El Tribunal Constitucional de Albania suspendió la ratificación parlamentaria del acuerdo sobre inmigración con Italia, firmado en noviembre en Roma por los jefes de Gobierno italiano, Giorgia Meloni, y albanés, Edi Rama. El acuerdo preveía la instalación de centros de acogida para migrantes en territorio albanés que fueran transferidos tras haber llegado a Italia. El caso había sido remitido al Tribunal Constitucional por diputados de la oposición que consideraban que el acuerdo violaba la Constitución del país. La decisión del Tribunal es temporal y la corte dispone de tres meses para tomar una decisión definitiva.
La medida insignia de Giorgia Meloni en materia de inmigración podría nunca tomar una forma concreta. El Tribunal Constitucional de Albania suspendió el miércoles 13 de diciembre el acuerdo migratorio firmado el mes pasado por el primer ministro del país balcánico, Edi Rama, y su homóloga italiana.
El acuerdo migratorio preveía constituir dos centros de acogida, identificación y control de los migrantes rescatados en aguas italianas. Una manera para Italia de transferir a los migrantes que llegan primero a su territorio nacional a un país vecino, y, así, externalizar su política migratoria.
El Parlamento albanés debía ratificar el pacto migratorio el jueves 14 de diciembre, pero tuvo que suspender el trámite después de que el Tribunal Constitucional aceptara revisar la constitucionalidad del acuerdo, tras la petición presentada por 30 legisladores de la oposición la semana pasada.
“El panel de jueces que se ha reunido ha considerado que los recursos presentados cumplían los criterios exigidos y ha decidido examinarlos en sesión plenaria. Esto significa que los procedimientos parlamentarios de ratificación del acuerdo quedan automáticamente suspendidos”, declaró el presidente del Tribunal Constitucional albanés, Holta Zaçaj.
Dos centros administrados por Italia, pero instalados en territorio albanés
Los congresistas de la oposición que firmaron la demanda denunciaron la pérdida de soberanía en los lugares donde se debían construir los centros de acogida. Se habían quejado de errores de procedimiento durante la negociación y firma del acuerdo que, según ellos, debía ser autorizado por el presidente albanés como lo estipula la Constitución del país, ya que afecta al territorio y derechos fundamentales.
Los dos centros de acogida a los migrantes debían tener una capacidad máxima de 3.000 personas al mes, es decir unas 36.000 personas al año. Según el acuerdo, un centro estaría en el puerto de la ciudad de Shengjin, y otro en la antigua base aérea del Ejército albanés de Gjadri. El acuerdo había sido suscrito por un período de cinco años, con la posibilidad de renovarlo.
El objetivo es que en estos dos centros se tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriados a quienes se va a denegar ese status, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorio italiano.
Italia debía encargarse del coste del proyecto, así como de los gastos adicionales de la policía albanesa para garantizar la seguridad fuera del perímetro de los centros de acogida. En cuanto a los migrantes alojados en estos centros, no podrían salir hasta que se examinen sus solicitudes, con un trámite teórico de 28 días máximo.
Ahora, el Tribunal Constitucional tiene hasta el 6 de marzo de 2024 para tomar una decisión definitiva sobre la constitucionalidad, o no, del acuerdo migratorio.
Unos 146.000 migrantes llegaron a Italia desde principios de año
Por su lado, el Gobierno albanés rechazó las acusaciones de la oposición y defendió el acuerdo pactado con Italia. “El Gobierno albanés tiene derecho a negociar este tipo de acuerdos en nombre de la República de Albania”, declaró el ministro del Interior albanés Taulant Balla, asegurando que el texto se ajustaba “plenamente a la Constitución”.
“No estamos vendiendo un terreno albanés. Estamos ofreciendo este terreno a Italia, como hacemos habitualmente, por ejemplo, cuando instalamos una embajada”, añadió el ministro del Interior, argumentando que, si la jurisdicción dentro de los centros de acogida será italiana, el terreno como tal seguirá siendo albanés.
A pesar de las fuertes críticas emitidas por la oposición italiana, la Cámara de Representantes del Parlamento italiano ya había aprobado la medida.
La jefe del Gobierno italiano Giorgia Meloni fue elegida con el discurso de poner fin a la inmigración ilegal, pero tiene dificultad para cumplir esa promesa. Los centros de acogida italianos, en particular los de la isla de Lampedusa, ubicada a unos 145 kilómetros de las costas africanas, están desbordados. En total, han llegado alrededor de 146.000 personas en lo que va de año, muy por encima de las 90.000 que llegaron en el mismo periodo de 2022 y las 55.000 de 2021, según datos del Ministerio del Interior italiano.
Los países europeos buscan externalizar sus políticas migratorias
El pacto firmado entre Italia y Albania recuerda uno alcanzado entre Reino Unido y Ruanda. La medida fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Reino Unido, un rechazo que el Gobierno de Rishi Sunak intenta sortear con la aprobación de una nueva ley de deportaciones.
A pesar de que Albania no pertenece a la Unión Europea y tampoco al espacio Schengen, la Comisión Europea veía de manera positiva el acuerdo entre Italia y Albania. En una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había asegurado que el arreglo “sirve como ejemplo de pensamiento innovador, basado en un reparto justo de responsabilidades con terceros países de acuerdo con las obligaciones derivadas del derecho internacional y de la UE”.
Una posición que divide en el continente europeo: por su lado, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mitjatovic, criticó las consecuencias del acuerdo y expresó su preocupación frente a lo que que considera ser una tendencia europea a externalizar la gestión del asilo.
Por William Gazeau-France24 con Reuters, AFP y medios locales