Con dietas senatoriales que alcanzaron los 12 millones de pesos y solo cinco leyes aprobadas en seis meses, el Poder Legislativo expone la enorme brecha entre sus privilegios y su productividad. La trampa de una agenda sobrecargada que no avanza.
Hay una distancia prudencial —que a menudo se convierte en un abismo insondable— entre la retórica del poder y la realidad parlamentaria. Si nos atuviéramos estrictamente a los anuncios del Poder Ejecutivo, este Congreso debería estar funcionando como una máquina rítmica e ininterrumpida de producir transformaciones. El propio presidente nos había prometido que seríamos testigos del Parlamento más reformista de la historia argentina, anticipando un envío torrencial de proyectos por minuto.
Sin embargo, basta con observar los números fríos del primer semestre para entender que la realidad va por otro carril. Como bien señalaba Benjamin Guyorini en una precisa crónica del fin de semana en Clarín, la cosecha legislativa es sensiblemente más pálida de lo anunciado. El Congreso apenas logró aprobar cinco leyes: la reforma laboral, el régimen penal juvenil, la Ley de Glaciares —clave para la actividad minera—, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la autorización para pagar más de 100 millones de dólares a dos fondos buitre. Cinco iniciativas. Ese es el saldo real de un Poder Legislativo que avanza a media marcha y donde los acuerdos de fondo parecen postergarse de forma indefinida.
Lo paradójico es que la agenda acumulada que el Gobierno pretende empujar de aquí en adelante es de una densidad abrumadora. Hablamos de un paquete complejo que incluye la Ley de Tierras —cuyo tratamiento en el Senado volvió a abortarse el otro día de manera intempestiva—, la reforma del Banco Central, el Presupuesto y el controvertido Super RIGI. Este régimen de superpromoción para grandes inversiones vuelve a encender el debate sobre los privilegios sectoriales, alimentando el reclamo —tal vez muy justo, quién sabe— de quienes exigen un "RIGI para todos".
A esto se le suma la idea de implementar un mecanismo de shutdown, inspirado en la práctica presupuestaria de los Estados Unidos. Vale aclarar una diferencia fundamental: en Washington esto no es una ley, sino una práctica institucional por la cual el Estado no puede gastar un solo peso si no tiene el presupuesto aprobado. Trasladar esa lógica a nuestro sistema político representa una apuesta técnica y legislativa de altísima complejidad.
Con el horizonte posmundial acechando, el corazón de la negociación política pasa inevitablemente por la reforma electoral. La gran incógnita es qué sucederá con las PASO: si se eliminarán, si pasarán a ser no obligatorias o si el oficialismo terminará cediendo ante el reclamo de los gobernadores para habilitar las famosas "listas colectoras" como moneda de cambio para garantizar gobernabilidad.
Mientras todo esto se debate en los pasillos de Balcarce 50 y del Congreso, la política nos regaló a finales de la semana pasada un dato desalentador pero sintomático: los senadores nacionales volvieron a aumentarse sus dietas, elevándolas a la suma de 12 millones de pesos mensuales. Un contraste brutal ante un cuerpo legislativo que produce poco y una sociedad que hace esfuerzos sobrehumanos para sostener el día a día.
El Gobierno enfrenta ahora la obligación de convertir los eslóganes en mayorías parlamentarias reales. Sin una negociación política efectiva y transparente con las provincias, la promesa del Congreso más reformista de la historia corre el riesgo de quedar reducida a otra expresión de deseos en un año que se consume de forma acelerada.
Por Marcelo Longobardi - Perfil