Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron este miércoles 27 de mayo en la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en España para requerir documentación, en el marco de la investigación por un presunto complot para desestabilizar procesos judiciales en su contra. Por esa causa, la gerente de la bancada oficialista y dos exaltos cargos de la formación han sido añadidos a la imputación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó la “total colaboración” con la Justicia y volvió a descartar elecciones anticipadas, como presiona la oposición.
Con varios frentes judiciales abiertos alrededor de figuras de su Gobierno o de su partido político, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no encontró paz ni siquiera en su encuentro con el papa León XIV.
Mientras el presidente del Ejecutivo español estaba en el Vaticano para reunirse con el papa antes de su visita a España de junio próximo, en Madrid, otra imagen ganó las portadas: la de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizando un requerimiento de documentación en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación de Sánchez.
Se trató, eso sí, de un requerimiento de información que se centra en elementos específicos, no de un allanamiento o registro, lo cual se lleva a cabo sin aviso para recabar todo tipo de pruebas.
El procedimiento –solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz– se enmarca en la causa iniciada en 2025 contra la exmilitante socialista Leire Díez sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a un supuesto intento de influir en la Policía y en casos judiciales que podrían perjudicar al PSOE o al Gobierno.
Según el comunicado emitido por el tribunal, el juez Pedraz ordenó a la Guardia Civil “confiscar diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una red destinada a desestabilizar procesos judiciales que afectaban al partido gobernante”.
Los presuntos delitos que la causa investiga incluyen pertenencia a una organización criminal, soborno, divulgación de secretos, inducción a prestar falso testimonio, falsa acusación, falsificación de documentos comerciales, mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones estatales.
En ese sentido, además de Díez, la Audiencia Nacional ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, antigua mano derecha de Sánchez; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, así como a dos abogados y un exoficial de policía.
Por ese motivo, oficiales de la UCO también registraron domicilios de Cerdán en Navarra (norte de España), de Zarrías en Madrid, y del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), quien está asimismo imputado junto a Leire Díez en un juzgado de la capital española por tratar de desacreditar investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE.
¿Qué responde Sánchez sobre el procedimiento en la sede del PSOE?
El caso contra Díez se abrió en 2025 luego de la difusión en medios españoles de grabaciones de audio que la vinculaban con intentos de desacreditar a un miembro de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil.
Posteriormente, otros informes la relacionaron con supuestos maniobras para influir en el trabajo de la Fiscalía, mientras que la investigación judicial se centra en determinar si recibió pagos por presuntamente llevar a cabo estas acciones.
“Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”
En una rueda de prensa en Roma, Pedro Sánchez admitió la “gravedad” de la investigación y aseguró la “colaboración” con la Justicia, aunque matizó que la solicitud judicial de este miércoles fue un requerimiento de información, y no un registro de la sede socialista.
Del mismo modo, señaló que la pesquisa está vinculada con Leire Díez, sobre quien, aseguró, se adoptaron “inmediatamente” decisiones luego de que salieran a la luz las acusaciones.
Cabe recordar que el PSOE le abrió un expediente a Díez, quien luego solicitó la baja voluntaria como afiliada del partido y ha negado cualquier irregularidad.
“Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, subrayó Sánchez, quien afirmó enterarse de la imputación de Fuentes ante la pregunta de los periodistas, pero de igual modo defendió que la gerente “ha llevado las cuentas” del PSOE “de manera escrupulosa”.
Del mismo modo, ha lamentado la “rumorología” y las “‘fake news'” que, según Sánchez, la prensa ha esparcido sobre una supuesta financiación irregular del PSOE.
Las causas judiciales que rodean a Sánchez y cómo se defiende el Gobierno
El operativo de este jueves suma más presión a una creciente lista de procesos judiciales que rodean a figuras del PSOE, exmiembros del gobierno español y a familiares de Pedro Sánchez.
Uno de los más recientes es la investigación que un tribunal independiente abrió la semana pasada contra el expresidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el rescate gubernamental de la aerolínea Plus Ultra en 2021.
Mientras Zapatero ha negado cualquier irregularidad y deberá declarar ante el juez de la causa los próximos 17 y 18 de junio, Sánchez reiteró su “apoyo al presidente Zapatero” y “el respeto a la presunción de inocencia”.
Por otra parte, el caso más sonado que salpica al Gobierno de Sánchez es el llamado “caso Koldo”, la causa contra Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exasesor Koldo Álvarez por su presunta participación en una red de sobornos que comenzó durante la pandemia del Covid-19.
Además, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano David también enfrentan pesquisas por supuestas irregularidades ligadas con el tráfico de influencias, alegaciones que ambos han negado y que iniciaron tras las denuncias de colvectivos de extrema derecha, como Manos Limpias.
El presidente del Gobierno español ha calificado los casos contra sus familiares como una “campaña de desprestigio”, pero sí ha llegado a pedir “perdón” al país por los actos de corrupción que le imputan a sus antiguos compañeros de partido y del Gobierno.
Desde el Ejecutivo español han criticado en varias ocasiones el accionar de los jueces. Sin ir más lejos, este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se preguntó si “es necesario” que el juez envíe agentes de la UCO a la sede del PSOE para “un simple requerimiento de información”.
Por ejemplo. De ahora mismo. El Confidencial ya tenía la información hecha. https://t.co/CHvIUsyzhN pic.twitter.com/Pf0EaWsFvQ
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Mientras desde el socialismo sospechan de cierta parcialidad en los procedimientos judiciales (con un supuesto trato desigual en relación a otras investigaciones ligadas a actores de la derecha, como el opositor Partido Popular), otros sectores del progresismo español –con Podemos, exaliado gubernamental, a la cabeza– han cuestionado la continuidad del Gobierno ante la acumulación de causas judiciales que le salpican.
La oposición insiste con elecciones anticipadas, pero Sánchez las descarta
Por supuesto, los más férreos opositores al Gobierno de Pedro Sánchez han repetido la demanda que realizan casi a diario: la disolución del Ejecutivo y la convocatoria a elecciones anticipadas.
Para el conservador Partido Popular (PP), según indicó su secretario general, Miguel Tellado, en una entrevista con ‘La Sexta’, las opciones son que “o Sánchez se da cuenta de la degradación institucional y la corrupción que le acorrala o sus socios se apartan de verdad”.
En esa línea, durante una sesión en el Congreso este miércoles, la portavoz del PP, Ester Muñoz, les preguntó a los partidos minoritarios que sostienen a la Administración de Sánchez si “¿no se les cae la cara de vergüenza?” y si “¿serán capaces de tragar con toda esta corrupción?”.
La sesión de control de hoy ha comenzado minutos después de enterarnos de que la UCO estaba entrando en Ferraz.
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 27, 2026
Por ello, le he querido hacer al vicepresidente Carlos Cuerpo unas preguntas muy concretas que no ha podido responder. pic.twitter.com/NTDTyk8ic7
Aunque las investigaciones en curso han profundizado sus distanciamientos con el PSOE, fuentes del partido de la coalición, Sumar, indicaron a la agencia de noticias EFE que la formación izquierdista ha ratificado su voluntad de seguir en el Gobierno, “pero no por cualquier cosa”, y que una línea roja sería una posible financiación ilegal de los socialistas.
Actualmente, la oposición no cuenta con los votos necesarios para que una moción de censura contra Sánchez prospere en el Congreso, debido a que aliados minoritarios que sumaron votos para la conformación del actual Gobierno (Sumar, el PNV vasco y Junts per Catalunya) no están dispuestos a respaldarla.
Consultado en Roma sobre los llamados a elecciones anticipadas, Sánchez insistió en su objetivo de completar su mandato –que vence en 2027– y evitar la “parálisis” que supondría la realización de comicios en este momento.
Incluso rechazó los pedidos que surgen entre las filas socialistas, que sostienen que un adelantamiento electoral favorecería un mejor resultado para el PSOE, porque no puede convocar comicios “por interés partidista”, sino que debe responder al “interés general” que, según él, es “la estabilidad y la consolidación de políticas” que, a su parecer, están permitiendo que España evite “consecuencias sociales y económicas” de las “crisis” en curso por la “guerras por todo el mundo”.
Fuente: France24