El 21 de septiembre de 2019, nada indicaba que la naciente primavera en América Latina sería diferente a cualquier otra. Hacia la mitad de su recorrido, no cabe duda que esta será recordada como una primavera histórica para América Latina. Timoneando entre el cambio y la continuidad, paralizada por conflictos entre legislativos y ejecutivos, boquiabierta por estallidos sociales y dificultades económicas, los países de la región experimentan fuertes tensiones en varios frentes, muchos con final abierto. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez tuvo que designar un nuevo ministro del Interior, cercado por las críticas ante la huída de un narcotraficante y constantes cortes de ruta de los productores tomateros. Poco tiempo antes, el presidente había quedado a las puertas de un juicio político por un acuerdo con Brasil acerca de la represa de Itaipú.
En Perú, otra crisis institucional mostró con crudeza la velocidad con la que estallan y se dirimen hoy los conflictos. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso nacional al mismo tiempo que los legisladores opositores lo suspendían a él por un año y designaban a la vicepresidenta Aráoz como “presidenta en funciones”. En una serie de maniobras relámpago, Vizcarra pudo acorralar a los parlamentarios y hacerse del apoyo de las fuerzas armadas, de seguridad y de gran parte de la ciudadanía, lo que le permitió nombrar un nuevo gabinete y sostenerse en el poder. Todavía está por definirse el conflicto entre oficialismo y oposición en las elecciones del 26 de enero próximo.
En Ecuador, el “paquetazo” de medidas de disciplina fiscal -acordadas con el FMI- del gobierno de Lenín Moreno desató fuertes protestas populares lideradas por grupos indígenas, estudiantiles y de transporte. Pocos días después, el presidente trasladó la sede del gobierno a Guayaquil y se militarizó Quito. En este contexto, Moreno acusó al expresidente Rafael Correa de complicidad con los intentos de desestabilización. Pero a la semana siguiente, derogó el decreto que aumentaba el precio de los combustibles y envió a la Asamblea una reforma tributaria orientada a las PyMEs.
En Chile, el aumento del precio del subte hizo estallar décadas de desigualdades en el acceso a la salud y la educación y en el bienestar económico en general. Tras varios días de protestas, el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia. Posteriormente, se suspendió el aumento de las tarifas, pero la represión estatal de las manifestaciones provocó decenas de muertos y cientos de heridos. Ahora, el ministerio público chileno investiga a varios efectivos policiales por denuncias de tortura. Los reclamos populares parecen impulsar finalmente la postergada agenda social en el país vecino: Piñera y los principales partidos del arco político chileno respaldaron una reforma constitucional, que actualizaría la actual legada por el dictador Augusto Pinochet.
América Latina completa este agitado cuadro con un reciente paro nacional en Colombia, la liberación del expresidente Lula Da Silva en Brasil, el golpe de Estado en Bolivia, el resurgir de las protestas en Nicaragua, la persistente crisis humanitaria en Venezuela y los cambios de gobierno en Argentina y en Uruguay.
Estos son sólo algunos ejemplos de las fuertes tensiones en nuestra región. ¿A qué se deben? Para algunos, como Jeffrey Sachs, el descontento de las ciudades ricas a nivel mundial constituye un fenómeno muy marcado. Allí se observa la insatisfacción de los ciudadanos -sobre todo entre los más jóvenes- víctimas de una crisis de movilidad social que la pura libertad económica no resuelve. Sin embargo, estos diagnósticos sólo son aplicables a las grandes ciudades y entre grupos de alto poder adquisitivo, al tiempo que pierden de vista el componente colectivo de las manifestaciones.
En verdad, la desigualdad es el gran problema de América Latina. Esta variable es el denominador común de los distintos conflictos políticos y tensiones sociales que observamos. Además de su dimensión social, compromete también el desarrollo a largo plazo de nuestra región. Más pobres y riqueza peor distribuida son ingredientes básicos de la receta del malestar latinoamericano.
Con economías primarizadas, deudas inestables y poca integración económica regional, la región necesita estar más unida que nunca y aunar posiciones. En un sistema internacional cargado de incertidumbre y que promete magros escenarios económicos en el corto plazo, tomar cursos de acción rígidos o limitarse a los consensos entre minorías serían errores fatales. Ante la enorme redistribución de poder global, ningún movimiento nacional será suficiente si se ejecuta de manera aislada.
Con todo, los gobiernos latinoamericanos tienen por delante el desafío del crecimiento sostenible con inclusión. Los funcionarios de América Latina deberán afinar su capacidad de sintonizar con las causas de la insatisfacción y frustración de millones de personas que dejan de ver una salida creíble a su actual situación.
Está claro: una sostenida actitud esquiva por parte de los gobernantes respecto de su gente ya no será tolerada. Las calles así lo están demostrando
