industriales podrían pagar los 500 pesos que demandan los productores sin tocar el precio del paquete”, sostuvo un referente de los yerbateros.
La que también buscó llevar algo de tranquilidad fue la ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur. “No creo en absoluto que los precios se vayan para arriba”, sostuvo. Gabur, que también integra el directorio del INYM, habló de una campaña del miedo que augura el kilo de yerba a 6.000 pesos en los supermercados tras la desregulación.
Además, relativizó la importancia de los precios que fijaba el Instituto. “Si pusiera un valor, siempre es lo mínimo que se puede pagar. Es decir que por abajo de eso no puede pagar, pero por arriba puede pagar todo lo que quiera”, afirmó. El precio de un paquete de kilo de yerba sobre camión ronda los 2.200 pesos. “Con esos montos podrían pagar 450 pesos por la materia prima sin sacrificar la rentabilidad”, explicó.
En diciembre pasado, apenas asumió, Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 12.000 pequeños productores de Misiones. No alcanzó un recurso de amparo para frenar ese avance sobre una economía que sufrió una de sus peores crisis a fines de la década del 90.
Esa situación de quebranto llevó a los productores a realizar un tractorazo en Misiones para forzar la creación del INYM. La fijación de los precios de referencia permitió la recuperación de la actividad.