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Los que financian el superávit fiscal: historias detrás de la reducción de gastos del Estado

El sector que más recortes del Estado sufrió en enero fue el de las jubilaciones y pensiones no contributivas. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, representaron el 33% de ese “esfuerzo”. Para marzo está previsto el aumento del 27,18% que establece la ley de movilidad vigente, por lo que los jubilados con la mínima tendrán un haber de $134 mil. Además, el Gobierno anunció para este sector un bono de $70 mil. PERFIL recabó historias detrás de los números.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero se concretó el mayor recorte interanual de gasto público en los últimos 30 años. El superávit de ese mes se explica, básicamente, por esos recortes. El sector que más “aportó” a este resultado fue el de las jubilaciones y pensiones no contributivas, que representó el 33% de ese esfuerzo. 

“Desde el punto de vista del aporte al monto total ahorrado de $2,7 billones, los gastos que más se redujeron -en millones de pesos-, fueron jubilaciones y pensiones contributivas (-$885.074), subsidios a la energía (-$366.451), inversión real directa (-$321.474) y transferencias totales a provincias (-$310.781). Entre los cuatro aportaron el 70% del total ahorrado”, explicaron desde IARAF. 

Con la actualización del haber mínimo previsto para marzo, y tomando también el bono de 70 mil para quienes se encuentran en esta categoría, los jubilados pasarán a cobrar, de bolsillo, $200.445. Según el economista Nadin Argañaraz, presidente de ese instituto, las jubilaciones arrancaron el año con una pérdida del poder adquisitivo del 17% respecto a diciembre. En los últimos años la caída fue pronunciada: si se comparan los datos con los de 2017, fue del 57% sin bono y del 35% en el caso de quienes acceden a ese beneficio.

“Yo cobro un poco más que una jubilación mínima porque me jubilé como trabajadora social y debería cobrar en mano $170 mil. No los recibo porque saqué préstamos”, explicó a PERFIL María Dolores Merlo (71), a quien no le corresponden bonos a pesar de que sus ingresos no se diferencian demasiado del haber mínimo. “Vivo, en definitiva, con 142 mil pesos mensuales”, afirmó.

A pesar de haber trabajado en relación de dependencia y aportado toda su vida, debe restringir al máximo sus gastos. “No tengo posibilidad de hacer ningún gasto extra que no sea pagarme las cosas que yo consumo”, comentó Merlo. “Si de repente hay algún arreglo que hacer, se rompió el caño, se tapó una cañería, se rompió el lavarropas, o incluso vienen mis nietas que salen de la escuela a comer, ya no me alcanza. En eso me están ayudando mis hijos”.

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“Si hay algún arreglo que hacer, se rompió un caño o el lavarropas; o si incluso vienen mis nietas a comer, ya no me alcanza”. María Dolores Merlo (71)

Aun así, agregó, “a veces, para no pedirle a mis hijos, saco anticipado de la próxima jubilación para poder llegar, pero después se me complica mucho más. Esa es la realidad de muchos jubilados. Yo dentro de todo sé que hay gente que ni siquiera tiene la fortuna que tengo yo de tener una casa”.

Como trabajadora social Merlo conoce la realidad de los jubilados. “Si yo vivo tan restringida no me puedo imaginar cómo vive alguien que alquila una piecita, que lo he visto, porque yo atendía a mucha gente que alquilaba en pensiones”. 

Además del recorte en dinero del Estado a jubilaciones y pensiones, la quita de subsidios a la energía y al transporte también explicaron el superávit de enero. “Ahora hay que sumarle los aumentos en el transporte, que ya se notan. El panorama no se nos muestra como favorable en ningún aspecto, no solo a los jubilados, tampoco a los trabajadores”, sintetizó.

En los últimos diez años, según el Observatorio de la deuda social de la UCA, quienes accedieron a un empleo pleno de derechos no superaron al 45% del total de las personas con alguna ocupación. Para 2022 esa cifra se redujo al 40,3%. De acuerdo con los últimos datos del Indec, además, para el tercer trimestre de 2023 el 35,8% de los asalariados no contaba con descuento jubilatorio.

Juana González (72) trabaja desde los 14 años. Pero, de sus primeros 16 años de su empleo como trabajadora de casas particulares, no hay registro ni aportes jubilatorios. “Después me fui a trabajar como maestranza en una oficina y ahí estuve 12 años. Ahí me aportaron esos 12 años y después me echaron porque me habían operado de cáncer y con los rayos y esas cosas yo rendía menos. Ahí volví a mi casa a trabajar en costura”. 

Como la cantidad de años aportados no le alcanzó para jubilarse “soy una de las tantas jubiladas por la moratoria”, afirma. En un país en el que el trabajo no registrado es la norma, “estamos preocupadas muchas de las personas a las que nos han jubilado en esas condiciones porque dicen que van a hacer una revisión para ver si nos corresponde o no seguir cobrando nuestro sueldo”, agregó. 

A pesar de estar jubilada, González sigue trabajando. “Honestamente, llego con lo justo. Por ahora no quiero pedir ayuda a mis hijos porque también tienen su familia, los tres alquilan”, contó. “Pero no me alcanza para nada más, no puedo darme ningún gusto extra, no me puedo comprar un kilo de helado para tener en la heladera e ir comiendo como yo quisiera. La situación es difícil para todos, yo ya soy grande, pero me preocupa la gente joven”.

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“Honestamente, llego con lo justo. No quiero pedir ayuda a mis hijos porque también tienen sus familias. Los tres alquilan”. Juana González (72) 

Ignacio Iturrioz (24) es docente de geografía. “El salario ha perdido bastante respecto a la inflación. Incluso Tandil, que es donde vivo, registró el valor de inflación más alto nacional, con un 44,3% en diciembre. Como docente me había presentado a las becas del CONICET, pero además de que se recortaron a más de la mitad las becas, también se ha reducido bastante el presupuesto a la ciencia, por lo que parte de lo que iba a ser mi trabajo en este año ahora está en duda en ese sentido”. 

El costo del transporte también influyó en el deterioro del poder adquisitivo. “No tengo auto propio y dependo muchas veces del transporte público, por lo que de ahora en adelante estoy usando mucho más la bicicleta”, sintetizó. 

Los subsidios al transporte se redujeron en enero de 2024 un 17% con respecto al mismo mes de 2023, algo que según Argañaraz representa el menor gasto real de los últimos 9 años. En educación el presupuesto también se redujo: las transferencias a universidades nacionales tuvieron un descenso real del 31% interanual. 

Zulema Orlando (68) accedió a la jubilación como ama de casa. Sacó varios préstamos para llegar a fin de mes. “Antes yo hacía artesanías para vender y me las arreglaba, pero ahora están tan caras las cosas que la gente ya no quiere comprar”, le comentó a PERFIL.

“Los gastos los voy manejando día a día, vas a comprar y cuando ves los precios ya no sabés qué hacer. Tengo una hija con discapacidad que cobra su pensión y nos arreglamos así. Con su pensión pagamos algunas cosas y medicamentos que ella necesita también. Espero que el aumento de marzo nos sirva para comprar dignamente la comida del mes”, sintetizó. 

Hasta febrero, la jubilación mínima era de 105 mil pesos, compensada con un bono de $55 mil.

Por Agustina Bordigoni-Perfil