El teniente de fragata retirado Julio Cesar Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, se refirió a las disputas por el control de la Hidrovía del río Paraná. El debate sobre el decreto del gobierno de Alberto Fernández.
El teniente de fragata retirado Julio Cesar Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, explicó en una entrevista con Radio Caput las implicancias de la disputa en la Hidrovía del río Paraná, por donde confluye el 75% del comercio exterior argentino. “Lo concreto es que la cuenca Del Plata, donde circulan varios ríos, a partir de los años ’90, se empieza a llamar Hidrovía. Por allí sale toda la producción del Cono Sur, no sólo de Argentina, también de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Por eso es una ruta estratégica que abarca el río Paraguay y el río Paraná”, describió.
“Esta Hidrovía comienza en puerto de Cáceres, en Amazonia, Matogrosso, y llega a Palmira en Uruguay. Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge. Por allí sale el 50% de la proteína mundial. Y sale también el 75% de todo el comercio exterior argentino. Entonces en toda esta ruta que viene por el río Paraguay, que después confluye con el río Paraná, allí, en el kilómetro 2538, donde se juntan, que se conoce cómo el punto de confluencia, hasta el río de La Plata, es territorio argentino, jurisdicción nacional”, explicó. Se trata, entonces, de una vía estratégica.
Ahora, se desató una polémica en torno a diferentes decisiones del gobierno de Alberto Fernández. “En agosto de 2020, conformó en Santa Fe una sociedad del Estado, que se llama Administradora de la Hidrovía Federal Sociedad del Estado. Estaba integrada 51% por el Estado Nacional y el resto, de las provincias que dan al Paraná: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Corrientes e incluso Misiones. Íbamos a tener control sobre la cuenca”, aseguró. Sin embargo, unos meses después eso cambió. “En noviembre del 2020 sale un nuevo decreto que le da la facultad al ministro de Transporte para que haga un licitación nacional e internacional para entregar la concesión del dragado, el balizamiento, la operación y el mantenimiento. Para que maneje toda la ruta de confluencia hasta el río de la Plata. El Estado no va a poner un peso, va a ser a riesgo de la empresa que gane la concesión con un sistema de peajes. Entonces deja de lado lo que había planteado en agosto, la idea de una sociedad del Estado que controlé la Hidrovía. Eso era lo que pedían las multinacionales”.
Detrás de esa disputa está el rol que puede jugar el puerto de Montevideo, Uruguay, el elegido por las grandes empresas para funcionar como terminal de la cuenca. “En 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se planteó la posibilidad de que todo lo que venía del río Paraná desembocará, en vez de en Montevideo, como querían las multinacionales, en el canal de Magdalena, que es un canal natural, mucho más económico, y además bajo control nacional. Cuando llega Mauricio Macri, deshace el acuerdo que inclusive se había alcanzado con los uruguayos para usar el canal de Magdalena, y dispone que todo se haga según lo que querían las multinacionales, que es que todo se concentre en Montevideo”, relató Urien.
E insistió: “Lo que se plantea ahora, con el decreto, dejando de lado a la Administradora del Estado, es hacer las dos cosas. El canal de Magdalena y el de Punta Indio, que desemboca en Montevideo. El punto es que las multinacionales van a tratar de llevar todo a Montevideo. Allí está planteado el conflicto y la disputa. Desde el campo popular queremos que se trabaje sobre el canal de Magadalena y deje de lado el de Punta Indio”, aseguró.