El embajador en Israel quedó en medio de la disputa entre Argentina y ese país. Crímenes de guerra y comunicados. La política exterior como arma interna.
El embajador argentino en Israel, Sergio “Pato” Urribarri, debió comparecer este lunes ante la Cancillería de ese país debido a la decisión nacional de votar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de la conformación de una comisión que investigará posibles crímenes de guerra en el reciente conflicto en Gaza. Aunque su designación fue muy bien recibida en su momento por el país anfitrión dadas sus posturas conocidas y su buena relación con la comunidad judía de Entre Ríos, provincia que había gobernado, queda hoy atrapado en el fuego cruzado de un conflicto que exige alineamientos rígidos de un gobierno que por momentos adopta posicionamientos internacionales para apaciguar su interna.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este martes que Urribarri “fue convocado a una conversación aclaratoria”. El contrapunto entre convocantes y convocado quedó expresado en los textos emitidos por ambas cancillerías.
De acuerdo con el israelí, el director general adjunto para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, señaló “que el apoyo (de Argentina) a esa resolución sesgada, que ignora el terrorismo de Hamás y el disparo de 4.300 misiles contra los ciudadanos de Israel, es algo que Israel considera inaceptable”. En tanto, “agregó que es inconcebible que Argentina, que sufrió graves y dolorosos atentados terroristas de Irán y Hizbulá contra la Embajada de Israel y la sede de la comunidad judía (AMIA) en Buenos Aires, no condenara el terrorismo de Hamás y apoyara esta resolución”.
Por su parte, el ministerio que conduce Felipe Solá indicó, también en una nota oficial, que, “más allá de disentir con algunas apreciaciones de las autoridades israelíes, la Argentina espera que pueda interpretarse el verdadero sentido de la acción de las Naciones Unidas en la materia, así como la necesidad de investigar en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos, por todos los actores, de conformidad con las normas del derecho internacional”.
El texto no expresa ninguna condena específica al accionar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), más allá de que le caben las mismas responsabilidades que a cualquier gobierno dado su control efectivo de la Franja de Gaza desde 2006 y su decisión –reiterada– de lanzar misiles contra zonas residenciales en Israel. Sin embargo, destaca que la idea de la investigación incluye también sus decisiones de guerra, no solo las israelíes.
Siguió así una declaración anterior, la referida específicamente al voto en la ONU. “Debemos lamentar al menos 269 víctimas fatales palestinas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, incluidos 70 niños y niñas, y 12 muertes israelíes, entre ellos dos niños, así como miles de heridos”, señalaba. Un texto previo –emitido en plena confrontación– había hecho referencia a la represión desmedida de las protestas desatadas por el previsto el desalojo judicial de varias familias árabes en Jerusalén oriental en beneficio de israelíes, origen de la confrontación reciente, algo que también ofendió al gobierno israelí.
Tras la comparecencia de Urribarri a la Cancillería en Jerusalén, ambas partes trataron de bajarle el tono al entredicho. Argentina es un país muy importante para Israel dado que alberga a la mayor comunidad judía de América Latina y la séptima del mundo, la que –como la sociedad toda– sufrió los atentados de 1992 y 1994.
“Se dejaron asentadas las posiciones porque, de hecho, la votación ya sucedió”, le dijo un vocero israelí a Letra P. Sin embargo, en la charla con el embajador se dejó constancia de que ese país espera más apoyo nacional en crisis como la reciente.Ante eso, Urribarri reafirmó la postura tradicional de la Argentina acerca del conflicto con el pueblo palestino, que debe estar basado en una solución que atienda la necesidad de erigir un Estado árabe “independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad”.
En la Cancillería nacional, por otra parte, aclararon que la Argentina se limitó a votar a favor de la investigación y se cuidó de no anticipar juicios, mientras que quien habló de posibles “crímenes de guerra” israelíes fue la titular del Consejo, la chilena Michelle Bachelet.
La crisis bilateral se produce cuando Israel se prepara para un probable cambio de gobierno, uno que terminaría con la extensa hegemonía del derechista Benjamín Netanyahu y daría lugar a una amplia alianza que haría eje en el partido centrista de Yair Lapid y que se extendería, en sus confines, desde agrupaciones árabes israelíes hasta la agrupación del ultraderechista Naftali Bennett.
Este, en efecto, podría ocupar el cargo de primer ministro en un esquema rotativo con Lapid y su aceptación –táctica– de integrarse a una alianza que contradice sus convicciones ideológicas parece basarse en su voluntad de terminar con Netanyahu y erigirse en el nuevo dueño de la derecha israelí, una que sería todavía más ultra que la que ha predominado con este último entre 1996 y 1999 y de 2009 en adelante.
Bennett es un religioso que tiene su principal base electoral justamente entre los colonos de Cisjordania. Este hijo de inmigrantes estadounidenses ha llegado a decir que es impropio hablar de ocupación en Cisjordania porque “nunca existió un Estado palestino que ocupar”. Otra de sus definiciones recordadas es que “a los terroristas hay que matarlos, no liberarlos”.
La diplomacia nacional sigue oscilando, en varios temas, entre las posturas tradicionales del país, profesionalmente sustentadas, y la necesidad del presidente Alberto Fernández de sobreactuar para contener a su ala izquierda. Así, el mencionado comunicado emitido durante la guerra reciente se refirió con justicia a la desproporción de la respuesta de Israel a los disturbios iniciales generados por el desalojo de las familias palestinas, pero falló en condenar un ataque indiscriminado de Hamás a zonas residenciales de ese país, efectivo inicio de la confrontación militar. También, el propio jefe de Estado sorprendió recientemente al señalar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.
Fiel a su estilo, Fernández hace equilibrio. El lunes invitó a la Casa Rosada a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para aclararles que el Gobierno no le da legitimidad alguna a Hamás y que, más allá de las diferencias conocidas, mantiene una muy buena relación con Israel.
Ante eso, el Llamamiento Argentino Judío, una agrupación que busca representar a los sectores progresistas de la comunidad pero que, en los hechos, tiene una fuerte impronta kirchnerista, advirtió que “la institución de la calle Pasteur representa únicamente a los sectores más conservadores de derecha de la colectividad. De hecho, la DAIA es la responsable de la acusación de traición a la patria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner –querella en la que todavía persiste– y fue quien motorizó la detención de Héctor Timerman, situación que le impidió la continuidad de su tratamiento contra el cáncer, hecho que finalmente le causó la muerte”.
La sábana siempre es tan corta…
Por Marcelo Falak – Letra P