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“¿Por qué estallan las democracias?”

Existe cierto consenso sobre la democracia como el mejor sistema en el cual vivir, en tanto régimen basado en la soberanía popular, que asegura derechos fundamentales como la libertad, la elección de nuestros representantes y la participación en la vida comunitaria. Además, la democracia incluye una cierta igualdad que se extiende desde una mínima exigencia, por ejemplo, en cuanto al derecho al voto, hasta una máxima demanda de igualdad en relación con el acceso a bienes y servicios básicos y al disfrute de los bienes comunes.

En América Latina, la última ola de democratización parecía habernos dejado en un momento histórico superador de los temores y las prácticas del pasado autoritario.

Sin embargo, una y otra vez observamos cómo esas democracias se revelan frágiles, sumidas en una persistente inestabilidad y conflictividad, e incluso quiebran.

La Ciencia Política ha estudiado en profundidad este problema, desde el rol de una oposición desleal (Linz, 1987) hasta cómo los líderes potencialmente autoritarios permean el “filtro” de los partidos políticos (Levitsky y Ziblatt, 2018), pasando por nuevos patrones de inestabilidad política en América Latina basados en juicios políticos o renuncias de presidentes (Pérez-Liñán, 2009).

En la actualidad, ese patrón de inestabilidad parece haberse acentuado, (re)tornando hacia formas clásicas de interrupción del orden democrático, como el golpe de Estado ocurrido en Bolivia hace una semana. Y podemos afirmar que se trata de un golpe de Estado porque: se interrumpió el mandato de un gobierno electo legítimamente; la intervención de la policía y luego de las Fuerzas Armadas fue decisiva, dado que sólo en un mundo ingenuo alguien puede pensar que un pedido de renuncia que se hace con las armas en la mano y en la calle puede ser realmente una solicitud y no una exigencia. Por otro lado, y como proceso previo y posterior al golpe de Estado, se desató en Bolivia una fuerte represión que incluyó no sólo la violencia física, sino también la destrucción de símbolos como la bandera Whipala, la invocación de la Biblia como fuente y guía de la restauración de un orden, y la persecución a miembros de la prensa.

En Chile, esa nueva inestabilidad está asociada a la creciente movilización popular que tiene antecedentes en las protestas de 2006 y 2011, pero que hoy adquiere una magnitud y profundidad de desenlace aún incierto. El debate sobre una reforma constitucional, que permita dotar a esta democracia de un instrumento actualizado en forma y contenido en relación con las preferencias ciudadanas, cuenta con componentes prometedores como los Cabildos Abiertos que se extendieron por el país al compás del estallido.

Sin embargo, el proceso social y político chileno nos devuelve a una vieja pregunta de la Ciencia Política sobre cómo conciliar lo instituyente con lo instituido (Castoriadis, 1997), y de modo más amplio aún, cómo dirimir lo nuevo en lo viejo. Los actores políticos y sociales chilenos se enfrentan al desafío de conducir un proceso instituyente amplio, de demandas múltiples, a partir de instituciones y dirigencias sobrepasadas en su capacidad de representar. La extensión y refuerzo del compromiso cívico e incluso la reivindicación del ideal de autogobierno asociado a la democracia podrían colaborar en el proceso constituyente, estableciendo un mínimo común denominador cuando todo se discuta.

¿Por qué observamos uno tras otro, con diferentes características, estos estallidos de las democracias? Es interesante la perspectiva de Przeworski (2010: 33) para quien las expectativas sobre los resultados de la democracia, asociadas al ideal democrático más que a las instituciones realmente existentes, pueden conducirnos a sostener “esperanzas irracionales” y por lo tanto a realizar evaluaciones distorsionadas. Agregaría aquí que pueden conducirnos a estallidos basados en la frustración y el reconocimiento de la imposibilidad de reproducir la vida comunitaria experimentando niveles intolerables de desigualdad e injusticia. Pero acordaría con el autor en que la democracia presenta problemas en cuanto a la tensión entre sus promesas y lo que efectivamente otorga. Y esta tensión está basada en dos ficciones de la democracia representativa contemporánea que son centrales en América Latina: la ficción de la igualdad y la ficción de la participación.

Por un lado, la ficción de la igualdad nos convoca asegurándonos que todos tenemos derechos a elegir a nuestros representantes, que todos somos iguales en nuestra posibilidad de elegir y ser elegidos, pero nos enfrenta a diario con desigualdades estructurales en relación a ingresos, empleos, oportunidades, acceso a bienes y servicios básicos, a la educación, la salud, la vivienda, al ambiente sano, al gas, a las cloacas!, y no sólo en términos de clase sino también en relación al género, lugar de residencia, entre otras. Por lo tanto, será necesario mejorar los resultados de la democracia en términos de igualdad para poder seguir pensando en ese sistema, que reconocemos intrínsecamente bueno, como una forma de vida en común perdurable.

Por otro lado, la ficción de la participación narra la democracia como un sistema en el cual todos son bienvenidos, todos pueden participar y todos cuentan con las mismas posibilidades de convertirse en representantes. Sin embargo, observamos una y otra vez como las desigualdades en términos de género, raza, etnia, por mencionar algunas, forman parte de un patrón de desigualdad y exclusión que sistemáticamente corroe toda posibilidad de la democracia como un sistema efectivamente participativo y representativo.

Por último, la política es siempre una actividad que permite la transformación de nuestra vida común, que siempre da revancha. No obstante, en ocasiones sus consecuencias son irreversibles, por ejemplo, en cuanto a la vida y la integridad de las personas. Por ello, este momento de estallido de las democracias, explicado por procesos que arraigan en fuertes desigualdades, visiones antagónicas y expectativas incumplidas, es también una oportunidad que requiere de un compromiso serio y responsable con las causas de las crisis y con las respuestas imaginadas para su resolución.

Que en pleno siglo XXI las elites dirigentes expresen su perplejidad frente a la necesidad de compartir sus privilegios, que desconozcan la imposibilidad de responder a un grito de injusticia con represión o cambios de funcionarios, nos dice cuánto, aún, adeudan nuestras democracias.

Por Analía Orr – Mil Patagonias

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