La represión policial y el arresto de metrodelegados generó una rápida reacción de solidaridad gremial. La CGT, la CTA y la CATT apoyaron a los dirigentes del subte y advirtieron que rechazan cualquier intento de disciplinamiento social.
No hubo mediación ni diálogo. En la mañana de este martes, una delegación de la Policía de la Ciudad descendió rauda en busca del delegado del subterráneo que había abierto los molinetes para que pasen los pasajeros. El motivo era protestar (sin afectar el servicio) por la aplicación de una “sanción abusiva” a un trabajador de la Línea B y la aparición de una empresa tercerizada para hacer tareas que ya cumplen los empleados del subte. Los efectivos detuvieron primero a Facundo Heredia. Entre ellos se interpuso Claudio Dellecarbonara, un histórico delegado, y el forcejeo comenzó. Luego detuvieron a Néstor Segovia, a la sazón secretario general del gremio. De inmediato se decretó un paro que detuvo por completo el servicio de subtes y solo se reinició después de que los tres recuperaran su libertad. La CGT, junto a la CTA Autónoma y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), repudiaron al unísono la represión y responsabilizaron al gobierno porteño por las consecuencias. Dellecarbonara, en esa línea, aseguró que las detenciones “tienen un claro trasfondo político, porque se encadenan con una serie de causas que nos están realizando a más de 170 trabajadores”.
La CGT primero emitió un comunicado que denominó “Basta de trabajadores detenidos por protestar”, donde advierte que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros constituye un hecho de extrema gravedad y no puede naturalizarse en una democracia”. Luego remarca que responsabilizan “a la empresa concesionaria y al gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto y por sus consecuencias”.
Por su parte, la CTA Autónoma que conduce Hugo Godoy, destacó el repudio “al ejercicio de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales”.
Más allá de estos comunicados por separado, lo importante fue la decisión de reunirse en la sede de la CATT. Allí, junto a Segovia, que ya había sido liberado, se sentaron el cosecretario general, Cristian Jerónimo, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, entre otros dirigentes sindicales. Una expresión contundente de apoyo y solidaridad
Segovia calificó la detención de dirigentes sindicales como “de extrema gravedad”. Schmid llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a “cualquier intento de disciplinamiento de las organizaciones sindicales, mediante la persecución y la judicialización de los conflictos laborales”.
El titular de la CATT advirtió que cualquier medida de fuerza que pueda ponerse en marcha “será trabajada y consensuada con la CGT”.
A su turno, Jerónimo afirmó que “no se puede naturalizar la utilización de mecanismos represivos o judiciales para intentar silenciar los reclamos de los trabajadores”. Moyano, en tanto, atacó a los gobernadores peronistas que apoyaron, por caso, la reforma laboral que posibilita este tipo de abusos sobre los derechos de los trabajadores.
La represión
“El que bloquea un servicio esencial va preso” fue el mensaje que surgió desde el gobierno porteño una vez que se supo de las aperturas de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas.
No importaron los motivos que provocaron el reclamo. La secuencia, según reconocen en el gremio de los metrodelegados, fue rapidísima. Poco después de que el gobierno porteño hiciera la denuncia, la policía llegaba a la estación Rosas. Primero fueron por Heredia y, cuando Dellecarbonara intentó protegerlo, se abalanzaron sobre él. Los empujones no tardaron en aparecer. Una decena de efectivos les hicieron una especie de scrum a los dos delegados que estaban en el andén y, tras varios forcejeos, lograron derribarlos. Allí los esposaron y, cuando estaban por trasladarlos, llegó Néstor Segovia, que fue detenido porque supuestamente agredió a un policía. Los tres marcharon detenidos.
Con posterioridad, Dellecarbonara y otros delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) aseguraron que hay persecución judicial con un claro tinte político. Si bien en esta oportunidad la fiscala que ordenó el operativo y detención fue Natalia Pla, auxiliar de la Unidad Fiscal Norte (UFN), los trabajadores del subte señalan que la que conduce todo este tipo de operaciones es la fiscala Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n.º 35 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según los metrodelegados, Ramírez tiene un largo historial en lo que respecta a persecuciones gremiales y trabajadores ambulantes, además de lucir un estrecho vínculo con el macrismo. Pla, con un perfil más bajo, también tiene en su haber casos contra trabajadores ambulantes.
“La fiscal Celsa Ramírez está trabajando en equipo permanentemente con el gobierno porteño, tratando de meternos causas y de llevarse compañeros. Los trabajadores respondimos y también respondieron las organizaciones que nos apoyaron”, dijo el referente de Metrodelegados, Jorge “Tano” Pisani a Radio Provincia. “Ramírez es la fiscal que nos abrió causas a 171 trabajadores”, agregó.
Pisani se refiere a la denuncia de Ramírez por asociación ilícita a esos casi 200 trabajadores. Curiosamente, la fiscal considera que la protesta sindical es una asociación ilícita.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, está en Madrid, donde en un discurso en homenaje a Borges lo llamó José Luis. Desde allí escribió un tuit para referirse a lo que sucedía en la estación Rosas: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, escribió en su cuenta de X.
El tuit continuó con otra afirmación: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, finalizó.
Una vez realizadas las detenciones, en la superficie, comenzaron a llegar militantes políticos y gremiales para expresar su solidaridad con el reclamo de los trabajadores del subte y la posterior detención. Ahí fue cuando la policía porteña una vez más recurrió a la fuerza al intentar liberar la zona. En esas corridas, los efectivos detuvieron a Luciano Corradi, delegado de GPS Aerolíneas Argentinas, pero que fue liberado poco después.
Mientras, llegaban cada vez más dirigentes sindicales como Roberto Baradel, Daniel “Tano” Catalano y los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre otros.
Segovia, que fue el primero en ser liberado, afirmó que “estos vienen por todo” e indicó que “hoy me cagaron a palos. Si piensan que nos van a domesticar, se equivocan”. Poco después, Dellecarbonara afirmó que “hay un ataque que no se ve desde la dictadura; la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución, pero se los llevan presos. El jefe de gobierno quiere establecer una dictadura fascista, no se puede protestar, no se puede hacer nada, quiere reprimir y perseguir trabajadores y no lo vamos a permitir”, sostuvo.
Salvando las distancias en cuanto a magnitudes, la mediación a través del diálogo y la negociación del Estado, ya sea nacional o porteño, para resolver los conflictos sociales y/o gremiales, pareciera estar en vía de extinción. Así lo muestra tanto la innecesaria represión del jueves 15 durante la quinta marcha federal de universitarios como el ataque a los delegados del subte. Un signo de los tiempos preelectorales donde, en consonancia, el gobierno nacional y el porteño parecen compartir la estrategia de contener, incluso con represión, todo reclamo social, gremial y político.
Por Felipe Yapur-P/12