En 365 sentencias dictadas desde 2006,1.245 personas fueron condenadas y otras 250 personas fueron absueltas de acuerdo al último informe que publicó este martes la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Además, hay 519 personas privadas de su libertad, de las cuales 440 permanecen en arresto domiciliario.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó este martes la actualización de las estadísticas trimestrales del proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, que dan cuenta de que 1.245 personas fueron condenadas desde 2006, cuando se reanudaron los juicios, mientras que la cantidad de imputados prófugos es de 33.La Justicia declaró de lesa humanidad a los fusilamientos de José León Suárez y ordenó medidas de reparación a 70 años de la masacre
La oficina a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos detalló que desde entonces fueron dictadas 365 sentencias, que también incluyen la absolución de 250 personas. Los datos fueron construidos con base en la información producida por las fiscalías federales y unidades fiscales especializadas que intervienen en todo el país.
Mientras tanto, 283 personas se encuentran procesadas. En la actualidad se llevan a cabo 13 juicios por crímenes de lesa humanidad en diferentes jurisdicciones y otras 61 causas fueron elevadas a juicio. Además, 281 causas se encuentran en la etapa de la investigación preliminar, de acuerdo a la información que publica Fiscales.gob.ar.
Crímenes de lesa humanidad by Iván Gleizer
De acuerdo con el relevamiento, 102 personas fueron sobreseídas y otras 175 se encuentran en la situación de “falta de mérito” para ser procesadas o desvinculadas definitivamente. Otras 76 personas fueron indagadas y aguardan la definición de su situación procesal, mientras que otras 510 personas se encuentran imputadas por el Ministerio Público Fiscal en las causas en trámite. La cantidad de imputados prófugos es 33; continúa estable respecto de reportes anteriores.
En este contexto, 1.559 personas se encuentran en libertad, mientras 519 permanecen detenidas. La mayor parte, 440, en arresto domiciliario, mientras que 61 están privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y otras 18 en distintas unidades penitenciarias del país.
A 50 años del último golpe de Estado sucedido el 24 de marzo de 1976, el Ministerio Público Fiscal desarrolló un micrositio que pone a disposición material audiovisual, estadísticas, resoluciones, documentos, dossier de sentencias e información sobre el estado actual del proceso de juzgamiento en todo el país, que expresan la magnitud del trabajo colectivo que hizo posible la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
El sitio tiene el objetivo de visibilizar un proceso único en el mundo, contado por sus protagonistas, al tiempo que pone de manifiesto el compromiso que el MPF mantiene con la investigación de los crímenes contra la humanidad, de acuerdo con las obligaciones internacionales que el Estado argentino asumió. Para ello, “desarrolló una política criminal que se sostiene desde hace más de dos décadas, y que este micrositio permite acentuar y jerarquizar”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Sentencias Pronunciadas en Juicios de Lesa Humanidad en Argentina hasta 2025 by Iván Gleizer
Algunos de los prófugos
Años atrás, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró el listado con los datos principales de 25 de los prófugos: seis en Rosario, cinco en Mendoza, tres en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en La Plata y en Mar del Plata, y uno en Salta, en San Juan, en Tucumán y en Formosa.
Se trata de once ex miembros del Ejército, cuatro civiles, un ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, tres que revistaron en la Armada, dos ex policías federales, un ex policía de Mendoza, dos ex policías de Santa Fe y un ex miembro de la Fuerza Aérea.
La Ley N° 26.375, de mayo de 2008, creó un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación monetaria a las personas que brinden “datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente, cuando resultasen determinantes para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad”.
Periódicos
Algunos de los prófugos
Rosario
El Juzgado Federal N°4 ordenó las capturas de las siguientes personas:
- El civil Carlos Gabriel Jesús Isach (DNI 11.125.509) está prófugo en las causas “Guerrieri V” y “Harte y otro”. El ex policía de la provincia de Santa Fe César Heriberto Peralta (DNI 11.672.501) es buscado en las causas “Feced III” y “Díaz Bessone”.
- El ex policía de la provincia de Santa Fe Antonio Tuttolomundo (DNI 12.404.990) está profugo en la causa “Galdame”.
- El civil Eduardo Rebechi (DNI 8.412.747) está prófugo en la causa “Jordana Testoni”.
- Los ex miembros del Ejército Miguel Ángel Vera (DNI 10.151.475) y Gustavo Francisco Bueno (DNI 7.841.971) son buscados en la causa “Luna Villazo”.
Mendoza
- Los ex miembros del Ejército Jorge Gallo Linares (DNI 7.792.845) y Alberto Horacio Silva Julita (DNI 4.393.418) son buscados en la causa “Báez”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de San Rafael.
- El ex policía provincial Alejandro Vicente Michelutti (DNI 11.827.601) está prófugo en la causa “Departamento de Policía – D2 residual”. Su captura fue ordenada por el Juzgado Federal N°1.
- Los ex integrantes del Ejército José Luis Piedra (DNI 7.740.810) y Héctor Adán Giménez (DNI 4.605.469) son buscados en la causa “Destacamento de Inteligencia 144 residual”. Las órdenes de detención fueron libradas por el Juzgado Federal N°1.
Bahía Blanca
- Los ex integrantes del Ejército Argentino Carlos Alberto Arroyo (DNI 10.554.063), Miguel Ángel García Moreno (DNI 4.420.438) y Roberto Carlos Brunello (DNI 7.699.908) se encuentran prófugos en la denominada “causa Ejército”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°1 de esa ciudad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- El ex policía federal Juan Carlos Linarez (DNI 6.441.275) y el ex miembro de la Armada Jorge Vildoza (DNI 3.793.179) son buscados en la causa “ESMA”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°12.
La Plata
El Juzgado Federal N°1 ordenó las capturas de las siguientes personas:
- El ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Jorge Luis García (DNI 12.476.318) está prófugo en la causa “Unidad 9”.
- El ex policía federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga (DNI 4.364.071) es buscado en la causa “Cugura-Casado”.
Mar del Plata
- Los ex integrantes de la Armada Horacio González Llanos (DNI 8.521.686) y Luis Esteban Kyburg (DNI 7.789.885) son buscados en la causa “Base Naval-residual” por orden del Juzgado Federal N°3.
Salta
- El ex miembro del Ejército Oscar Chapur (LE 7.284.968) está prófugo en la causa “Figueroa Elías”. La orden de detención fue librada por el Juzgado Federal N°2.
San Juan
- El civil Fernando Federico Delgado (DNI 7.648.868) es buscado por orden del Juzgado Federal N°2 en la causa “Rojas”.
Tucumán
- El ex miembro del Ejército Héctor Mario Schwab (DNI 8.097.470) es buscado en la causa “Jefatura de Policía III”, por orden del Juzgado Federal N°2.
Formosa
- El ex integrante del Ejército Ángel Ervino Spada (DNI 5.082.955) está prófugo en la causa “Genes”. Su captura fue ordenada por el Juzgado Federal N°1.
¿Qué es un crimen de lesa humanidad?
Un crimen de lesa humanidad es un delito grave cometido por el Estado. Se realiza de manera sistemática o generalizada contra la población civil, y expresa la realización de un plan.
Durante la dictadura en Argentina se implementó un sistema clandestino de represión desde el que se cometieron desapariciones forzadas, robo de niños y niñas, asesinatos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, entre otros.
NoticiasArgentina
Los efectos de los delitos cometidos continúan hasta la actualidad, dado que hay niñas y niños que todavía no fueron encontrados/as y personas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.
Por la forma aberrante en que se comenten, sus objetivos y los recursos utilizados estos hechos son considerados delitos que afectan a toda la humanidad y, por ese motivo, no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento con el fin de evitar su impunidad.
¿Por qué es importante juzgar estos crímenes?
Su juzgamiento es un imperativo del Estado de derecho y de los compromisos asumidos a nivel internacional.
Los juicios ayudan a construir el consenso social de que ciertos hechos no son aceptables en ningún contexto.
Además, permiten visibilizar la magnitud de la violencia ocurrida durante el terrorismo de Estado, conocer lo ocurrido, darles voz a las víctimas y a sus familiares y que puedan encontrar, así, una forma de reparación.
¿Cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal (MPF) en los juicios de lesa humanidad?
Los y las fiscales promueven la acción penal pública. Llevan adelante las investigaciones y, como en todos los juicios orales, ejecutan la acusación. También intervienen en el control del cumplimiento de las condenas. Teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de estas causas, se realizaron cambios en la organización interna MPF para asegurar la especialización de las intervenciones. Así, los y las fiscales tuvieron un rol preponderante en probar los hechos, mostrando las particularidades de la represión en cada jurisdicción y demostrando la responsabilidad de cada uno de los condenados.
La Procuración General sostiene una política de firme compromiso con la investigación penal de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el Terrorismo de Estado, materializado en la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el Terrorismo de Estado y Unidades de asistencia para estas causas en todo el país. A su vez, se conformaron equipos interdisciplinarios para atender en la investigación y juzgamiento de estos delitos y se implementó una política de monitoreo constante del proceso de justicia, entre otras medidas.
Análisispolítico
La Justicia declaró de lesa humanidad a los fusilamientos de José León Suárez
A setenta años de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró este lunes que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución. La sentencia, dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, establece además una serie de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.
El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez, donde varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada una de las obras fundacionales del periodismo de investigación en América Latina.
Reportajes
La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Allí, la magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda de la localidad de Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.
Según la resolución, doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde fueron fusiladas. Como consecuencia de la masacre murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete lograron sobrevivir. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes más conocidos del caso, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias del juicio.
Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, la jueza estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.
“Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, sostuvo la magistrada al fundamentar la importancia del proceso judicial.
El juicio se desarrolló durante tres jornadas y contó con la participación de familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y referentes de organismos de derechos humanos. La querella estuvo a cargo de los abogados Alberto “Pepe” Palacios y Walter Omar Arias, integrantes de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.
Además de declarar la responsabilidad estatal y reconocer el carácter de lesa humanidad de los crímenes, la jueza dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias. Entre ellas se encuentra la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y la incorporación de los hechos en los contenidos educativos nacionales y bonaerenses.
La resolución también ordena la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a los allanamientos, detenciones y fusilamientos, así como la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez. Asimismo, los nombres de las víctimas serán incorporados al registro estatal de víctimas de violencia institucional.
El juicio tomó como antecedente la experiencia desarrollada en el denominado Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando la Justicia Federal reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas qom y moqoit en la provincia del Chaco.
Para los familiares de las víctimas, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, había expresado durante las audiencias Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.
Fuente: ElDiarioAR