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Cooperación antártica: ¿a qué costo? Por Jorge Argüello

Ni aun en nombre de la más alta ciencia Argentina puede distraerse de su obligación jurídica, política e histórica de reivindicar sus derechos sobre las islas.

Hace unas dos semanas, el 26 de septiembre pasado, el Reino Unido registró en el puerto de las islas Malvinas a su nuevo y flamante buque de investigación antártica, el RSS Sir David Attenborough, que lleva el nombre de uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo. Este buque, dependiente del British Antarctic Survey, realizará tareas de cooperación e investigación conjunta con nuestro país en la Antártida.

Hasta allí todo suena noble y encomiable. Salvo por un detalle.

El Attenborough está registrado como nave en las islas Malvinas y enarbola la bandera del ilegítimo gobierno de las islas. Conforme el derecho del mar, el vínculo entre un buque y su bandera es un ejemplo claro del ejercicio de la soberanía estatal.

Londres, al registrar el barco en Malvinas, produce un hecho político; la afirmación de su pretendida soberanía sobre un territorio en disputa con Argentina, situación reconocida por la comunidad internacional.

La controversia antártica. La Antártida configura hoy uno de los principales reservorios mundiales de agua dulce y minerales. Desde 1961, el Tratado Antártico establece el uso exclusivo del continente blanco para fines pacíficos, con libertad de investigación científica y un compromiso de intercambio de información al respecto.

El Tratado, y este es un punto clave, “congela” las reclamaciones territoriales por parte de los siete Estados que originalmente –al tiempo de la celebración del tratado– tenían pretensiones de soberanía sobre distintas partes del continente antártico (Argentina, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Australia y Nueva Zelanda).

Argentina mantiene una ininterrumpida presencia en la Antártida desde 1904. Hoy tiene 13 bases permanentes y temporarias, más que cualquier otro país, y administra una serie de refugios que sirven de resguardo y apoyo para los trabajos de campo de expediciones que operan alejadas de las bases. Ello representa un espacio de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados y se superpone con los reclamos soberanos del Reino Unido y Chile.

Las islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833, se convirtieron en un punto de trascendental importancia para la pretendida proyección antártica británica sobre la totalidad del Sector Antártico Argentino. Tanto, que el Reino Unido considera propio ese territorio y lo denomina British Antarctic Territory. Sin su presencia en las islas Malvinas, el Reino Unido perdería esa proyección antártica.

Es por ese mismo motivo que Argentina ha firmado decenas de acuerdos de cooperación científica bilateral con distintos países, pero nunca –y ni siquiera bajo el “paraguas de soberanía” de los 90– con el Reino Unido.

Así fue hasta la gestión del actual gobierno.

Fruto envenenado. El giro en la política nacional antártica del actual gobierno es un fruto envenenado del acuerdo internacional celebrado por los gobiernos del presidente Macri y la primera ministra británica, Theresa May, en 2016 y que lleva el nombre de los vicecancilleres que lo suscribieron: Foradori y Duncan. En palabras del canciller argentino, se buscó con este inédito giro político “recrear confianza y crear condiciones para un diálogo” con el gobierno británico.

Menos de dos años después, el 14 de mayo de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Científica Antártica entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, estableciendo un peligroso precedente para nuestra posición jurídica.

Así, el país aceptó cooperar en materia de investigación científica y tecnológica antártica en el área geográfica de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980), pese a que el Reino Unido, con sucesivas acciones unilaterales, ha violado sistemáticamente el régimen multilateral prescripto por dicha Convención.

Precedentes. En particular, el caso del Attenborough genera dos precedentes de riesgo jurídico para la posición argentina. Una consiste en emprender tareas conjuntas con un buque registrado ilegalmente en las Malvinas, una aceptación tácita de la capacidad del ilegítimo gobierno isleño de hacerlo con otras embarcaciones. Aún más grave es que el buque pretenderá amarrar en los puertos antárticos argentinos constituyendo una violación flagrante y expresa de la Ley de la Provincia de Tierra del Fuego 852 (Ley Gaucho Rivero), que prohíbe el amarre en puertos provinciales de buques con la bandera del ilegítimo gobierno de Malvinas.

A ello sumemos el desaire del gobierno argentino al apoyo regional concretado en distintos organismos y foros latinoamericanos: los Estados miembros están comprometidos a no permitir el ingreso a sus puertos de buques con bandera de la colonia británica instalada en Malvinas.

Concesiones cómplices. El Reino Unido continúa con su política de consolidar su aspiración valiéndose de la buena voluntad, de la complicidad y del inmovilismo del gobierno nacional en la cuestión Malvinas. Resulta evidente que la estrategia nacional sostenida en los últimos años ha demostrado ser ineficiente y contraria al interés nacional.

El propio canciller Jorge Faurie consideró a la Antártida como “patrimonio común de la humanidad” en ocasión de la visita del rey de Noruega en marzo de 2018, contrariando la histórica posición que nuestro país ha mantenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas negando la posibilidad de considerar a la Antártida de esta manera.

Como se sabe, el Tratado Antártico se limitó a mantener la situación territorial existente al momento de su firma. Pero no impone –ni impide– a un Estado parte que renuncie a sus derechos de soberanía sobre el territorio. De allí la gravedad institucional de la posición pública del canciller argentino.

En la proyección colonialista británica sobre el Atlántico Sur, la ciencia y la geopolítica han ido de la mano desde las épocas de Charles Darwin, que llegó a las Islas Malvinas semanas después de la usurpación de 1833. El teórico de la evolución asentó en su bitácora la “sorpresa” que se llevó cuando vio flamear la bandera inglesa en las islas.

Hoy, ni siquiera en nombre de la más alta ciencia el Estado argentino puede distraerse de su obligación jurídica, política e histórica de reivindicar sus derechos sobre las Malvinas y de mantener sus lógicas reivindicaciones sobre el Sector Antártico Argentino. Hasta Darwin lo entendería.

Artículo publicado en PERFIL

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