SAISIDA indicó que hubo “falta de previsibilidad” del gobierno en su compra y distribución. Estos exámenes se realizan a personas bajo tratamiento para ver si el virus es intransmisible.
Este reclamo se suma al informe que la Fundación GEP publicaba el 29 de julio en el que, por retraso de las compras y la merma de la disponibilidad de drogas, podía peligrar “el tratamiento de 15 mil personas”. Dos días después el Boletín Oficial publicó las compras de antirretroviareles para garantizar los tratamientos a las personas que se atienden en el sector público.
“Un Estado que degrada el Ministerio de Salud a Secretaria, un Estado cuyos funcionarios no planifican las compras de insumos y generan incertidumbres permanentes no puede ejecutar una política sanitaria que garantice la salud pública”, concluyó el comunicado.
Fuente: Ambito