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La “telenovela” colombiana protagonizada por la isla Gorgona

Un proyecto en este parque nacional natural colombiano moviliza a la sociedad civil, mientras el gobierno justifica que la intervención ayudará a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal.

Hace 40 años, una prisión de máxima seguridad situada en la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano, se cerró gracias a la lucha que llevaron a cabo científicos, ecologistas y defensores de derechos humanos. El lugar se convirtió en un parque, pasando a formar parte de la red de Parques Nacionales Naturales (PNN), que gestiona el gobierno de Colombia.

“Es un importante sitio de concentración para la reproducción de ballenas jorobadas del Pacífico sudeste, que arriban anualmente a Colombia, provenientes de la Antártida y los canales patagónicos chilenos”, explica a DW Lilián Flórez González, bióloga marina dedicada al estudio de esta especie en este lugar desde 1986. “El parque constituye uno de los cinco sitios conocidos, más importantes para la reproducción de esta especie en el Pacífico colombiano”, recalca la también directora de la Fundación Yubarta.

Cuatro décadas después, la también llamada “isla de la Ciencia” es escenario de una nueva polémica tras la presentación de un proyecto por parte del gobierno colombiano en la zona. “Se trata de una intervención integral para fortalecer al Parque Nacional Natural Gorgona como Nodo de Biodiversidad en el Pacífico Colombiano, a través de acciones que incluyen la gestión del conocimiento, el ecoturismo, la bioeconomía y el fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia para la prevención de infracciones y delitos ambientales”, explica a DW Guillermo Alberto Santos Ceballos, coordinador del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de Parques Nacionales Naturales.

Con una inversión de cerca de 32.000 millones de dólares, el proyecto incluye la construcción de un muelle para facilitar el acceso de visitantes, una torre de avistamiento de mamíferos acuáticos y los senderos Yundigua y La Chonta. Así mismo, entre otras obras se prevén un centro de monitoreo y control, la adecuación de bodegas para auditorio, el suministro eléctrico con la implementación de energías renovables, el mantenimiento de los senderos y los cambios en cubiertas de alojamientos para el ecoturismo, detalla un comunicado del gobierno colombiano.

“Las intervenciones previstas, incluido el proyecto de Estación de Guardacostas, fortalecerán todos los procesos relacionados con la administración y el manejo del Parque Nacional Gorgona, incluyendo la investigación científica, con las adecuaciones a la estación de investigación y la formalización de un comité de gestión del conocimiento, así como el ordenamiento de la actividad ecoturística, bajo un esquema robusto y participativo”, puntualiza Santos Ceballos.

Ballenas. “En Colombia se han convertido en un recurso valioso que ha generado ingresos importantes para las comunidades locales y para todo el país”, asegura la Directora de la Fundación Yubarta.

Rechazo popular

El proyecto, no obstante, hizo saltar las alarmas de diversos colectivos de la sociedad civil que se han agrupado para mostrar su rechazo a la iniciativa. “En la legislación ambiental colombiana un Parque Nacional Natural es el máximo nivel de conservación de un área determinada y la que está más regulada en materia de intervenciones humanas, especialmente intervenciones de alto impacto como construcciones permanentes y que amenacen la fauna y flora presente en la zona”, recuerda a DW Andrés Bodensiek, uno de los voceros nacionales del Comité Salvemos Gorgona.  

“El proyecto de construcción de una Estación de Guardacostas (base militar) afecta el desarrollo de las actividades del Parque Gorgona, toda vez que las actividades de investigación, educación ambiental y ecoturismo, estarán traslapadas por las actividades militares de incautación de drogas ilícitas, perturbando el entorno natural”, asegura a DW Armando Palau Aldana, director de la Fundación Biodiversidad.

“El proyecto hace parte de una estrategia de Estados Unidos para aumentar su control sobre nuestra riqueza natural, con las excusas tradicionales de lucha contra el narcotráfico y pesca ilegal”, agrega a DW Andrés Pachón, abogado de la acción popular en defensa del parque.

“Gorgona, después de funcionar 22 años como isla prisión, en 1984 fue constituida Parque Nacional Natural-Isla Ciencia. Gracias al esfuerzo de Parques Nacionales, es evidente la recuperación de zonas que fueron altamente intervenidas durante la época de la prisión”, recuerda Flórez.
Múltiples impactos

Los opositores al proyecto alertan sobre sus impactos. A nivel ambiental, “la instalación del radar que emite 9,14 gigahercios supone un riesgo muy alto por la contaminación electromagnética que afecta los tejidos blandos y el muelle de 182 metros de largo, soportado sobre 100 pilotes que se ahincarán en el lecho marino, generará contaminación acústica que afectara los sistemas auditivos de la fauna marina”, enumera Palau, también abogado ambientalista.

A nivel social, Pachón, también vocero del Comité Salvemos Gorgona lamenta que “todo se ha adelantado de espaldas a las comunidades indígenas y afrodescendientes del área de influencia, a quienes se les ha desconocido su derecho a la consulta previa”. “Hoy en día las comunidades afro e indígenas del Pacífico Caucano y Nariñense del área de influencia de la isla siguen oponiéndose”, agrega Bodensiek, especialista en derecho de tierras.

No obstante, el coordinador del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de Parques Nacionales Naturales asegura que el proyecto se desarrolla “en articulación con las entidades estatales y los entes territoriales, en el marco de un diálogo social amplio y participativo, con las comunidades del área de influencia del parque y la academia”. “El manejo de los impactos de las intervenciones está previsto en el plan de manejo ambiental aprobado en el marco de la licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, agrega Santos Ceballos.

Sin embargo, ello no convence a los opositores. “Las medidas planteadas para mitigar los efectos negativos del proyecto son insuficientes, anticientíficas y carecen de respaldo legal. Seguiremos insistiendo en que este proyecto debe cancelarse”, concluye Bodensiek. (rr)

Por Judit Alonso-DW