El hombre de los derechos humanos en el gobierno de Milei
En su tribunal, Baños les decía a sus empleados que el mundo se dividía en dos: la civilización occidental y cristiana, por un lado, y el ERP, por el otro. En esa dependencia, había cobijado al hijo de Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA.
Para Alberto Baños, el mundo se divide en dos: la civilización occidental y cristiana y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así se lo hizo saber a un empleado que trabajaba, a mediados de los ‘90, en el Juzgado Nacional 27, que estaba a cargo del actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. En esa dependencia también se desempeñaba el hijo de Jorge Eduardo “Tigre” Acosta, el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que decía que hablaba con “Jesucito” para decidir qué prisionero se “iba para arriba”, en una alusión a los vuelos de la muerte. Estas pinceladas sirven para trazar el perfil de un funcionario cuya empatía con los perpetradores no comenzó con el gobierno de Javier Milei.
Corría el año 1995 cuando dos empleados del juzgado de Baños decidieron escaparse un rato antes para participar de una marcha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Al regreso, el de mayor rango se encontró al juez sentado en su lugar de trabajo.
–¿Dónde fuiste sin autorización? —le preguntó.
–A una marcha del gremio —le respondió.
–Mirá, Negro, para que te quede clarito: el mundo se divide en dos, civilización occidental y cristiana o ERP. Por lo visto, vos ya elegiste, y elegiste mal.
La situación fue tan tensa que el empleado se quedó unos meses más en el juzgado hasta que decidió irse.
En esos años, la discusión sobre lo sucedido en la dictadura había comenzado a reactivarse, fundamentalmente por dos hechos: la emergencia de los HIJOS de los desaparecidos como actores políticos y la confesión que el marino Adolfo Scilingo le había hecho al periodista Horacio Verbitsky sobre el método de eliminación de los prisioneros que se implementaba en la ESMA.
En aquel momento, Gonzalo Eduardo Acosta trabajaba en el Juzgado 27 de Baños. En la web figura una resolución que da cuenta de que su nombramiento como prosecretario administrativo se realizó en 1997 y se prorrogó dos años después. La resolución llevaba la firma de Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema de la mayoría automática menemista.
Gonzalo Acosta es hijo de Jorge Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA. Nada tiene que ver con los crímenes por los que su padre purga la pena de prisión perpetua. Sin embargo, hay un testimonio que daría cuenta de cierta afinidad ideológica con su progenitor.
Desde 2001, Acosta (hijo) dejó la justicia de instrucción nacional para pasar a desempeñarse en el Ministerio Público bonaerense. En 2007, el fiscal general de San Isidro Julio Novo asignó a Luis Angelini como secretario de la fiscalía de Pilar. Su primer encuentro con Gonzalo Acosta no fue del todo grato.
–¿Vos sos hijo de los montoneros? —le preguntó Acosta (h), que para entonces ya ejercía como fiscal.
Posiblemente, pensaba que era hijo de Luis Alberto Angelini, que fue secuestrado en mayo de 1977 en el partido de Lomas de Zamora y permanece desaparecido. Luis Alberto Angelini había sido el responsable sindical de la Regional Sur del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Era homónimo del padre del secretario, pero no tenía vínculo. Pese al error, esa bienvenida marcó el vínculo entre Angelini y Acosta (hijo).
En mayo de 2010, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó detener a José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de Economía de la dictadura, y enviarlo a la cárcel de Ezeiza. La familia presentó un hábeas corpus en la justicia de instrucción.
En menos de 24 horas, el entonces juez Baños hizo su entrada en acción. El magistrado dispuso que Martínez de Hoz saliera del penal y fuera trasladado a la clínica de Los Arcos, como pedía la familia. En diciembre de 2012, los Martínez de Hoz denunciaron a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la presentación, formulada por el hijo homónimo del exministro de la dictadura de Jorge Rafael Videla, se citaban párrafos completos del fallo de Baños y se decía que “afortunadamente” había intervenido. En la resolución, Baños señalaba: “Se observan groseras acciones de omisiones que de forma manifiesta y clara, en cualquier modo, pueden vulnerar una garantía constitucional protegida, el juez, un juez, el que corresponda, debe remediar de inmediato la situación, aún cuando ésta fuera provocada por otro juez”. Y añadía: “Tengo ante mí que la situación implica un indebido agravamiento de las condiciones de detención”.
Una de las últimas acciones de Baños como juez fue la no investigación del caso de Arshak Karhanyan, el policía de la Ciudad desaparecido en 2019. En 2023, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, llegó a pedir su apartamiento del caso. A los pocos meses, tuvo la poco grata sorpresa de que Baños, ya jubilado, lo iba a reemplazar en el cargo.
Uno de los primeros temas que interesó a Baños como secretario de Derechos Humanos fue la situación de Diego Chemes, un represor que había actuado en el centro clandestino conocido como El Vesubio. El caso de Chemes fue seleccionado por los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean tan solo un día después de la asunción de Javier Milei para pedir que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera un plenario para definir si la prisión domiciliaria debía ser automática a partir de los 70 años.
“Cada vez que Saint Jean presentaba algo, llamaba a Baños. Habían ido al colegio juntos y eran amigos”, contó a Página/12 una fuente que suele tratar con el actual subsecretario de Derechos Humanos. Por influencia de Saint Jean, Baños solía hablar de Chemes como un “pobre penitenciario”, pese a que los testimonios muestran que era un represor consustanciado con el terrorismo de Estado. Era tal el caso, que Chemes llegó a obsequiarle una “capuchita” a una secuestrada para el hijo que estaba esperando.
Saint Jean es hijo de Ibérico Saint Jean, gobernador bonaerense durante la dictadura, e integra la asociación Justicia y Concordia. Es uno de los letrados que impulsa también que se juzgue a los militantes de los años ‘70. Aparecía en los chats con los diputados que fueron a visitar a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza, y había sido designado como vocero para explicarle a Milei cuáles eran sus propuestas para sacar a los represores de la cárcel. Será, además, uno de los oradores en el acto que el próximo sábado se hará en Plaza de Mayo para reclamar impunidad para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Como publicó este diario, uno de los organizadores del evento es Orlando González, condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA. El “Hormiga” González está en arresto domiciliario, aunque sus condiciones son tan laxas que hasta tiene permitido salir a “cazar” ofertas por distintos supermercados y verdulerías de la zona por donde vive.
A poco de asumir, Baños recibió un libro de regalo de mano de José D’Angelo, excarapintada y socio del marido de Cecilia Pando, Pedro Mercado, en distintas iniciativas pro-dictadura, como la revista B1-Vitamina para la memoria de la guerra en los ‘70. D’Angelo sostiene en sus publicaciones que los desaparecidos son un mito y que los organismos de derechos humanos urdieron una estafa para cobrar reparaciones económicas.
Baños pretendía que los funcionarios a su cargo usaran el libro de D’Angelo como manual de acción para detectar una supuesta “estafa”. No sucedió.
Lo que sí pasó es que Baños fue la semana pasada al Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a sostener, como representante del gobierno argentino, que detrás de la denuncia de las desapariciones estaba la búsqueda de un rédito económico. Evidentemente, él, sí, usaba el libro de D’Angelo como inspiración.
Por Luciana Bertoia-Página/12