La diputada se ausentó de la sesión informativa en la Cámara Baja para denunciar que el jefe de Gabinete y Marcelo Grandío son socios en una empresa offshore
Mientras Manuel Adorni estaba exponiendo el informe de gestión del gobierno nacional ante el Congreso, la diputada Marcela Pagano se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete.
Le entregó al juez Ariel Lijo una carpeta que supuestamente prueba la existencia de una empresa offshore “IM Group S.A.S.” radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandío.
Además, Pagano declaró como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito para dar fe de que Grandío y Adorni son socios.
Según su hipótesis “lo recaudado por publicidad se enviaba a una firma offshore radicada en Uruguay a nombre también de Grandío y de su mujer”.
Este miércoles, al brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete se refirió, entre otras cuestiones, a los presuntos contratos con Grandío: negó haber coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros con vínculos previos y afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista.
La nueva denuncia
Marcela Pagano le dijo a Infobae que se presentó ante la Justicia para “contar básicamente cómo es la ruta del dinero de Adorni”.
Explicó que aportó información sobre cómo se desviaba el dinero facturado a través de la emisión del programa “Giros”, en la televisión pública, conducido por Marcelo Grandío.
Aseguró que lo recaudado por publicidad “se enviaba a una firma offshore radicada en Uruguay a nombre también de Grandío y de su mujer. La firma se llama IM Group”. En este sentido recordó que la productora comercial que realizaba el programa en la televisión pública se llama IM House.
A su vez, Pagano señaló que pudo constatar la radicación de esta firma en el Registro de personas jurídicas de Montevideo. De acuerdo a sus averiguaciones, “desviaban a Uruguay lo facturado por el programa de la televisión pública, y también algunas presentaciones y conferencias, tratando de evitar el pago de impuestos en Argentina”.
Por otro lado, pidió declarar como testigo para decir bajo juramento que “por haber sido invitada al programa de Marcelo Grandío y Manuel Adorni en el año 2023, ellos me manifestaron que trabajaban como socios en la estructura periodística y comercial”.
Agregó que “aparece como el principal auspiciante del programa ‘Giros’ era YPF, y por mis veinte años de experiencia en periodismo y en la televisión, puedo dar fe que generalmente YPF sponsorea aquellos programas audiovisuales que están en el top ten de IBOPE. No es el caso del programa de Grandío”.
En este contexto, aclaró que se ausentó de la sesión informativa en el Congreso porque, según dijo, “no quería ser parte de un espectáculo montado, que yo creo que ni un niño de trece años prepara las cosas de la manera que las preparó Adorni; y consideré más pertinente utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil, que es venir a ampliar mi denuncia”.
La contra denuncia
Quince diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contraMarcela Pagano, una de las impulsoras de la investigación contra Manuel Adorni. Por sorteo recayó en el juzgado Federal 1 a cargo de Maria Servini.
A través del abogado Hernán Seivane solicitaron que se inicie un sumario por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.
El planteo fue firmado, entre otros, por Lilia Lemoine, Atilio Basualdo, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Andrea Vera, Valentina Loana Ravera y Miguel Rodríguez.
En relación a esta denuncia, Marcela Pagano le dijo a Infobae que está “tranquila”. Puntualizó que la presentación “habla de períodos fiscales donde yo fui periodista, es decir, anteriores a mi labor como diputada. De hecho, es sorprendente porque hablan sobre la compra de un departamento que yo misma incluí en mi declaración jurada como persona civil común y corriente”.
Por Rosario Bigozzi – Infobae