Se trata del primer avance judicial sobre el ministro de Transporte, al que el kirchnerismo planea investigar a fondo.
El dictamen asegura que el Estado habilitó a varias empresas (entre las que se encuentra IECSA, propiedad del primo del presidente Macri) a seguir cobrando peajes y certificados de obras por más de 30 mil millones de pesos, pese a que los contratos se habían vencido.
A ambos se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Deberán comparecer ante el juez Sebastián Casanello.
Iguacel emitió una resolución prolongando los plazos de los contratos de los corredores viales, que se habían firmado en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016 con la posibilidad de extenderse un año más, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.
Los denunciantes sostienen que los funcionarios buscaron “beneficiar un pequeño grupo, de influyentes constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. El texto continúa diciendo que por quince meses, “las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.