Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia fueron procesados por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos. También se les trabó un embargo sobre sus bienes por 2 millones de pesos, a cada uno.
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron procesados hoy por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018 durante el macrismo.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país.
El 31 de julio pasado, Auge advirtió sobre la “copiosa prueba” existente en la causa, al rechazar un planteo de Majdalani -ex subdirectora del organismo-, quien buscaba cerrar la investigación por entender que ya fue sobreseída por los mismos delitos en 2018.
Asimismo, afirmó que “surge un abundante caudal probatorio, en torno a los hechos pesquisados, enderezado a lograr la verdad real de los acontecimientos”.
Majdalani fue indagada por Auge, al igual que el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, quienes estaban a la espera de la resolución de sus situaciones procesales.
“La multiplicidad de acciones que se suman en esta investigación, van desde el espionaje ilegal, la falsedad ideológica de instrumentos públicos y la violación a los deberes de funcionarios públicos, al menos en principio y, tal como lo sostuve en el auto de procesamiento dictado el 7 del corriente mes y año, respecto del consorte de causa de Silvia Majdalani, el otrora agente de la Agencia Federal de Inteligencia, Alan Flavio Ruiz, los hechos calificados concurrieron en forma real”, explicó Auge.
Y aclaró que “existe una pluralidad de hechos que no están abarcados por un solo tipo penal y con acciones perfectamente diferenciadas, que no formaron parte de la denuncia que diera origen” a la causa por la que Majdalani fue sobreseída en Comodoro Py.
Por su parte, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, señalaba que “las prácticas ilegales investigadas, de ser comprobadas, constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país”.
“En el caso se advierte que el comportamiento de la imputada, junto con el resto de los acusados, pervirtió los fines de la institución que comandaba, y la volvió en contra de la sociedad que debía proteger, lo cual en sí constituye un quebrantamiento a la razón del ser del propio Estado, que es ni más ni menos que el bien común”, concluía la fiscal.