Diputados aprobó el proyecto libertario de Súper RIGI
Un regalo para Peter Thiel y sus amigos, la ley que impulsa el gobierno de Javier Milei favorece a los monopolios tecnológicos con beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos por treinta años. Además, elimina las retenciones.
En un sesión extensa y con fuertes discusiones, el oficialismo logró la media sanción para el Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país como inteligencia artificial, data centers y semiconductores, una entrega de soberanía a la medida de Silicon Valley. La nueva legislación beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgando una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años, sin retenciones y libre disponibilidad de divisas. LLA en la Cámara baja se jugó un pleno y logró en 48 horas el apoyo de los bloques a aliados para respaldar al jefe de Gabinete y obligar a sus legisladores a sesionar un día después para debatir un proyecto a medida de Peter Thiel y sus amigos tecnofascistas.
Martín Menem se puso al frente de las negociaciones para evitar que la ofensiva contra el jefe de Gabinete paralizara la actividad en la Cámara baja. El acuerdo que tejió con la UCR, el PRO y las fuerzas provinciales logró blindar a Adorni y allanar el camino para sancionar tanto el pago a los fondos buitres como la media sanción del Súper RIGI que fue girada al Senado. La ley consagra un blindaje normativo sin precedentes a los capitales transnacionales, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de las provincias.
La sesión comenzó con lo justo a las 12.27 del mediodía. Tres minutos antes de que venciera el tiempo reglamentario, Martín Menem llamó a gritos al nuevo vocero presidencial para que se sentara a dar quórum. Desde el lunes, la Casa Rosada sabía que llegaría ajustada a los 129 diputados, por eso demoró la renuncia de Adrián Ravier, el reemplazante de Manuel Adorni en la vocería. Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa hicieron una demostración de fuerza y mandaron a ocupar sus bancas a sus legisladores sobre la hora.
Con la sesión iniciada, Menem le tomó juramento al reemplazante de Ravier, Martín Matzkin, exsubsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y referenciado en Patricia Bullrich. La jefa de la bancada libertaria en el Senado asistió a la jura y recibió aplausos del bloque libertario e indiferencia del PRO. “Qué bueno que a 24 horas de la sesión de ayer, hoy sobran ganas y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no tienen nombre ni apellido”, cuestionó el radical díscolo Pablo Juliano.
La discusión sobre el Súper RIGI llegó cerca de las cinco de la tarde, tras la aprobación del pago a dos fondos buitres que litigan en contra de la Argentina desde 2001 (ver aparte). El encargado de presentar el proyecto fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. “¿Quién puede estar en contra de esto?”, se preguntó. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya incorporaron y por eso les va como les va”, dijo. Se trata de “ser amigable con las inversiones”, remató. Llamó la atención la escasa preparación del oficialismo y sus aliados respecto a cuestiones clave y geoestratégicas como inteligencia artificial, data centers y cadenas de valor en medio de la revolución informacional actual.
El proyecto garantiza a los tecno-ricos un “derecho adquirido, asimilable al de propiedad”, que no puede ser alterado por normas posteriores. Tal como expresa el artículo 24, habilita arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver conflictos entre empresas y el Estado. Es decir, coloca tribunales internacionales por encima de la justicia local. Por esto mismo, la diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo calificó como “anticonstitucional”. Además, de ir en contra de otro mandato de la Carta Magna que llama a “garantizar el ambiente para el futuro”. El proyecto no impone ningún tipo de condicionamiento al uso de la energía y el agua, explicó la diputada.
El diputado Juan Marino de Unión por la Patria explicó que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con el proyecto de inviolabilidad de la tierra, la Ley de Glaciares y junto con el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades, con el cual quieren instaurar las sociedades automatizadas”. “Con este Super RIGI transforman a la Argentina en una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo y se apropian del país para desarrollar el laboratorio de su tentativa tecnofascista”.
Fue Maximiliano Ferraro quien advirtió sobre el riesgo de una “plutocracia” derivada de normas como el Súper RIGI. “No cuestionamos la necesidad de invertir que pueda tener la Argentina, cuestionamos la idea de que el futuro de nuestro país se constituya sobre un régimen de privilegios para unos pocos mientras millones de argentinos quedan afuera de la ecuación”, dijo.
Para Miguel Pichetto, “el Gobierno aún no ofrece la confianza necesaria para este tipo de inversiones”. El diputado de Encuentro Federal cuestionó la ley porque “las iniciativas que este proyecto dice beneficiar ya estaban planificadas, por lo que el Súper RIGI no es una buena ley. Además, estamos otorgando demasiadas ventajas —como la jurisdicción extranjera— a negocios que iban a dar rédito por sí mismos”. A la hora de votar lo hizo en contra.
Sobre los beneficios impositivos extraordinarios que el proyecto garantiza a los tecno- ricos, como por ejemplo una alícuota reducida del 15 por ciento en ganancias en lugar del rango de entre 25 y 35 por ciento que pagan el resto de las actividades, Diego Giuliano señaló que “es legislar en el lugar equivocado” e indicó que la iniciativa “compromete 8 presidencias y 16 períodos legislativos”. Lo calificó como “un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las pymes”. En efecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el RIGI generará un costo fiscal para el Estado de al menos 1.069 millones anuales de dólares y que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial.
Los beneficios aprobados se inscriben en una discusión profunda que pasó sin pena ni gloria por la Cámara Baja: El desafío que tienen los Estados para limitar el avance de las BIg Tech cuyo poder es una amenaza latente para el funcionamiento de las democracias.
Por Paula Marussich-P/12