El ataque a balazos al jefe de la Policía Federal de Santa Fe dejó al descubierto el fracaso de la “guerra antinarco” que promociona el Gobierno. Las políticas que consolidaron el autogobierno uniformado en la era Bullrich.
El cuento La carta robada (The Purloined Letter), escrito por Edgar Allan Poe en 1844, está ambientado en el París del siglo XIX. Pero así también se podría titular un enigma conexo al atentado sufrido el lunes a la noche por el jefe de la Policía Federal (PFA) en Santa Fe, comisario Mariano Valdéz.
Porque un día antes de que fuera atacado a tiros cuando circulaba en un Ford Focus con una subordinada (la oficial ayudante Rosana González) por la autopista Buenos Aires-Rosario, el titular de la Fiscalía Nº 2 de esa provincia, Walter Rodríguez, reveló –en declaraciones periodísticas efectuadas a varios medios– que en mayo de 2017 había enviado a la ministra Patricia Bullrich un oficio donde supo denunciar los vínculos de dicha fuerza y de la policía local con el narcotráfico. Una plegaria jamás atendida por la funcionaria. Por lo que el fiscal ahora reiteraba ese mensaje.
Recién el martes, cuando la noticia del ataque a Valdez ya corría como por un reguero de pólvora, Bullrich admitió que la carta de Rodríguez se había extraviado en el Ministerio. A pesar de eso, asombrosamente, tuvo palabras de reproche hacia él: “Si un fiscal nos manda algo de semejante gravedad, y no contestamos en los plazos, debería llamar”.
Lo cierto es que en medio de su debacle, el régimen macrista empieza a exhibir la cara oculta de su política de seguridad, atravesada por el descontrol de las fuerzas policiales y su complicidad orgánica con las pymes delictivas que Bullrich dice combatir.
Al respecto, el caso rosarino es paradigmático.
Bien vale retroceder a mayo del año en curso (al cumplirse 12 meses de tal disfunción epistolar). En aquel entonces Valdéz efectuaba su triunfal arribo al territorio santafecino, mientras su antecesor, Marcelo Lepwalts, languidecía en un calabozo, procesado por “falsedad ideológica, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento y tenencia de estupefacientes”. Tres efectivos de su máxima confianza habían corrido la misma suerte
La delegación provincial de la PFA acababa de ser allanada. En el baño de una oficina se descubrieron 88 bochitas de cocaína sin su correspondiente cadena de custodia. Pertenecían a Guillermo Kernc, un narco detenido, con el cual Lepwalts y sus muchachos negociaban su “excarcelación extrajudicial”. Por lo pronto, los captores ya le habían devuelto –a cambio de un pago– el teléfono celular donde anotaba sus operaciones comerciales.
En paralelo, también fueron detenidos otros dos suboficiales de aquella delegación. Se los acusaba de encubrir a tres dealers (identificados como La Pulga, Casco y Chancha Cardozo), con quienes fueron filmados en sus propios kioscos al negociar pagos mensuales para seguir existiendo.
Ambas causas eran instruidas por el fiscal Rodríguez. Apenas se trataba del signo visible de una red de recaudación delictiva controlada por la PFA y extendida a través de varias provincias.
Hay un detalle que robustece tal creencia. Tres de los policías arrestados (el oficial inspector Cristián Bogetti, el cabo primero Lucas Bustos y el cabo Darío Duarte) venían de prestar servicios en la delegación Córdoba de la PFA, hasta que, en 2017, fueron puestos en disponibilidad por su convivencia con narcos locales. Los sumarios y expedientes contra ellos fueron cajoneados antes de disponerse su traslado a Santa Fe para seguir juntos y abocados en la misma especialidad.
Otro destello que iluminó el lazo entre la PFA y el hampa de Santa Fe giró en torno a la “protección” brindada por los oficiales de esa fuerza a Luis Paz, el reputado capo narco y promotor de boxeadores, cuyo hijo, Martín “El Fantasma” Paz, fue ejecutado en 2012 por un sicario del clan de la familia Cantero en el marco de una sangrienta disputa con grupos rivales. Don Luis finalmente fue arrestado en diciembre de 2019, luego de que –tras insistentes pedidos del fiscal Rodríguez–, el jefe de la PFA, comisario Néstor Roncaglia, enviara desde Buenos Aires un equipo especial a los efectos de su captura.
Cabe destacar que por aquellos mismos días el espía polimorfo Marcelo D’Alessio ingresó de incógnito al Centro de Justicia Penal, de Rosario, donde eran enjuiciado varios integrantes de Los Monos (tal como se la conoce a la cofradía de los Cantero), para reunirse con Ramón Machuca, (a) “El Monchi”, uno de sus líderes. El propósito: proponerle un “alivio procesal” a cambio de que, con una cámara oculta, involucrara al gobierno socialista en sus negocios. Esa acción habría sido ordenada –según admitió D’Alessio ante el juez federal Alejo Ramos Padilla– nada menos que por Bullrich.
Entre tal constelación de hechos y circunstancias de produjo la llegada de Valdéz a Santa Fe.
Su emboscada durante el anochecer del 9 de septiembre fue un acto casi quirúrgico. El auto del comisario carecía de identificación oficial. Y el hecho ocurrió sobre una dársena de la autopista, en el kilómetro 256, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera, donde estacionó para cambiar la yerba del mate. En ese instante emergieron tres siluetas encapuchadas con pasamontañas que habían saltado de una camioneta con vidrios polarizados. Gatillaron siete balazos. Valdéz, herido en un brazo y en la ingle, logró disparar –de acuerdo a sus cálculos– diez tiros, y supone haber herido a uno de los agresores.
No fue un ataque al voleo. Todo indicaría que dicho trío contaba con información precisa sobre los movimientos del “objetivo” y que, además, la zona estaba liberada.
Sin embargo, la reacción discursiva de Bullrich resultó escueta y obvia: “Fue un ajuste mafioso”. En realidad los investigadores barajan una hipótesis sobre cualquier otra: una interna policial no ajena a la caída en desgracia del comisario Lepwalts. Los datos más recientes de la pesquisa arrojan omisiones notables: el registro de los videos resultó negativo y tampoco se encontraron de los proyectiles disparados por los sicarios. ¿Acaso la delincuencia común cuenta con medios para garantizar ambos faltantes?
Desde una perspectiva general, el módico martirio del comisario Valdéz puso al descubierto el fraude macrista de su presunta guerra contra las drogas y también muestra los hilos de su verdadero vínculo con las fuerzas policiales.
Con respecto al primer tema, la convivencia sistemática y estructural de las mazorcas federales con las bandas abocadas al narcotráfico prueba que su rol gerencial en esa actividad no se encuentra en sus peores días
Tal estado de situación deja a la intemperie la auténtica naturaleza de la actual política de seguridad, cifrada en el siguiente pacto con los uniformados: demagogia punitiva a cambio de tolerancia con sus negocios para así mantener una ilusoria sensación de orden. Autogobierno policial en estado puro. Todo un modelo de gestión.
Por Ricardo Ragendorfer – Revista Zoom
