La Casa Rosada forzó la renuncia para frenar la nueva canasta del IPC, que ponderaba más las tarifas y amenazaba con mostrar un rebote de precios. Caputo aprovechó una cláusula del último informe del Fondo para postergar el cambio metodológico y evitar un salto estadístico.
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC reveló un cálculo político que tiene respaldo en la letra chica del acuerdo con Washington. El Gobierno decidió intervenir el calendario estadístico y frenar el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para blindar la narrativa de la desinflación. Para hacerlo, el equipo de Luis Caputo se valió de una ventana de negociación que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) había dejado abierta en octubre: la discusión sobre los “tiempos políticos” de la medida.
En su último staff report, el organismo multilateral fue claro en la necesidad técnica de actualizar la canasta para “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos”. Algo en lo que el economista que estuvo seis años frente al organismo estadístico estuvo trabajando, con mediciones simultáneas de las canastas base. Pero el informe del Fondo tiene una salvedad clave: aseguró que el “timing preciso” del lanzamiento se discutiría en el contexto de la próxima revisión.
Esa cláusula funcionó como un waiver implícito, puesto justo durante el momento más álgido de las elecciones legislativas del año pasado. El Gobierno pudo así tener margen de maniobra para postergar la actualización técnica, si ésta amenaza a su programa. Pero en los despachos oficiales la lectura fue que lanzar ahora un índice que pondera más los servicios públicos, justo cuando se modifican subsidios a la energía y el Estado pasa a cubrir una parte menor, era generarse un problema de expectativas inflacionarias, la vara con la que mide el éxito de su gestión.
Una nueva misión del FMI llegaría en los próximos días a la Argentina. En el Fondo omitieron hacer comentarios ante la consulta de PERFIL, pero más allá de la propia discusión de las cuestiones técnicas, será interesante conocer la opinión, si es que se publica, de una entidad que —fuentes al tanto de las discusiones del organismo— está decidida a acompañar al Gobierno de Javier Milei, pero no duda en prender luces amarillas cuando un conflicto político provoca algún tipo de alteración social. Más aún, cuando si bien llenó de elogios a la gestión libertaria por el proceso de desinflación, mira con atención los datos de empleo, en notable deterioro.
El funcionario saliente tenía el nuevo IPC (base 2017/2018) listo y validado técnicamente para salir en febrero con el dato de enero. Y mientras que en una carta a los empleados aseguraba siempre “defender al INDEC”, el propio Luis Caputo admitió en declaraciones radiales: “Marco estaba trabajando en la nueva metodología y tenía como fecha de implementación ahora. Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado”.
Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la canasta se modificará una vez que la inflación llegue a 0%. Un objetivo que el Gobierno esperaba cumplir en 2026, aunque por ahora la expectativa es que la aceleración de precios se sostenga en el piso del 2%.
Lavagna fue legislador del Frente Renovador y con el exministro Sergio Massa en Economía se encargó de las negociaciones con organismos internacionales, con un rol preponderante en las debates con la entidad que conduce Kristalina Georgieva. El economista había logrado atravesar la grieta manteniéndose en el cargo desde 2019 (designado por Alberto Fernández y ratificado por Milei), y era reconocido en la gestión anterior por su perfil “ultra institucionalista”. Sin embargo, en el massismo aseguran que hacía meses no hablaba con el excandidato a presidente y también que sus propias figuras habían cuestionado las estadísticas oficiales en varias ocasiones.
Carta de despedida y clima de tensión
Para reemplazar a Lavagna y contener este frente, Caputo designó a Pedro Lines, un hombre de su confianza que tendrá la misión de administrar el status quo y garantizar que, por ahora, “siga todo como está”. La decisión de mantener el viejo índice (base 2004) implica que los servicios públicos (luz, gas, transporte) continuarán con la ponderación del 9,4% en vez del 14,5% que iba a reflejar la medición actualizada. En un contexto donde los subsidios económicos cayeron un 48% en términos reales, cada aumento de tarifas impactaría con mucha más fuerza en el nuevo índice que en el viejo.
La metodología actual pondera más los bienes (alimentos y ropa), que hoy corren por debajo del promedio por la recesión y el ancla cambiaria. Modificar el termómetro ahora hubiera significado validar un dato de inflación más alto, contradiciendo el relato de convergencia hacia el 2% mensual.
Turismo y balanza: más cortocircuitos
Otro de los cortocircuitos ocurrió con la balanza turística. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, había dejado entrever ese malestar a fines del año pasado, cuando celebró la modificación instrumentada por el Banco Central, que excluyó del cálculo los gastos en servicios digitales (streaming, plataformas) que antes se imputaban como turismo. El argumento del ala sciolista es que las mediciones anteriores distorsionaban la realidad al estimar, por ejemplo, que un turista europeo gastaba un promedio de apenas USD 75, una cifra que consideraban “irrisoria” y que tiraba hacia abajo el ingreso de divisas.
Por otro lado, días atrás la autoridad monetaria también contribuyó en el esquema de contención de expectativas, cuando presentó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) una nueva medida de inflación denominada IPC-S. Una medición particular del índice “núcleo”; es decir, el dato que excluye precios regulados, estacionales, carnes y alquileres, y que es observado con atención al momento de modificar la estrategia de tasas de interés, ya que se trata del componente más “inercial” de la inflación.
Al limpiar todos los componentes volátiles o afectados por la corrección de precios relativos, el Central logró construir un indicador que se ubica “en torno al 2% mensual”.
Por Eugenia Muzio-Perfil