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Laura Alonso colecciona denuncias

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue denunciada penalmente por la contratación de una consultora ligada al oficialismo para hacer tareas de divulgación, a pesar de que todos los organismos del Estado tienen sus propias direcciones de prensa.

El abogado Leonardo Martínez Herrero denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso, por presuntos “negocios incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos” a raíz de la contratación de la consultora Consuansor, vinculada al oficialismo, para tareas de prensa y manejo de redes sociales.

El caso fue revelado por PáginaI12, que también adelantó que Alonso dio de baja el contrato (de un millón de pesos) cuando trascendió el convenio que firmó la oficina que justamente debe encargarse de velar por la transparencia del Estado.

El caso fue divulgado por este diario en una serie de notas publicadas en enero pasado. En ese momento se reveló que la Oficina Anticorrupción había decidido contratar a una consultora privada para encargarse de las tareas de prensa y comunicación, algo ya de por sí extraño dado que los organismos estatales designan voceros y equipos de comunicación propios. Más oscuro resultaba que la firma contratada, Consuansor, fundada en 2005, enumeraba entre sus tareas al lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado.

Con los datos aportados el último fin de semana por el periodista Sebastián Lacunza en este diario y en Letra P, Martínez Herrero realizó la denuncia penal, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello (subrogado por Luis Rodríguez). En la presentación subrayó que el convenio con Consuansor “no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político sino que la empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses”.

En su denuncia, el abogado recuerda que, entre otros servicios, Consuasor ofrece a través de su web el análisis de “riesgo político-regulatorio” y el “lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. De modo que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales”.

Más adelante, Martínez Herrero subraya que desde 2015 la Oficina Anticorrupción se ha caracterizado por “la alta rotación de ‘prenseros’, a pesar de lo cual Consuasor fue ganando terreno y se transformó en “la voz de Alonso y jefatura de prensa de la OA”. De hecho –añade el denunciante–, las consultas periodísticas regulares al área de prensa son respondidas por la consultora.

Por último, el abogado solicitó al Poder Judicial que se inicie “la investigación penal pertinente”. Interviene en el caso el fiscal Carlos Stornelli.

Los fundadores de Consuansor fueron tres jóvenes egresados de la Universidad Católica Argentina. Uno de ellos, Juan “Juano” Gentile, falleció en septiembre pasado, luego de haberse desempeñado como jefe de prensa del PRO en el Congreso y ocupar la Subsecretaría de Comunicación Pública desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri. Quienes quedaron a cargo de la consultora fueron Alejandro Giúdice –ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart– y Facundo Sosa Liprandi –ex gerente de Comunicaciones en el PAMI–. La investigación publicada en este diario a comienzos de año reveló los múltiples contratos en el Estado conseguidos en poco tiempo por Consuansor: además de la OA, incluía al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a la gobernación de Salta, con áreas de intereses que aparecían superpuestas.

Fuente: Página/12