Lanzaron el Programa de Seguridad Migratoria
Inspirado por Trump, el Gobierno publicó un decreto que habilita a todas las fuerzas de seguridad federales a participar de acciones de inteligencia, detención y deportación ante cualquier extranjero sospechado de no tener los papeles en orden.
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un programa que redobla el control contra extranjeros al estilo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) estadounidense y con el cual le dará carta blanca a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad formaliza y le da cuerpo a lo que hasta ahora era sólo un lineamiento de trabajo para vigilar y castigar a los extranjeros, surgida bajo la inspiración de las cacerías antimitratorias de Donald Trump.
De hecho, por esos días la ministra Alejandra Monteoliva había manifestado públicamente su intención de enlistarse a esas políticas y publicitó en redes sociales la expulsión de extranjeros que acusados de delitos o que permanecían en el país sin haber tramitado la documentación correspondiente.
El Programa de Seguridad Migratoria
El nuevo Programa de Seguridad Migratoria oficializado en la Resolución 551/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial comenzará con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esas unidades trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”.
Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución.
Oídos sordos a las críticas
La decisión de institucionalizar la persecución contra extranjeros, particularmente de los países fronterizos, es una afrenta del Gobierno a todos los sectores que pusieron en tela de juicio su alineamiento con el ICE de Trump (que dicho sea de paso también es duramente cuestionado en los Estados Unidos y le trae dolores de cabeza a los organizadores del Mundial de fútbol que se juega allí).
Uno de los sectores que cuestionó públicamente a esas políticas fue la Iglesia Católica argentina, que durante el Tedeum del 25 de Mayo y tras un encuentro nacional de obispos sostuvo que los supuestos operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.
Además, indicaron que la actual política migratoria “no responde a la acción de un Estado garante de derechos” y sostuvieron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.
Desoyendo los cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei flameó en su resolución ministerial los clásicos argumentos con los que los sectores de la derecha responsabilizan a los extranjeros de los problemas nacionales.
Por ejemplo, entre las exageraciones incluidas en los considerandos, la nueva normativa aduce la existencia de “movimientos migratorios” que “tienen un carácter irregular o ilícito, y pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que se “infiltran” en el país y que por ello “constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
Fuente: P/12