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Nueva Zelanda vota por tres

Tras la disolución del parlamento, el 6 de septiembre, este sábado 17 de octubre los neozelandeses están llamados a una elección general, que además tiene un doble referéndum. Nueva Zelanda sopesa la continuidad de la laborista Jacinda Ardern, la legalización del cannabis y la eutanasia, todo en plena pandemia del COVID-19.

Con solo 37 años, el apoyo a la fresca figura de Jacinda Ardern por el Partido Laborista implicó una transformación profunda para la política neozelandesa. A pesar de ser la segunda fuerza (37% frente al 44,5% del Partido Nacional), su propuesta de coalición con partidos menores puso fin a una década de gobierno de los conservadores (2008-2017).

Ardern comenzó en política como protegida de la exprimer ministra laborista Helen Clark (1999-2008), para pasar a parlamentaria durante la década en que gobernó el Partido Nacional. Con un discurso discreto y profundamente progresista a la vez, muchos analistas auguraban que, en el mejor de los casos, la joven comunicadora social lograría que los laboristas retuvieran los votos de la elección de 2014.

En muy poco tiempo, la Jacindamania transformó a la candidata en una de las mandatarias de mayor visibilidad internacional. En lo doméstico, Ardern lanzó programas contra la pobreza infantil, incrementó el salario mínimo y aumentó el gasto en salud y educación, además de entablar excelentes vínculos con los pueblos originarios.

Además de su agenda de gobierno progresista, el mandato de Ardern estuvo marcado por tres hitos importantes: el asesinato de más de 50 personas por parte de un supremacista blanco en Christchurch, la renovada actividad volcánica en White Island y la pandemia del COVID-19. En todos los casos, Ardern recibió evaluaciones positivas de la ciudadanía por su eficaz manejo de crisis y convincentes llamados a la unidad nacional.

Así, en los últimos tres años la primera ministra se ha convertido en una de las políticas más populares en la historia del país. Su gestión y programa comunicacional le permitieron resignificar la delicada legitimidad de origen de un gobierno de minoría para pasar a ser la líder política y emocional de la nación en tiempos turbulentos, o como dicen en Nueva Zelanda “la capitana de un equipo de cinco millones de jugadores”.

NUEVO PARLAMENTO

Para estos comicios, la retórica de la campaña del partido gobernante cambió considerablemente. La plataforma de Ardern pasó de ser una fuerte propuesta de transformación en 2017 a la quintaesencia de los reclamos de solidez, estabilidad y reactivación para un país que todavía atraviesa una pandemia.

A pesar de un segundo período de confinamiento, la confianza del público en el manejo de la crisis de COVID por parte del gobierno sigue siendo alta. Todas las encuestas dan al laborismo de Ardern como el ganador, pero además podría llegar a gobernar en mayoría, algo inédito bajo el sistema electoral de Nueva Zelanda.

Por el Partido Nacional se presenta Judith Collins (61), abogada de la centroderecha neozelandesa con experiencia legislativa y ejecutiva de más de veinte años de trayectoria. Esta elección es la segunda ocasión, después de 1999, en la que los dos partidos más importantes del país presentan candidatas mujeres.

Pero el bipartidismo neozelandés no es pleno: desde 1993 la plataforma conservadora Nueva Zelanda Primero de Winston Peters (75) tiene presencia en el parlamento. Además, desde hace más de veinte años los Verdes también ocupan bancas en el legislativo, liderados en estos comicios por el experto en sustentabilidad James Shaw (47).

El modelo político neozelandés sigue el parlamentarismo Westminster con un legislativo unicameral de 120 escaños. A través de un sistema electoral mixto de representación proporcional personalizada como MMP, en donde más de la mitad de las bancas son elegidas en distritos uninominales y las restantes a través de un sistema de listas cerradas nacionales.

UN DOBLE REFERÉNDUM

En menos de setenta años Nueva Zelanda ha llevado adelante más de una decena de referéndums, que incluyeron desde reformas constitucionales y del sistema electoral a consultas por una nueva bandera y el sistema previsional. En simultáneo con estos comicios 2020, los neozelandeses están llamados a expresarse sobre dos cuestiones: el cannabis y la eutanasia.

En primer lugar, se discute si el uso recreativo de la cannabis debería ser legal. El borrador del eventual proyecto de Ley de Legalización y Control de Cannabis establece una forma a través de la cual el gobierno controle y regule el cannabis. Este modelo de reglamentación abarca la forma en que las personas pueden producirlo, suministrarlo o consumirlo.

El proyecto de ley legaliza el acceso restringido al cannabis para mayores de 20 años y autoriza su producción con requisitos de calidad y potencia bajo control del Estado. La campaña por el SÍ complementó estas medidas con propaganda contra el mercado ilegal de cannabis y la sensibilización sobre los riesgos para la salud asociados al consumo del estupefaciente.

Si más del 50% de la ciudadanía vota SÍ en el referéndum, el cannabis recreativo no sería legal de inmediato. Después de las elecciones, el gobierno entrante presentaría el antedicho proyecto de ley, por lo que el proceso incluiría la oportunidad de que el público comparta sus pensamientos e ideas sobre cómo podría funcionar la ley en su posterior reglamentación.

Si más del 50% de la ciudadanía vota NO en el referéndum, el cannabis recreativo seguiría siendo ilegal, como lo es la ley actual. El cannabis medicinal y el cáñamo no se verán afectados por el resultado del referéndum. El uso medicinal del cannabis seguirá estando permitido si es prescrito por un médico, y el cáñamo seguirá siendo legal.

En segundo lugar, los neozelandeses también pueden votar en un referéndum si apoyan la entrada en vigor de la Ley de Elección del Fin de la Vida elaborada en 2019. La ley da a las personas con una enfermedad terminal la opción de solicitar una muerte asistida.

Para poder solicitar la muerte asistida, una persona debe cumplir con todos los criterios siguientes: ser mayor de 18 años; ser ciudadano o residente permanente de Nueva Zelanda; sufrir de una enfermedad terminal que probablemente termine con su vida dentro de 6 meses; tener una disminución significativa y continua de su capacidad física; experimentar un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado; y ser capaz de tomar una decisión informada sobre la muerte asistida.

Así, una persona no tendría derecho a solicitar la muerte asistida si la única razón que aduce es que sufre un trastorno o una enfermedad mental, o tiene una discapacidad de cualquier tipo, o es de edad avanzada.

Según la norma, una persona puede tomar una decisión informada sobre la muerte asistida si puede hacer todas las cosas siguientes: comprender la información sobre la muerte asistida; recordar la información sobre la muerte asistida para tomar la decisión; utilizar o sopesar la información sobre la muerte asistida al tomar su decisión; comunicar su decisión de alguna manera.

El proceso eutanásico comienza con la solicitud a un médico. El médico de la persona y un médico independiente deben acordar que la persona cumple todos los criterios. Si alguno de los dos médicos no está seguro de la capacidad de la persona para tomar esa decisión, un psiquiatra debe evaluar a la persona.

Si la persona es elegible, opta por un método, fecha y hora para tomar el medicamento. En el momento en que la persona haya elegido tomar la medicación, el médico o la enfermera practicante debe preguntar a la persona si sigue eligiendo tomar la medicación. Si la persona elige tomarla, el médico o la enfermera practicante se la dará. El médico o la enfermera especializada debe estar a disposición de la persona hasta que esta fallezca, pues si la persona cambia de opinión en algún momento, la medicación debe ser retirada.

Si más del 50% de la ciudadanía vota SÍ en el referéndum, la Ley de Elección del Fin de la Vida entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que se anuncien los votos definitivos. Caso contrario, la ley no entrará en vigor.

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