A 20 años del reinicio del proceso de juzgamiento
Entrevista con la abogada que lideró el equipo jurídico del CELS que logró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e intervino en el juicio contra el Turco Julián.
El 28 de junio de 2006, Julio Simón —más conocido como el “Turco Julián”— ingresó con las esposas a la sala de Comodoro Py para ser juzgado por los secuestros de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su hijita, Claudia Victoria. Ese caso había servido un año antes para que la Corte Suprema dictara la inconstitucionalidad de las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Simón se convirtió en el primer condenado en este proceso que lleva dos décadas y en el que 1245 personas fueron halladas culpables de haber cometido crímenes contra la humanidad. Carolina Varsky lideró el equipo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que logró el fallo de la Corte e intervino en ese primer juicio. En una charla con Página/12, hizo un balance sobre aquellos días, lo logrado y todo lo que falta.
—¿Qué significó haber llegado a ese juicio?
—La declaración de inconstitucionalidad de la Corte fue el 14 de junio de 2005 y un año más tarde logramos unificar dos causas: la de la apropiación y la del secuestro de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Valió la pena esperar esa unificación porque permitía mostrar el planteo original que hacíamos sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida: que esas leyes permitían la impunidad por un lado y la persecución por el otro. Fue una experiencia muy interdisciplinaria y muy intergeneracional. De ese juicio surgió otra enseñanza importante. Uno de los jueces se descompuso cuando iba a empezar el debate y ahí planteamos la necesidad de que hubiera un cuarto juez en los juicios. Antes no se usaba esa figura. Después comenzó a pedirse justamente para evitar que un debate se cayera si uno de los integrantes del tribunal no podía continuar.
—Simón hablaba en la televisión, pero no habló en el juicio. ¿Cómo impactó su presencia en la sala de audiencias?
—A mí me impresionó verlo entrar a la sala de audiencias. Era un personaje muy oscuro. No hablaba. Cuando empezaron a leer la acusación se lo veía tranquilo, pero, a medida que avanzaba la lectura, comenzó a frotarse las manos y se lo veía incómodo cuando aparecían referencias al terrorismo de Estado, a las torturas. Apenas empezó el debate proyectaron la entrevista que le había hecho Telenoche Investiga. También eso era novedoso para el tribunal: la pantalla en la sala. En esa entrevista él decía que había participado de la guerra sucia y, cuando le preguntaban si lo volvería a hacer, respondía: “Si la cosa está planteada así exactamente, yo lo volvería a hacer”. Nunca declaró ante el tribunal. Asistió a las primeras audiencias. Más tarde pidió permanecer en una sala contigua.
—¿Cuál fue el impacto de escuchar a los sobrevivientes? ¿Dirías que eran testimonios distintos de los de 1985?
—Para mí, las cuestiones de violencia sexual surgieron con mucha más fuerza en estos testimonios. Encontré relatos mucho menos restringidos que en los años ochenta, más completos, porque podían incluir padecimientos propios. Había referencias a Simón, a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, pero también descripciones de las condiciones de detención, de higiene, de alimentación y de la violencia sexual. Permitían recordar a compañeros y compañeras, identificar represores. Eran relatos que por momentos no seguían un orden cronológico, pero que sorprendían mucho a los jueces por lo tremendos que eran.
La previa del juicio fue muy movilizante para familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Era la posibilidad de volver a declarar después del Juicio a las Juntas, que había sido la última instancia pública en la que muchos habían podido contar lo que les había pasado. Como abogadas y abogados, buscábamos mecanismos para acompañar esa situación. Por eso fue tan importante el trabajo interdisciplinario. Mientras un equipo trabajaba en preparar los testimonios y analizar la prueba, el equipo de Salud Mental del CELS (con Laura Conte a la cabeza) acompañaba a los testigos y a los familiares para elaborar qué implicaba volver a declarar después de tantos años. Ese acompañamiento luego se transformó en una política de Estado.
—Una cuestión que remarcaron los propios jueces en la sentencia era el sadismo o el antisemitismo de Simón…
—Simón era particularmente violento. Tenía un sadismo muy marcado, un antisemitismo permanente. Discriminaba a los detenidos por cualquier motivo. Era un grupo en el que había personas con discapacidad. Una testigo relató que hacía boxear a hombres contra mujeres como un circo romano y que, si no se golpeaban entre ellos, los golpeaba él. También recordó las burlas permanentes contra Poblete, a quien llamaban “Cortito”. Todo eso mostraba el nivel de crueldad con el que actuaba.
—¿Qué restricciones ponía el tribunal?
—Todavía no habíamos avanzado en la filmación de los debates como ocurre hoy. El TOF 5 no dejaba entrar con grabadores, no permitía la televisión ni la transmisión de las audiencias. El debate lo filmó la Policía Federal, creo que en VHS. Después, justamente a partir de experiencias como esa y del juicio por la Masacre de Fátima, empezó a discutirse la posibilidad de registrar y difundir partes de los juicios. Eso terminó dando origen a la acordada de la Corte que permitió filmar determinados momentos de los debates.
—¿Cómo describirías el contexto? ¿Había resistencias a los juicios?
—No recuerdo una resistencia concreta para impedir ese juicio. Sí había un contexto distinto, pero también mucha esperanza de que finalmente empezaran estos procesos. Para mí fue muy importante lo que el juicio generó dentro de la familia Poblete-Hlaczik y entre los sobrevivientes de los centros clandestinos. Recuerdo mucho lo que me dijo Carmen Lapacó, sobreviviente de Atlético, que también había padecido al Turco Julián y cuya hija sigue desaparecida. Me dijo: “La condena a Simón, más allá de que sea por el caso de José y Gertrudis, es una condena por todos los casos”. Existía esa sensación de reparación. No era por la condena en sí misma, sino por todo lo que el debate y el juicio decía en relación a lo que había pasado.
—El valor que tienen las sentencias más allá de la condena…
—Además, el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue un sostén enorme. Hay que dimensionar el valor que tiene una sentencia judicial para la sociedad, para los familiares, para las víctimas y los sobrevivientes. No es todo, sin duda. A partir de ese fallo, el Poder Judicial actuó en consecuencia: reabrió las causas y ordenó que se realizaran los juicios. Ese año fueron dos; después empezaron a multiplicarse. También hubo innovaciones en la organización judicial, como las megacausas y, más adelante, la posibilidad de incorporar testimonios por videoconferencia. Incluso cambió el modo de trabajar con víctimas y testigos. Mucho de lo que hoy existe en el acompañamiento a víctimas dentro del Poder Judicial nació en los juicios de lesa humanidad, porque había que asistir a personas que, después de veinte o treinta años, tenían que volver a relatar su cautiverio.
—¿Cómo tomaron la desaparición de Jorge Julio López, poco más de un mes después de la sentencia?
—Fue posterior al debate, pero fue una enorme preocupación y también una ocupación. Hubo una reacción casi inmediata para interpelar a las agencias estatales y exigirles que garantizaran la continuidad de los juicios, la búsqueda de López y la protección de víctimas, familiares y testigos. Y hubo una respuesta. Mirándolo hoy, la desaparición de López también impulsó la creación del Programa Verdad y Justicia, la Unidad de Seguimiento de las causas en la Procuración y otros mecanismos de protección. Si uno piensa que apenas seis años antes el Turco Julián se había pavoneado en televisión diciendo que había torturado, secuestrado y matado personas, lo que demostraban estos juicios era que esa impunidad empezaba a quebrarse. Ya no existía esa liviandad para decir cualquier cosa sin consecuencias. Ahora las había.
—Cerraste tu alegato diciendo que pedías “justicia: nada más, pero nada menos”. ¿Después de veinte años cómo calificás todo este proceso?
—Es un lema que expresa la lucha por la justicia de familiares y organismos de derechos humanos en Chile. Me da mucha emoción ver todo lo que avanzamos. Principalmente por la fuerza del movimiento de derechos humanos, que consiguió que las políticas de memoria, verdad y justicia fueran durante un tiempo políticas de Estado. Pero también hubo un Estado que acompañó, que entendió la trascendencia de avanzar en la verdad de lo ocurrido, de poner a disposición los archivos y de buscar información en distintas agencias. También hubo un Poder Judicial que aceptó capacitarse, sensibilizarse y hacer un seguimiento del proceso.
—¿Cuánto se avanzó?
—En los años ’80, los organismos hablaban de 692 responsables identificados. Si se miran las estadísticas, son 3902 los identificados. Hay 1.245 personas condenadas en 365 sentencias desde 2006. Y todavía falta mucho. Hoy se están desarrollando trece juicios en simultáneo. En 2006 empezábamos con dos. Hay muchas causas demoradas y el contexto político y social no ayuda, pero también hay que reconocer lo que estos juicios cambiaron dentro del Poder Judicial: la forma de tratar a las víctimas, la manera de organizar los debates, la construcción de una política judicial para investigar estos crímenes. También dejaron verdades judiciales muy importantes: que hubo un plan sistemático de apropiación de niños, que existió una metodología de exterminio, que los vuelos de la muerte formaron parte de esa metodología, que hubo violencia por razones de género en los centros clandestinos, persecución ideológica y padecimientos específicos para niños y niñas. Todo eso es producto de estos veinte años de juicios. Los propios juicios siguen arrojando luz sobre posibles responsables. Pero creo que esas más de 300 sentencias constituyen un enorme patrimonio democrático.
Por Luciana Bertoia-P/12