Tres de los principales referentes de la industria en la región analizan el tamaño y valor de un marco legal para el desarrollo de la industria del cannabis en el país.
El marco regulatorio para la industria del cannabis en la Argentina es el centro de los análisis y los debates entre los especialistas.
Según María Laura Sandoval, “hablar de un marco regulatorio del cannabis en nuestro país es hablar del ingreso del sector agropecuario, industrial, pharma y tecnológico a un mercado internacional que mueve miles de millones de dólares anuales y se encuentra en una curva de crecimiento constante. Se trata del ingreso de inversiones, algunas que ya son visibles. Canopy Growth Corporation, Aphria, Players Network, Blueberries, Tilray, Aliance, entre otras, son las empresas verticales que lideran la industria internacional y ya están asentadas en Argentina sea de manera directa o mediante sus subsidiarias. También es generación de empleos (calificado y primario), soporte a las economías regionales, aumento de las exportaciones, mejora en la cultura de control de cultivos, mejora de suelos, crecimiento de las economías verdes derivadas del cáñamo y dinamismo y crecimiento de las industrias asociadas (pharma, alimentación, investigación, tecnologíaas, etc.)”.
Sandoval agrega: “Lo que permite un marco regulatorio responde a equiparar beneficios para empresas extranjeras y nacionales – hoy nuestro sector agro tiene que irse a Uruguay para no perder la oportunidad- y además sirve para gestionar proyecciones de impactos; por ejemplo, hay países que permiten la importación de materias primas hasta tanto la producción local llegue a abastecer a la industria. De la misma manera que las extensiones de cultivos en hectáreas deben programarse para no matar los cultivares regionales”.
La CEO de Cannabis Austral trabaja junto a otros empresarios en la propuesta de un marco regulatorio argentino desde la CamAICann (Cámara Argentina de la Industria del Cannabis).
Por su parte, Marco Algorta sostiene que “la pregunta ya no es más si el uso médico del cannabis se va a regular en el mundo, sino ¿cuándo y cómo se va a normar? Es que el escenario está compuesto, por un lado, por los pacientes de diversos diagnósticos que demandan los cannabinoides, y por otro lado, un contexto internacional que favorece la regulación de derivados del cannabis”.
Algorta añade: “El potencial de Argentina en el sector es enorme y al ser una agroindustria, refiere a lo que mejor saben hacer los argentinos. Creo que deberían apresurarse, ya que esto va muy rápido, es una industria demasiado ágil y Argentina aún no definió sus reglas de juego”.
En este sentido, Sandoval refuerza: “En nuestro país se están sumando gobiernos provinciales, próximamente se informarán dos nuevas provincias que cierran los acuerdos con INTA y Conicet, tal como lo indica nuestra ley. Otras tantas están desarrollando proyectos, incluso algunos gobiernos municipales se animan a sumarse a esta industria. El problema es que todo surge sobre la base de la Ley 27.350, que está pensada para la investigación y el uso medicinal, por lo que no ofrece protocolos de ingreso o licencias. En otras palabras, no proyecta impactos como cualquier otra actividad económica, impactos que beneficien a nuestras comunidades y capitales de inversión nacional”.
Según Sandoval, “todos los proyectos de ley que he visto hasta el momento están hechos pensando en la demanda de salud, pero ninguno evalúa un marco regulatorio de la industria en sí misma. Esto es peligroso porque surgen normas ambiguas y escasas que no contemplan el desarrollo económico de las comunidades argentinas, ya no sólo del cannabis medicinal sino también del cáñamo, que alimenta subindustrias como textil, alimentario, bioenergías, construcción, bioplásticos. Especialmente porque sin un protocolo de ingreso desconocemos los orígenes de los fondos de los capitales que actualmente tenemos trabajando en la industria dentro de nuestro país. Las empresas del sector que ya están asentadas en nuestro país son de nivel internacional, todas de capitales extranjeros, pero nuestros potentes sectores agropecuario e industrial no pueden invertir y deben sacar sus budget de inversiones productivas a otros países regulados. Esto sumado a la crisis argentina es una pérdida de miles de millones de dólares futuros para nuestras economías regionales, y los impactos en cascada de gestión del conocimiento, salud pública y privada, tecnología y competencia internacional”.
A la pregunta sobre cuánto vale un marco regulatorio en Argentina, Gastón Rodríguez Lepera responde: “Vale billones. El informe de New Frontier Data para 2019 prevé un valor de 1.000 millones de dólares para el sector medicinal de cannabis argentino, la mitad del valor de mercado brasilero que tiene cinco veces más demografía. Esta previsión es sin contar “hemp”, que sería el cultivo industrial para el mercado de derivados”. Explica además que “el marco normativo determina reglas de juego, marca la cancha. Argentina demora en madurar la decisión, pero cuando se organicen los jugadores tendrá una fuerza de ataque para tomar el control del partido. Esta analogía futbolera viene al caso porque la industria agropecuaria, además de la farmacéutica, es una máquina gigante que está descubriendo poco a poco el potencial económico del cultivo y sus derivados como producto de exportación”.
Finalmente, Sandoval concluye: “Si Argentina no hubiese tenido temor a hablar de un marco regulatorio que transparente el accionar de las empresas que ingresan, hoy tendríamos una industria que estaría moviendo millones de dólares en inversiones, en economía real y productiva y proyectando la exportación de semielaborados y elaborados que contribuyan a una nueva matriz de agro con valor agregado y dando soporte a la inestabilidad de las economías regionales”.
“Lamentablemente tenemos esta nueva restricción de movimientos de divisa extranjera que sigue favoreciendo a los grandes jugadores de la industria (canadienses y estadounidenses) y relega al sector de inversiones productivas nacionales incluso evitándoles la operatividad de sus proyectos en países normados. Esto significa una pérdida multimillonaria para los argentinos”.
Fuente: Ambito