La aprobación del pliego de María Verónica Michelli se convirtió en una señal de autonomía institucional frente a la posición impulsada por el Gobierno. Allí quedaron reflejadas las tensiones que atraviesan al oficialismo y su relación con los aliados parlamentarios.
Los griegos tenían una palabra para describir la desmesura de quien cree que los límites ya no se aplican a su persona: hybris. Es el defecto que condenó a muchos héroes y reyes de las tragedias clásicas, como Edipo, Agamenón y Creonte. Ya lo hemos utilizado hace unos años para Cristina Fernández de Kirchner cuando presidía el país, por lo mismo que le toca ahora a Milei: un juez ascendido a camarista en su distrito que luego el Poder Ejecutivo no firma su designación, aunque haya sido aprobado su pliego por el Senado.
En el caso de Cristina Kirchner, se trató del juez Juan Manuel Yalj y en el de Milei la aprobación ayer en el Senado del pliego de María Verónica Michelli volvió a poner sobre la mesa una situación análoga: qué ocurre cuando el poder político comienza a comportarse como si las restricciones institucionales fueran un obstáculo y no una condición de la democracia.
La derrota parlamentaria de Milei expuso las fracturas internas del oficialismo, la creciente autonomía de sus aliados ante el deterioro de su programa y la resistencia de instituciones que se niegan a alinearse automáticamente con la Casa Rosada.
Mientras la Corte Suprema, exjueces y organizaciones periodísticas advierten sobre el deterioro de la libertad de expresión, comienza a tomar forma una mayoría tan heterogénea como incómoda para el Gobierno. La discusión ya no es sobre una jueza ni sobre un periodista: es sobre quién fija los límites del poder. Porque una democracia constitucional no funciona sobre la voluntad de un presidente, sino sobre la existencia de contrapesos capaces de contenerlo.
A pesar del golpe recibido ayer en el Senado, el Presidente optó por presentar el resultado como una victoria.
Con el discurso épico que lo caracteriza, en sus redes sociales celebró la aprobación conjunta de los 74 pliegos judiciales tratados en la sesión y habló del “inicio de la reconstrucción de la Justicia”, evitando cualquier referencia específica al caso Michelli. Estamos viendo en pantalla el tuit de Milei.
Actualmente existen alrededor de 300 vacantes judiciales entre concursos en trámite, cargos pendientes de selección y nombramientos demorados. A eso se suman dos vacantes en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación. En los tribunales ya hablan de la posibilidad de una nueva hegemonía judicial encabezada por los Mahiques, que podría extenderse desde Comodoro Py hasta las principales cámaras federales y los máximos órganos de decisión del sistema judicial argentino.
Pero si bien es cierto que el saldo de la jornada destrabó decenas de designaciones que llevaban años pendientes, el oficialismo quedó expuesto en sus diferencias internas, y tuvo un revés en una inesperada resistencia parlamentaria que le demuestra nuevamente que necesita de sus aliados para legislar.
Patricia Bullrich fue la encargada de exponer la fractura en el frente oficialista. Ella salió públicamente a cuestionar la estrategia impulsada desde la Casa Rosada para retirar el pliego y advirtió que el Poder Ejecutivo no podía disponer de esa facultad una vez iniciado el tratamiento parlamentario. El episodio alimenta especulaciones de un despegue de Bullrich de cara a una caída en la apreciación ciudadana del gobierno, y los rumores sobre la búsqueda de alternativas al mileísmo de cara a 2027.
Cerca del Gobierno creen que entre Bullrich y Villarruel se está consolidando un entendimiento político capaz de disputar el control de la Cámara Alta y de bloquear o modificar la agenda legislativa del Ejecutivo. La preocupación crece porque el oficialismo ya encontró dificultades para avanzar con proyectos clave, como la eliminación de las PASO, la reforma de Zonas Frías y la Ley de Propiedad Privada, y teme que una eventual convergencia de ese espacio con el peronismo complique aún más la gobernabilidad parlamentaria en los próximos meses.
Veamos un fragmento de la intervención de Bullrich en el Senado.
Es llamativa una inconsistencia en su actuación. Si el pliego de Michelli finalmente fue incluido, fue gracias a su insistencia. Sin embargo, votó abstención en lugar de votar positivamente.
La incomodidad para el mileismo no tiene que ver con el desempeño profesional de Michelli. Después de más de tres décadas dentro del Poder Judicial, su pliego había atravesado los procedimientos institucionales correspondientes. Como ya se conoce, el Gobierno decidió frenar su designación cuando descubrió que era cuñada de Hugo Alconada Mon. No porque existiera una denuncia sobre su desempeño profesional. No porque hubiera cuestionamientos sobre su idoneidad. No porque alguien pusiera en duda sus antecedentes. El problema era otro: su vínculo familiar con uno de los periodistas que más ha investigado al entorno presidencial.
Veamos cómo analizaba esta situación uno de los constitucionalistas más conocidos e influyentes de Argentina, Daniel Sabsay.
La confrontación de Milei con el periodismo se convirtió en una de las marcas registradas del gobierno de Javier Milei. Mucho antes de llegar a la Casa Rosada, pero una vez en el poder esa tensión se trasladó al plano institucional. A los reiterados insultos en redes sociales y actos públicos tildando de “periodistas ensobrados”, “corruptos”, “sicarios con micrófono”, surgió la consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, y la más nueva “el 95% de los periodistas son delincuentes”.
Pero a estos ataques simbólicos se sumaron decisiones concretas, como el cierre de la agencia Télam, el regreso de la discriminación con la distribución de publicidad oficial en el caso de Milei con el maquillaje de hacerlo a través de empresas controladas por el Estado como YPF y Banco Nación, entre otras, restricciones crecientes al acceso de la prensa a actos gubernamentales y cuestionamientos permanentes a medios críticos. Diversas organizaciones periodísticas, entre ellas FOPEA y entidades internacionales de defensa de la libertad de expresión, advirtieron durante estos años sobre el deterioro del vínculo entre el Gobierno y la prensa.
El mismo día de ayer, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, recibió la Pluma de Honor 2026 de la Academia Nacional de Periodismo en reconocimiento a sus fallos en defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Durante la ceremonia, realizada en la Biblioteca Nacional, advirtió que la libertad de prensa está hoy “muy acechada” y sostuvo que la concentración del poder tiende naturalmente a restringir la libertad de expresión. Maqueda reivindicó el derecho ciudadano a la información, afirmó que la libertad de prensa es una conquista histórica indispensable para la democracia y compartió el reconocimiento con quienes integraron la Corte durante el período democrático. Por su parte, Joaquín Morales Solá destacó que el exmagistrado siempre entendió la libertad de expresión no como un privilegio de los periodistas, sino como una garantía fundamental de la sociedad para controlar a los gobiernos y evitar abusos de poder. Veamos un fragmento de una entrevista previa a la ceremonia de ayer y luego un fragmento de su discurso.
Durante su discurso en la ceremonia de ayer, el ex juez de la Corte Suprema alertó que “la tendencia de la concentración del poder es restringir la libertad de expresión” y reivindicó el derecho de la sociedad a estar informada. En la misma línea, afirmó que “el pensamiento es imposible sin formas de expresarlo” y compartió el reconocimiento con los integrantes de la Corte Suprema del período democrático, destacando que juntos contribuyeron a consolidar principios y jurisprudencia en defensa de la libertad de prensa.
Pero además hay otro dato importante a señalar de la ceremonia: la presencia de los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, una fuerte señal institucional en defensa de la libertad de prensa. Un gesto que marca que el pluralismo y la tolerancia constituyen valores fundamentales que deben ser resguardados por todas las instituciones democráticas. Escuchemos ahora un fragmento del discurso de Maqueda de ayer.
No es casual que ambos temas aparezcan entrelazados en esta discusión. Desde los orígenes de las democracias modernas, la existencia de una prensa libre y de una justicia independiente ha funcionado como uno de los principales límites al abuso del poder. La primera investiga, denuncia y aporta información para que los ciudadanos puedan controlar a sus gobernantes; la segunda garantiza que las leyes se apliquen incluso contra quienes ocupan los cargos más altos del Estado.
Cuando un gobierno busca desacreditar sistemáticamente a los periodistas o condicionar la carrera de magistrados por razones políticas, debilita dos de los mecanismos de control que sostienen el equilibrio republicano.
Si se acepta el criterio que impulsó Milei, significa que los familiares de periodistas críticos podrían quedar condicionados en su carrera profesional por las investigaciones que esos periodistas realizan. Significa que el Estado podría empezar a distinguir entre ciudadanos según lo que publiquen sus hermanos, esposos, cuñados o hijos. Y significa, sobre todo, que la independencia judicial dejaría de medirse por la conducta de los magistrados para comenzar a medirse por los vínculos personales que el poder considera aceptables.
El caso adquiere una gravedad adicional porque Hugo Alconada Mon no es un periodista cualquiera para el Gobierno. Durante los últimos meses publicó investigaciones que involucraron a figuras centrales del oficialismo, entre ellas Karina Milei y distintos episodios que generaron incomodidad en la Casa Rosada.
En una democracia liberal, las personas responden por sus actos. No por los actos de sus familiares. No por las opiniones de sus parientes.
Pero además, el episodio revela otro dato: la posibilidad de que comience a conformarse una convergencia de sectores muy distintos entre sí que encuentran un punto de coincidencia en ponerle límites institucionales al Gobierno.
Esa mayoría todavía es inestable. No posee un programa común. No tiene un liderazgo único. No ofrece una alternativa coherente de gobierno. Sin embargo, es signo de un agotamiento del modelo libertario.
La aprobación del pliego mostró que todavía existen resortes institucionales capaces de resistir presiones políticas y que sectores muy diversos pueden coincidir cuando perciben que está en juego un principio básico. No se trató de una victoria de la oposición ni de una derrota definitiva del oficialismo. Fue, más bien, una demostración de que ningún gobierno dispone de poder ilimitado dentro de una democracia constitucional.
No deja de ser una escena cargada de simbolismo. Javier Milei llegó al poder como un outsider que prometía dinamitar las estructuras de la política tradicional. Asumió la Presidencia dándole la espalda al Congreso, en un gesto que buscaba representar una relación directa entre el líder y el pueblo, sin intermediaciones. Dos años y medio después, la realidad institucional le recordó que la Argentina sigue organizada sobre un sistema de pesos y contrapesos donde el Poder Ejecutivo no puede prescindir del Parlamento, de la Justicia ni de los límites que establece la Constitución.
Aristóteles dedicó buena parte de su obra política a una pregunta que sigue siendo actual más de dos mil años después: ¿qué es preferible, el gobierno de un hombre o el gobierno de las leyes? Su respuesta fue clara. Aunque reconocía que podían existir gobernantes virtuosos, sostenía que ninguna persona estaba completamente a salvo de las pasiones, los intereses o los errores propios de la condición humana. Por eso consideraba que una comunidad política estable debía apoyarse en normas que trascendieran a quienes ejercían temporalmente el poder.
En su obra Política, afirmaba que “la ley es razón libre de pasión“. La frase resume que mientras los seres humanos pueden actuar movidos por la ira, el miedo, el orgullo o la conveniencia del momento, las leyes ofrecen un marco estable y previsible para la convivencia porque establecen límites que valen para todos, incluidos quienes gobiernan.
Desde esta perspectiva, el verdadero desafío de un sistema político no consiste únicamente en elegir gobernantes mediante elecciones libres. También consiste en garantizar que esos gobernantes acepten que existen restricciones a su poder. La legitimidad electoral otorga autoridad para gobernar, pero no elimina la necesidad de respetar procedimientos, instituciones y contrapesos. De lo contrario, la voluntad de una mayoría circunstancial podría transformarse en una fuente de arbitrariedad. Aquí también podemos recordar aquella reflexión de Tocqueville sobre la “tiranía de la mayoría”, que advertía que incluso una mayoría electoral podía transformarse en una nueva forma de despotismo si no existían contrapesos.
La lección conserva una notable vigencia. Cuando un líder político interpreta una victoria electoral como una habilitación para actuar sin límites, aparece la confusión entre gobierno legítimo y poder absoluto. La fortaleza de una república no se mide por la capacidad de un gobernante para imponer su voluntad, sino por la existencia de leyes e instituciones capaces de establecer un marco de convivencia republicana.
El problema para el Gobierno es que ese recordatorio llega en un momento menos favorable que el de sus primeros meses de gestión. La inflación dejó de ser el único parámetro de evaluación social y una parte creciente de la ciudadanía empieza a juzgar su situación económica por variables más concretas: el salario, el empleo, el consumo y las oportunidades de progreso. A eso se suma el desgaste producido por episodios que erosionaron una de las principales banderas con las que Milei construyó su identidad política. El discurso contra la casta chocó con controversias que involucraron al propio oficialismo, desde el caso $LIBRA hasta las denuncias alrededor de Adorni y la ANDIS, alimentando la percepción de que ninguna fuerza política es inmune a las prácticas que prometió combatir.
El liderazgo libertario confunde legitimidad electoral con ausencia de límites. La fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de un presidente para imponer su voluntad, sino por la existencia de instituciones capaces de establecer un contexto razonable. Y cuando esas instituciones sobreviven a la presión del poder de turno, dejan una lección que trasciende a cualquier gobierno: una democracia no es la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
Por Jorge Fontevecchia – Perfil
