La asunción del nuevo gobierno nacional no sólo trajo un cambio de presidente para la Argentina, sino un nuevo orden de prioridades en las agendas internas y exterior, y eso incluye reponer en primera línea la Cuestión Malvinas y hacer de ella, definitivamente, una política de Estado.
Como explicó el presidente Alberto Fernández ante el Congreso, al reivindicar extensamente la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que involucran: “No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI”
Los cuatro años que pasaron, como bien definió después el canciller Felipe Solá, fueron “cuatro años de concesiones diplomáticas que significaron un retroceso claro en nuestro histórico reclamo de soberanía”.
En los últimos años se adoptaron medidas que, en los hechos, sólo terminaron facilitando la presencia e intereses británicos en las islas en disputa, sin que nuestro reclamo fuera atendido en lo más mínimo por la contraparte británica. La expresión más acabada fue el Acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre de 2016.
Esta vez, al cumplirse los 187 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas por medio de un ilegal uso de la fuerza en contra de una joven nación, el actual gobierno nacional presentó, como cada año, un comunicado oficial ante la Asamblea General de la ONU reiterando la posición jurídica argentina.
En los últimos cuatro años, el tono de esa misma comunicación fue edulcorado -enmarcado dentro de una política destinada a bajar el tono y la intensidad de nuestro reclamo en todos los ámbitos internacionales- y sin mencionar la Resolución 2065 (1965) o haciéndolo tangencialmente, ni denunciar los constantes actos unilaterales británicos.
Un Consejo Nacional
El nuevo gobierno retomó, con precisión y firmeza, el lenguaje jurídico y diplomático apropiado para una disputa de soberanía como Cuestión Malvinas.
Su documento hace un expresa mención al hecho de que el acto de usurpación británico configuró un acto de fuerza ilegal que expulsó no sólo a las autoridades sino a la población argentina legítimamente instalada y menciona la falta de consentimiento de Argentina a este acto violatorio de su integridad territorial.
También desarrolla lo indicado por la Resolución 2065, rememora el bicentenario de la toma formal de posesión por parte de la Argentina y finaliza con una clara y contundente reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre los espacios usurpados por la potencia colonial británica.
El lenguaje adoptado por la actual Cancillería y la revaloración de la Cuestión Malvinas, cuya área en cancillería recuperó el rango de Secretaría de Estado en el organigrama gubernamental, nuevamente a cargo de Daniel Filmus, son claros indicios de esta recuperación.
Filmus anticipó la decisión de revisar todo lo necesario en defensa de nuestro reclamo de soberanía y conservación de nuestros recursos naturales, sin tomar medidas que lesionen los intereses nacionales ni abandonar el trabajo de identificación de los soldados caídos en la Guerra de Malvinas (1982) y aún no identificados: “el problema no es el paraguas, sino lo que se coloca debajo de él. No lo utilizaremos de ningún modo para ceder soberanía ni para permitir el saqueo de nuestros recursos naturales”.
Además, y por primera vez en la historia, el gobierno se propone formular una política de Estado para la Cuestión Malvinas, debatida y diseñada en el ámbito de un nuevo Consejo Nacional, plural, que incluya a representantes de los ámbitos académicos, políticos, de los veteranos de guerra y de la provincia de Tierra del Fuego para diseñar una estrategia inalterable y a largo plazo.
Argentina tiene ante sí una posibilidad histórica de salir del inmovilismo al que nos llevaron las fallidas políticas de los ’90 retomadas en los últimos años. Mantenemos una responsabilidad implícita con las generaciones futuras: enfrentar el problema y trabajar para solucionarlo de conformidad al derecho internacional.
Debemos romper la inercia y enfrentar el objetivo central e irrenunciable que la Constitución Nacional pone en cabeza de cada argentina y argentino: la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
