El superávit de muertos, en Argentina, sigue estando del lado de los inocentes. Uniformados o no, la cosecha de cadáveres sigue la misma tendencia en la inseguridad envolvente.
El capital cultural violento se impone.
La carga delictiva es cada vez más siniestra y alevosa. Amparada en los años de abulia, negación e impericias, hoy se encuentra bajo un nuevo “amparo” que consiste en reglamentos efectistas, slogans y frases para sostener y conformar a la sociedad lícitamente harta y desgastada. Es que la delincuencia, que hace tiempo dejó de ser improvisada, reconoce que no saben qué hacer con ella. Que el aparato no se pone de acuerdo y que todas las esferas de la sociedad no están coordinadas para alcanzar el ansiado desarrollo humano integral.
El reglamento de la controversia, a los delincuentes, ni les preocupa, ni les ocupa. Porque nadie ha sabido medir como ellos la permeabilidad de la seguridad hoy enarbolada en la moralidad. El crimen sabe, que los mismos que fueron tildados como conniventes a la penetración del narcotráfico en el país, son los hoy ponderados por la nueva administración.
Hay una incomprensión acerca de por dónde pasa la autoridad. Y la autoridad no se reduce al uniforme ni a la cantidad de uniformados. El criterio lógico de autoridad, que impone respeto y medida, pasa por la racionalidad y la coherencia de las acciones que se toman.
Sin tiros contra los narcos en frontera, un subsecretario de fronteras, Matías Lobos, haciendo campaña en el Conurbano -San Martín- y soldados que llegan para complementar a Gendarmes ausentes, no marca precisamente la coherencia que se requiere para evitar el papelón estampillado en frases contrariadas a las acciones sostenidas: “Argentina sin Narcotráfico” y “Fronteras Seguras”.
Después del G-20
El G-20 disparó, ante la irreprochable seguridad de poco más de 48 horas, un reglamento que ya encuentra resistencias y apoyos en diversas capas políticas y sociales. El mismo ha sido creado para ser aplicado por cuatro fuerzas federales. Se trata de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PSA.
El tema es que la seguridad del G-20 estuvo configurada en corralitos con corredores en donde las Fuerzas operativas tuvieron un previo reconocimiento territorial, precisas instrucciones y recursos finamente formados y preparados.
Ahora bien, el G-20 tuvo una excelente base local pero al mismo tiempo un soporte internacional de cada una de las delegaciones que no dejó librada la seguridad de los mandatarios y sus comitivas a las características de un país excedido por un partido de fútbol que no fue. El potencial partido marcado por la barbarie y la inoperancia que terminó con la baja del fallido Ministro de Seguridad de CABA, Martín Ocampo.
Frente a esta situación se generan controversias, contradicciones, pujas políticas, apreciaciones morales, fundamentalismos y garantismos. Estar o no a favor sin revisar cinco temas básicos para tomar medidas en materia de seguridad:
1- Estado del tejido social.
2- Estado de corrupción de las fuerzas de seguridad.
3- Niveles de violencia delincuencial.
4- Influencia de la droga en los diversos delitos.
5- Estado de la Justicia.
Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad, ensanchado en sus capacidades, abrazado al slogan, embelesado por el emergente bolsonarismo y extasiado por la acumulación de incautaciones de droga –tsunami narcótico que no se detiene por qué la política es meramente reactiva- se repliega sobre un reglamento de uso de armas de fuego de efecto mediático bien logrado que responde a cuatro cuestiones claves:
1- La carga violenta de la inseguridad.
2- La demanda social.
3- El aval presidencial.
4- El año electoral que viene.
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Las armas forman parte de la Policía, no son un instrumento que se incorpora a las fuerzas. Lo que debe preocupar y ocupar es si todos los efectivos de todas las fuerzas involucradas están capacitados y en condiciones para cumplir con el mismo de forma acabada y no selectiva, convirtiendo a la bala en el plan primario.
El protocolo debe tener un seguimiento sumamente riguroso porque la línea de cruce a la bala fácil es extremadamente delgada. De ahí la importancia de saber cuál es el estado de la fuerza de seguridad. Cómo se encuentra.
El reconocimiento del estado:
1- Estado psíquico de efectivos.
2- Formación, capacitación y conocimiento territorial.
3- Corrupción estructural, sectorial o aislada.
4- Conforme al punto 3, vínculos con delitos complejos, narcotráfico, trata personas, etc
De los cuerpos habilitados, la Federal y la Gendarmería son los más articulados. La Prefectura y la PSA conforman fuerzas cuya creación siempre ha sido cuestionada, puesto que su configuración nunca fue clara. De hecho, Prefectura, debería ser absorbida por la Marina. Algo que al Ministro de Defensa, Oscar Aguad, según informantes de su cartera, no le disgustaría.
Por otro lado, es la Policía Federal la única que conoce acabadamente las grandes urbes. Razón por la cual, el entrenamiento se impone para el resto de las fuerzas que actúan en lugares del centro en donde no son operativas porque no fueron formadas para tales territorios.
La lógica es no generar una masacre.
La droga detrás del delito
Detrás del 80% de los delitos está la droga.
Y dentro de ese 80%, más de la mitad es por consumo. Si bien no todo adicto es delincuente, la ley de salud mental debe cambiar y obligar a todo consumidor a tratarse por un tema de salud y también de prevención. Se trata, sin más, de no alcanzar escenarios trágicos.
Por otro lado, el reglamento puede terminar en una cuestión de gatopardismo o bien, en el efecto paradojal que deteriorará todavía más al tejido social ya desintegrado.
Se necesita, sin lugar a dudas, de un hilo conductor que vaya enlazando a los diversos ministerios para apuntar a la integralidad de la construcción real de un clima de seguridad. No solo se trata de voltear a malditos delincuentes como si estuviésemos insertos en un videojuego, se trata de que la delincuencia no se siga reproduciendo sobre la marginalidad que no tiene una vía de saneamiento.
El disparo
El disparo es la última instancia del protocolo como bien dijo la Ministro Bullrich junto a sus buenos muchachos.
Si eso no está claro habrá un efecto no deseado a nivel ministerial que reproducirá derramamiento de sangre, exponiendo aún más a la sociedad que podría quedar en medio de un nuevo caos entre fuerzas que chocan. Amparadas unas por un reglamento del Ministerio de Seguridad de la Nación y amparadas otras en su propio reglamento, el de la calle furiosa.
Queda claro que depende de las fuerzas de seguridad que el reglamento no se convierta en gatillo fácil o sólo bala. Depende del cumplimiento acabado del protocolo que la bala sea la última instancia.
Al cierre de éste análisis, la extensión del reglamento a las provincias es controversial porque los gobernadores saben bien cómo es el estado de su policía y de sus realidades.
Las posturas son encontradas y todas con argumentos válidos.
No queda claro si el abrir fuego es para disuadir o claramente para reducir.
Lo cierto es que en estos momentos, los sectores sensatos de las fuerzas de seguridad, están atentos y estudian cómo implementar el reglamento porque hay una justicia que luego dictamina. Pero también está la otra cara de las fuerzas, los sectores desviados en menos y en más que se sienten iluminados por el fuego. Sostenidos en el regocijo, como dice una fuente interna en desacuerdo, “de poder salir a matar“.
Por Laura Etcharren – Narcotráfico y Seguridad en Argentina y el mundo –