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La Justicia frenó la construcción de Aña Cuá

La decisión la tomó luego de aceptar una medida cautelar pedida por IMPSA.

La Justicia decidió paralizar el contrato para el suministro de las turbinas y otros equipamientos que la empresa alemana Voith Hydro había firmado con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para potenciar la central hidroeléctrica Aña Cuá, en la provincia de Corrientes.
Desde el organismo argentino-paraguayo de energía señalan que aún no han recibido la notificación oficial del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, de la ciudad de Buenos Aires, afirma una fuente cercana al organismo.
La magistrada Cecilia Gilardi Madariaga de Negre decidió esta tarde “hacer lugar a la medida cautelar solicitada” por IMPSA y le ordenó a la EBY que “se abstenga de seguir realizando cualquier acto tendiente a ejecutar” el acuerdo firmado con la compañía germana hasta que la Secretaría de Energía de la Nación resuelva el recurso administrativo que le había presentado la firma mendocina durante el gobierno de Mauricio Macri.
A su vez, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal decidió paralizar el contrato con Voith Hydro por un plazo de seis meses hasta que la cartera comandada por Sergio Lanziani se expida sobre el pedido presentado por la empresa fundada por la familia Pescarmona.
La medida de Gilardi Madariaga de Negre sorprendió a los ex funcionarios de la EBY que venían siguiendo de cerca el proceso y advierten que una recisión del contrato podría acarrear juicios contra el organismo.
“Me sorprendió la decisión de la jueza porque habíamos hablado mucho sobre el tema, se lo habíamos explicado y ella comprendía bien la situación. No sé qué fue lo que la hizo cambiar de opinión – sostiene un ex directivo de la entidad binacional que conoce de cerca el litigio -. Si la Secretaría de Energía decide anular el contrato, Voith Hydro va a terminar presentando una demanda por daños y perjuicios que, como ocurre siempre, va a terminar pagando el Estado”.
El 9 de diciembre de 2019, un día antes de la transmisión de mando, Rosario Díaz Súnico, la apoderada del consorcio Araverá (IMPSA, CIE y PowerChina Guizhou Engineering) había elevado al ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza, y al titular de la cartera, Gustavo Lopetegui, un reclamo para que se paralizar la ejecución del contrato y que les permitieran ver el expediente, como adelantó Desarrollo Energético .
Los mendocinos les pedían que instruyeran a “la EBY a que se abstenga, de realizar ulteriores actos que den continuidad a la Licitación, incluyendo sin limitación cualquier acto que otorgue ejecución al contrato suscripto con Voith el pasado 22 de octubre de 2019, desde la presentación del presente pedido y hasta 30 (treinta) días posteriores al plazo de la vista solicitada en el apartado 1 o plazo que esa Secretaría considere correspondiente”.
Su reclamo se basaba en que considera que la entidad binacional cometió irregularidades durante la adjudicación del contrato para la provisión y el montaje del equipamiento electromecánico ya que, a su criterio, no utilizó las fórmulas de reajuste para calcular el monto final de su oferta, con lo que hubiera resultado más barata que la de la compañía alemana, sumado a que hubiera generado mano de obra local e ingresos al fisco por los impuestos pagados en el país. A su vez, señalaba que los germanos tampoco presentaron un modelo de turbina a escala para hacer las pruebas tal como estaba estipulado en los pliegos.
En la licitación, la propuesta de Voith Hydro fue de 99,70 millones de dólares, mientras que la del consorcio Araverá, de 116,38 millones. El contrato fue adjudicado el 23 de julio de 2019 y se firmó el 22 de octubre.
Por eso, la empresa mendocina recurrió a varias instancias administrativas en la que le solicitó formalmente a la EBY que le permitiera ver la documentación referente a la oferta de Voith Hydro y siempre recibiera una respuesta negativa, aduciendo que no estaba estipulado dentro de los pliegos de la licitación esta alternativa.
La primera fue el 30 de enero, el mismo día que se abrió el sobre con la propuesta económica, y como no obtuvo una respuesta satisfactoria, volvió a insistir dos días después con una carta en la que solicitaba que se descalificara a los alemanes por no haber presentado un modelo de turbina a escala para hacer las pruebas tal como estaba planteado en los pliegos.
Como esto no surtió efecto y la Secretaría de Energía no tomó ninguna medida, IMPSA, en representación del consorcio Araverá, decidió recurrir a la Justicia el 23 de diciembre de 2019 para paralizar el avance del acuerdo firmado con Voith Hydro mediante la presentación de una “medida cautelar inaudita” en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, para evitar que avanzara el proceso durante cincuenta días hábiles y evitar que se realizara el primer desembolso de los fondos y solicitaba que se le entregara una “copia íntegra y completa del expediente (y todos sus anexos) de la licitación para poder ser compulsado y analizado tanto en lo referente a los aspectos legales, técnicos y económicos”.
Sin embargo, las vacaciones de verano terminaron congelando el avance del expediente, por lo que la compañía mendocina solicitó que se habilitara la feria para tratar en forma urgente su pedido, ya que el contrato debía comenzar a ejecutarse en enero y, luego, sus avances serían difíciles de revertir.
El magistrado Esteban Carlos Furnari, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, que estaba a cargo durante las vacaciones, consideró que esto no era necesario y postergó cualquier decisión hasta febrero cuando Gilardi Madariaga de Negre volviera a estar al frente de la causa.
Ante este panorama, la EBY siguió adelante con lo estipulado en el contrato y le desembolsó a Voith Hydro 10 millones de dólares a comienzos de febrero correspondientes al 10% de anticipo. La factura había sido presentada en enero cuando IMPSA ya había iniciado la medida cautelar.
A partir de allí, la entidad binacional intentó refutar los argumentos de la empresa mendocina e impugnar la representación de sus apoderados, basada en que lo hacían en nombre de la firma y no del consorcio. Tras recibir la documentación correspondiente la magistrada siguió adelante con el proceso que se vio, una vez más, paralizado con el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo, cuando la Corte Suprema decretó un nuevo receso en las actividades.
Ante esta nueva suspensión, el abogado de Araverá, Arturo Alejandro Stanic, presentó un nuevo pedido para que se habilitara la feria, el 27 de abril, para “evitar un daño irreparable a los derechos de mi parte, dado que el proceso licitatorio y la adjudicación efectuada de manera manifiestamente amañada e irregular, a la empresa de origen alemán Voith Hydro, comenzará a ejecutarse dado que la Entidad Binacional Yacyretá al ser una empresa generadora de electricidad, esta excepcionada de cumplir la cuarentena y se encuentra todo su personal trabajando a pleno”.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, rechazó la petición el 29 de abril a instancias del fiscal Miguel Angel Gilligan y volvió a girarle el expediente a Gilardi Madariaga de Negre.
Finalmente, el 21 de julio, la Justicia volvió a operar luego de que la Corte Suprema levantara la feria y el expediente reanudó su curso que terminó con la decisión de la magistrada de paralizar al contrato entre la EBY y Voith Hydro.
La decisión de Gilardi Madariaga de Negre sorprendió a los participantes de la licitación para la construcción de Aña Cuá y a ex funcionarios, ya que el año pasado la Justicia había rechazado en dos instancias un pedido similar presentado por José Cartellone Construcciones Civiles para frenar el contrato para la obra civil de la represa.
La magistrada Rita Ailán desestimó el pedido en octubre, pero la empresa mendocina apeló ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La demanda fue girada a la Sala V, que la rechazó y confirmó la resolución el 6 de febrero. Luego de conocerse el fallo, la ATE Aña Cuá ART compuesta por Astaldi, Rovella Carranza y Tecnoedil envió la factura por los 19 millones que le corresponden de adelanto que le fueron abonados en marzo.

Cuestiones estratégicas
La decisión de Gilardi Madariaga de Negre encendió las luces en Alemania ya que esta es la segunda obra que tiene paralizada Voith Hydro en la Argentina, luego de que el gobierno de Mauricio Macri frenara el proceso para levantar la represa hidroeléctrica Chihuido I, de 637 MW, en la provincia de Neuquén el 10 de julio de 2018.
La canciller germana, Ángela Merkel estaba personalmente interesada en el proyecto patagónico, al punto de que trató este tema con el presidente Alberto Fernández durante su visita a Berlín en febrero, como informó Desarrollo Energético
El mandatario esperaba contar el apoyo alemán dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la negociación que el ministro de Economía Martín Guzmán deberá encarar en los próximos meses, por lo que le había prometido que avanzaría con Chihuido I.
“La Argentina no se encuentra en una situación económica fácil, y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarle, y ayudarles”, afirmó la Canciller tras el encuentro con Fernández en Berlín.
Este revés judicial podría elevar las tensiones con los alemanes, que ya se encuentran descontentos por la paralización de Chihuido I, debido a que la resolución del contrato de Aña Cuá, ahora será política, porque será la Secretaría de Energía quien deba decidir qué hacer con lo actuado por la EBY.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, están decididos a ayudar a IMPSA a salir delante de la crisis financiera que la llevó a la restructuración de la deuda, afirma una fuente del mercado. Incluso, la empresa le pidió ayuda al gobierno nacional para que la asista con capital de trabajo para poder continuar con las operaciones en medio de la cuarentena. La firma mendocina está controlada principalmente por el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) y el Banco Nación.
Por el momento, Voith Hydro ya comenzó el proceso de fabricación de las turbinas, aunque ha mostrado pocos avances, pese a haber cobrado los 10 millones de dólares correspondientes al 10% de anticipo. Como adelantó Desarrollo Energético, al momento, sólo presentó documentos con contrataciones de insumos y materias primas, pero no pudo avanzar mucho más porque su planta y la de sus proveedores estuvieron cerradas por el coronavirus.
La mayor preocupación dentro la EBY es sobre cuáles serán los efectos que podría tener la pandemia en los costos de la empresa alemana, ya que cuando se levanten las actuales restricciones, serás más caro movilizar al personal desde el extranjero, transportar los equipamientos, entre otros factores.
La gestión anterior de la entidad binacional sostenía que va a ser “inevitable” sentarse a revisar los números de la parte electromecánica. “Vamos a tener que barajar y dar de nuevo porque se han incrementado los costos laborales, de los fletes, seguros, y componentes”, explica una fuente que conoce de cerca el contrato.
Esto beneficiará aún más los argumentos de IMPSA que sostienen que su oferta ya que gran parte de sus costos estaban en pesos y, ahora, la devaluación de la moneda nacional los hizo aún más baratos.
Este proceso no se ha iniciado aún, según explican desde la EBY, por lo que ahora habrá que esperar hasta que la Secretaría de Energía se expida sobre el pedido de la compañía mendocina o que el organismo apele la medida cautelar ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para seguir adelante con este proceso.

La continuidad de los trabajos
La EBY planea invertir 292,94 millones de dólares para la construcción de la central hidroeléctrica Aña Cuá durante los cuatro años que durarán los trabajos, menos de la mitad de los 665 millones que estimaba cuando lanzó la licitación en septiembre de 2017 (luego se redujeron a 400 millones).
La entidad binacional planea financiar la construcción de la represa con su propio flujo de caja. Sin embargo, sus directivos están analizando cómo harán para cubrir los desembolsos luego de que el gobierno de que la Secretaría de Energía de la Nación decidiera reducir el precio que le pagaba por la electricidad, mediante la resolución 31/2020 del 27 de febrero.
De esta forma, el organismo redujo sus ingresos entre 30% y un 40% para este año y el que viene, por lo que el gobierno deberá cubrir lo que falta para poder continuar con las obras de Aña Cuá ya que con el presupuesto que cuentan le será imposible cubrir sus costos. Antes de la pandemia, estimaba que necesitaría desembolsar al menos 50 millones de dólares durante 2021.
Desde IMPSA señalan, incluso, que la EBY carece de un financiamiento asegurado para las obras ya que éste es uno de los puntos incluidos en las cartas reversales que firmaron la administración de Macri y su par paraguayo, Horacio Cartes en 2017 y que nunca fueron giradas al Congreso Nacional para su ratificación, paso necesario para que entren en vigencia.

Fuente: Desarrollo Energético

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