El ministro de Salud acusó a su antecesor de beneficiar a dos laboratorios por más de 57 millones de pesos.
Pero, además, la denuncia señala que Rubinstein no estaba facultado para renegociar los precios de las licitaciones públicas porque éstas fueron aprobadas mediante Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete, por lo que debió haber intervenido Marcos Peña.
Anticonceptivos
El 26 de julio de 2019 se aprobó y adjudicó la Licitación Pública de la exsecretaría de Salud para adquirir anticonceptivos hormonales y la adjudicataria fue, entre otras, la empresa Dr. Lazar & CIA S.A. para proveer un total de 4.129.500 blisters por $ 116.701.925. Sin embargo, el 2 de septiembre la compañía pidió una renegociación por la “situación económica y financiera” del país que había desmejorado desde la apertura de ofertas hasta que se efectuó la orden de compra el 1 de agosto. Además, se alegó que los costos podrían seguir creciendo hasta el momento de emitir las facturas correspondientes y que el dólar había subido un 60,49%.
En base al pedido, comenzaron distintos procesos administrativos para constatar tal situación en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) desde enero hasta agosto y se concluyó que el rango de precios para una actualización variaba entre el 26,4 % y el 44,6%.
Según la denuncia, se consideró “oportuna la readecuación de precios solicitada en la proporción de un 38,8% en relación al precio ofertado” y el 13 de noviembre de 2019 la Secretaría de Salud aprobó la renegociación por un total de $ 37.123.610,64 que debían ser adicionados al monto ya previsto en la referida Orden de Compra. Así se pasó de $ 116.701.925 a $ 153.825.535,64 sin “motivo alguno” y de “forma infundada”.
En una de las dos resoluciones citadas, el Ministerio de Salud sostuvo que el acto está afectado de “nulidad absoluta”, que se encuentra firme y consentido pero que no generó derechos subjetivos (obligar al Estado a pagar) que se estén cumpliendo y que aún no se efectuaron pagos correspondientes a la renegociación por lo que se “procede su revocación en sede administrativa”.
Medicamentos
La otra operación denunciada apunta a la Licitación Pública del 24 de agosto de 2018 (en ese entonces todavía había Ministerio de Salud durante el macrismo) para adquirir medicamentos esenciales para el primer nivel de atención por la suma de $ 42.679.531,06 para la adquisición de más de 31 millones de unidades. La adjudicataria fue Novartis Argentina que un día después de notificada la orden de compra presentó una solicitud de negociación. La compañía sostuvo que el dólar aumentó un 114% desde la presentación de ofertas hasta presentada la solicitud. Por ley, el descalabro en el equilibrio del contrato debería haber tenido lugar entre el 6 y el 7 de septiembre. Algo extraño.
Sin embargo, la aprobación de la renegociación ocurrió. La denuncia argumentó que la misma se basó “en base a meras presentaciones de la firma en las que se limitó a invocar la devaluación de la moneda nacional durante los nueve meses anteriores al perfeccionamiento del contrato” y no sobre circunstancias externas posteriores a la celebración del contrato.
De todos modos, se estimó pertinente tramitar el pedido “limitándose a invocar ‘razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad’”. El 20 de mayo se aprobó la ampliación del 20% de la Licitación Pública y se emitió una nueva orden de compra por $ 7.547.579,43. El 2 de julio, se renegociaron los precios para ambas órdenes y la Secretaría aprobó la suma de $ 20.513.222,59 adicionales a los montos originales. Así, el valor global ascendió de $ 42.679.531,06 a $ 63.192.753,65.
A diferencia del caso anterior, se efectuaron pagos en concepto de la renegociación de una de las órdenes de compra, por lo que el Ministerio entendió que la declaración de nulidad debe efectuarse también en sede judicial mediante una acción de lesividad. Y pidió suspender los actos administrativos.
En caso de comprobarse tal conducta delictiva, quedará tipificada una defraudación por abuso de confianza al tratarse de exfuncionarios públicos. Además, los responsables pueden enfrentarse a prisión de dos a seis años en caso de ser culpables o prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble tiempo, según explicó la letrada en el escrito. Por eso, solicitó que investigue la presunta comisión de los delitos de acción pública, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda.