A mediados de octubre, cuando crecían en Chile las manifestaciones de oposición al gobierno de Sebastián Piñera, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se apuró a declarar que “en Chile no hay una protesta social, sino una insurrección con carácter cuasi terrorista (…) hay un intento de hacer caer ese gobierno”.
La administración saliente que preside Mauricio Macri no tuvo la misma premura para definir lo que ocurrió esta semana en Bolivia, cuando el presidente Evo Morales fue forzado a renunciar por una mezcla de insurgencia callejera, motín policial y desobediencia militar. El canciller Jorge Faurie se negó a hablar de golpe de Estado y prefirió postergar definiciones ante lo que consideró una “situación en desarrollo”. Finalmente fue el Congreso el que llamó las cosas por su nombre.
El tercer mandato legal de Morales vence en verdad el próximo enero; contrariando el texto constitucional y el veredicto negativo de un plebiscito al que se sometió por voluntad propia, Morales impuso su candidatura para una nueva presidencia con el vidrioso aval jurídico del tribunal constitucional, denunciado por los opositores más duros pero admitido por observadores institucionales externos, como la Organización de Estados Americanos.
La fragmentada oposición terminó convalidó el hecho al presentarse a la elección, quizás confiada en que lograría forzar una segunda vuelta y que en esa instancia derrotaría al Presidente. Para evitar ese ballotage decisivo, éste debía aventajar a su principal competidor por más de diez puntos.
En rigor, pocos dudaban de que Morales sería el más votado. La cuestión residía en la diferencia a su favor y sobre ese punto, precisamente, estalló el conflicto, agravado por la sospechosa actitud del Tribunal Electoral de suspender el escrutinio cuando esa distancia, por centésimas, no alcanzaba a los requeridos diez puntos.
DELENDA EST
Cuando se retomó la tarea Morales aparecía como triunfador y con los requisitos para que no hubiera ballotage. La chispa entonces se convirtió en incendio; la protesta se extendió y se volvió más violenta. Morales puso el resultado del comicio bajo el arbitraje de la OEA; la oposición anticipó que no aceptaría ningún fallo que admitiera una victoria del Presidente: Morales debía concluir, era su exigencia. Así radicalizada, la pugna pasó al terreno de las calles.
Después de ciertas demoras, la OEA anunció que había encontrado irregularidades serias en el recuento de votos. Morales se inclinó ante ese arbitraje y anunció la convocatoria a nuevas elecciones, con otro tribunal electoral y las mayores garantías de monitoreo. Pero a esa altura en la oposición ya prevalecían los sectores más intransigentes. Los enemigos de Morales comprendieron que las urnas eran un campo de batalla en el que él mantenía ventajas estratégicas y decidieron dar la batalla en el terreno de la acción directa. Morales quedó aislado cuando la policía, amotinada, decidió no obedecer instrucciones de poner orden y cuando las fuerzas armadas, convocadas a reemplazar la inacción policial, en lugar de hacerlo sugirieron al Presidente que renunciara. La indisciplina vació el poder, sumió a Morales en la indefensión y lo forzó a renunciar. En ese contexto, elegir el exilio fue una manera sensata de cuidar su vida: las colapsadas instituciones bolivianas ya no preservaban nada.
Morales había desplegado hasta su exilio mejicano una tarea que muchos colegas de la región envidiarían: un sostenido crecimiento de su país que es el más alto de América del Sur; reducción a la mitad de los índices de pobreza heredados, incorporación activa a la vida social, cultural, política y económica de las mayorías aborígenes, progresivos avances en los índices de igualdad. Y todo eso con la mirada aprobadora del Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales de crédito. Su caída no se asienta en causas económicas.
El tsunami que desbarató el Estado boliviano alcanzó el borde de la guerra civil, una catástrofe que algunos convirtieron en consigna explícita mientras la ausencia de autoridad legítima sumía en caos e incertidumbre ciudades y pueblos.
Detener el desorden y reconstruir autoridad legítima después de un derrocamiento que, de hecho, implicó además postergar sine die el remedio electoral ofrecido por Morales (nuevos comicios, nuevo tribunal, renovado monitoreo) no es sencillo.
Difícilmente se podrá conseguir ese objetivo con la instauración de una presidencia de rasgos ilegales, erigida sin una auténtica asamblea legislativa (como determina la Constitución), notoriamente minoritaria e impregnada de la influencia de los sectores más ultramontanos.
Se requiere una negociación en la que participen todos los sectores y que deje a todas las partes mínimamente satisfechas y confiadas en las reglas de juego que permitirán avanzar hacia una elección limpia y sin proscripciones, bien supervisada, en las que todos puedan comprometerse a aceptar el resultado.
Esa negociación es difícil de concretar en el terreno. La mayoría política (el Movimiento al Socialismo, que Morales lidera) se encuentra descabezada (al menos temporariamente) y no es sencillo reemplazar en medio de la crisis una dirección como la del líder indígena.
SI ESTA SANO, NO LO ARREGLES
Una de las manifestaciones de la pobreza de una sociedad reside en la escasez de cuadros de conducción con capacidad representativa. Es probable que -mucho más que la eventual ambición de poder de los dirigentes- esta sea la razón objetiva por la cual hay una propensión a insistir con los líderes ya probados. El pragmático consejo británico “Don’t fix it if it’s not broken” (no lo arregles si está sano) suele ser admitido con naturalidad por los pueblos (mientras sea cierto que “está sano”) pero es difícil de digerir para el principismo político que en ciertas circunstancias erige la alternancia y la renovación en condiciones inexcusables de la salud democrática (no en casos como los de Thatcher, Felipe González, Angela Merkel, sin embargo).
Sin Evo Morales, su partido, mayoritario en Bolivia, tendrá dificultades para participar en un acuerdo de reconstrucción de la legitimidad. Particularmente si hay sectores del otro bando que predican (como ya lo están haciendo) la proscripción de “los responsables del fraude”.
Habrá que ver además si los sectores que se veían unificados en la oposición a Morales encuentran, también ellos, una conducción representativa, eficaz y capaz de contribuir a la reedificación de una autoridad legal.
En principio, los sectores más intransigentes, que dominan esta etapa post Morales, cuestionan a Carlos Mesa, que fue el candidato opositor más votado en la última elección. Lo consideran un tibio. Mesa, por su parte, no estuvo presente en la escena en la que la diputada Jeanine Añez, ex presentadora televisiva, miembro de un partido de escasos votos, afirmó que asumía la presidencia transitoria del país. Ella tuvo a su lado, en cambio, al ultramontano Luis Fernando Camacho, caudillo comarcal anti-Morales de Santa Cruz de la Sierra que no tiene, en rigor, ninguna representatividad legislativa y que, en ese sentido, con su presencia subrayó el carácter más bien faccioso y escasamente institucional de esa asunción. No parece que la señora Añez y sus socios actuales estén en condiciones de liderar la reconstrucción de la legitimidad en Bolivia.
Tampoco es creíble que pueda convocar a elecciones que garanticen que en enero, cuando vence el período de Evo Morales, haya un presidente surgido de la voluntad popular. Ya están empezando a invocar excusas para alargar plazos.
DE TE FABULA NARRATUR
La política argentina discutió varios días acerca del nombre asignable a lo ocurrido en Bolivia. Pese al esfuerzo del gobierno de Mauricio Macri por encontrar un fraseo moderado, el derrocamiento de Evo Morales no fue menos que un golpe de Estado. En todo caso, ha sido más: fue -hasta aquí- una operación política que, montada sobre una insurrección de las capas medias y altas de las principales ciudades, sofocadas por el predominio político de Morales, forzó el desplazamiento del presidente y la plana mayor de su gobierno y, tras colocar en el sillón de mando a una figura manejable y dependiente, se dispone a mantener sin plazo fijo un gobierno “transitorio”, consumar la proscripción de las fuerzas que reivindican a Morales y revisar buena parte de las reformas sociales y de equidad étnica desarrolladas durante la larga presidencia de éste. Una utopía reaccionaria.
¿Está mal que en Argentina se debatan acaloradamente los sucesos bolivianos? En rigor, Bolivia es más que nada un espejo en el que nos miramos. Evoca un pasado de proscripciones,intervenciones militares y democracia adulterada, períodos de enfrentamientos graves, de choques armados, de tiranías y dictaduras. Nos habla de la necesidad de que tanto las mayorías como las minorías sean respetadas para que todos encuentren en la democracia un espacio de libertad y protección. Nos habla también del riesgo de cultivar grietas, que pueden ser semillas de destrucción irrefrenable.
Por Jorge Raventos