La recomposición acordada en junio no llegó a recuperar lo perdido. Por incumplir la ley, resta que la justicia imponga multas personales a las autoridades responsables.
El conflicto universitario vuelve a poner al salario en el centro de la escena. Mientras docentes y no docentes realizan este martes un nuevo paro nacional de 24 horas en rechazo a la oferta del Gobierno, los números muestran que la recomposición acordada en junio quedó lejos de recuperar lo perdido: aun después de un aumento del 21,3 por ciento, el salario docente universitario continúa 22 por ciento por debajo del nivel de noviembre de 2023. Y la nueva propuesta oficial, de apenas 3 por ciento sobre el básico de septiembre, no alcanza para compensar la inflación acumulada.
Los datos surgen del informe “Presupuesto universitario — septiembre 2026” del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), que analiza la evolución de los recursos destinados a las universidades y el deterioro de los salarios durante la gestión de Javier Milei. Según el estudio, el incremento aplicado en junio permitió una recuperación parcial, pero no logró devolver los ingresos docentes al nivel que tenían antes del cambio de gestión en el Ejecutivo. Para volver a ese punto de referencia, el salario debería aumentar otro 28,5 por ciento.
Al no recomponer esta pérdida de ingresos, la gestión libertaria incumple la Ley de Financiamiento Educativo. “El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, dice que están cumpliendo la Ley ‘en la medida que el presupuesto se los permite’. Pero el Gobierno debería readecuar las partidas necesarias para garantizar la recomposición salarial y no lo está haciendo. Entonces, es mentira que acaten la Ley. Lo que sigue es que la Justicia imponga multas personales a las autoridades responsables: el presidente Milei, la ministra de Capital Humano y el subsecretario”, sostiene Guillermo Duran, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrega: “No solo es peligroso para las universidades, sino también para la institucionalidad democrática del país que una ley se cumpla solo cuando al Gobierno le gusta y que, si no le agrada, no la acate”.
Los datos muestran que, antes de la recomposición salarial acordada entre el Gobierno y los gremios en junio de este año, el salario docente universitario había perdido el 35 por ciento de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
El paro de este martes se inscribe precisamente en ese escenario. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales llevó adelante una huelga de 24 horas que paralizó las actividades académicas, de investigación y administrativas en las universidades de todo el país, luego del fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre. Los gremios rechazaron el esquema oficial de 3 por ciento para septiembre y octubre y reclaman una recomposición que permita recuperar lo perdido.
“Estamos más cerca de la pobreza y la indigencia que de la clase media”, sostiene Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE-CTERA. Según explica, el salario mínimo docente se ubica en 500.000 pesos por media jornada. Una jornada completa apenas alcanza el millón de pesos. En contraste, la canasta básica total que marca el umbral de la pobreza ronda los 1,5 millones de pesos, mientras que, de acuerdo con el Indec, se necesitan alrededor de 2,3 millones para alcanzar el nivel de ingresos correspondiente a la clase media. A esto se suma que el Gobierno no homologó este piso salarial en la paritaria nacional. La negociación se reabrirá la próxima semana y, si no se alcanza un acuerdo, los gremios volverán a impulsar una nueva movilización universitaria.
Partidas para financiar la educación
El conflicto no se limita, sin embargo, a la discusión salarial. También está en juego el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso después de que el Ejecutivo intentara frenarla mediante un veto. El Gobierno no aplica plenamente la norma, lo que implica mantener parte del ajuste presupuestario sobre las universidades. El propio informe del CIEN señala que los montos ejecutados desde junio solo revirtieron parcialmente la asfixia presupuestaria acumulada durante los últimos años.
La dimensión del ajuste aparece con claridad al observar la ejecución de los recursos. Entre enero y julio de 2023 y el mismo período de 2026, el presupuesto asignado a la Educación Superior cayó 40,5 por ciento en términos reales, de acuerdo con el informe mencionado. Es decir, aun considerando el aumento nominal de las partidas, los fondos efectivamente destinados al sistema universitario perdieron cuatro de cada diez pesos de poder de compra frente a 2023.
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, advierte sobre las dificultades que genera la incertidumbre presupuestaria: “No podemos planificar a corto y mediano plazo, ya que no sabemos con qué presupuesto vamos a contar. No hay una adecuación a la Ley y estamos trabajando, fundamentalmente, con presupuestos prorrogados. En nuestra facultad, por ejemplo, recién a partir de agosto tuvimos partidas asignadas para gastos”.
Pero el ajuste tuvo un destinatario principal: los trabajadores universitarios. De acuerdo con el reporte del CIEN, el 81,7 por ciento de la reducción real del presupuesto se explica por la caída del gasto destinado a salarios docentes y no docentes. En concreto, de los 40,5 puntos porcentuales de ajuste acumulados entre enero y julio de 2023 y 2026, el 22,4 corresponde a salarios docentes y autoridades superiores y otros 10,7 puntos a las remuneraciones del personal no docente.
El informe advierte, además, que el presupuesto vigente para 2026 se encuentra 25,3 por ciento por debajo del ejecutado en 2023 en términos reales.
Por Mara Pedrazzoli-P/12