La caída de la inflación y la recuperación de la imagen del Gobierno reabrieron un viejo debate de la política latinoamericana: cuánto pesa la corrupción cuando la economía ofrece resultados.
Hay dos indicadores que parecen ser contradictorios y que se desenvuelven al mismo tiempo en la cabeza de los argentinos, según la enorme mayoría de las encuestadoras. Por un lado, la corrupción aparece entre los principales problemas que preocupan a la sociedad a partir de los casos que se desarrollaron últimamente alrededor de Adorni, Karina y el propio Presidente. Por otro lado, el Gobierno está experimentando un repunte de su aprobación. ¿Cómo se explica esta contradicción aparente que parece haber en la cabeza de los argentinos? La respuesta está en una anécdota que Raúl Timerman contó en este programa, en una frase que nació hace setenta años en Brasil y en el índice económico que es la clave de todas las claves en la realidad argentina: la inflación.
Empecemos primero por la anécdota de Raúl Timerman. El consultor contó en este programa que una juntada de politólogos y consultores, alguien dijo: “Si la corrupción es el tema que más preocupa a los argentinos, la oposición debería convocar una manifestación masiva contra el Gobierno”. Todos se quedaron pensando y tras unos segundos otro respondió: “Sí, pero el problema es que nadie puede convocarla”. Es decir, todos los partidos políticos están manchados y no pueden capitalizar los desastres de la corrupción libertaria.
Ahora vamos a la frase. La frase “rouba mas faz” fue acuñada originalmente en la década de 1950 en São Paulo como una crítica opositora hacia el exalcalde y gobernador Adhemar de Barros. Paradójicamente, De Barros se apropió del término y lo convirtió en una exitosa estrategia de campaña, jactándose de que, a pesar de sus manejos, lograba construir rutas y pavimentar la ciudad.
El término describió tan a la perfección lo que pensaban millones de personas, que se extendió por toda la región a tal punto que su origen se había perdido y cada país cree que esta idea surgió de su sistema político corrupto.
Vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hicimos ayer al analista político Ignacio Labaqui que reflexionó sobre esta relación entre corrupción y estabilidad económica.
En la actualidad, esta frase, “roban pero hacen” podría encajar a la perfección con el recupero parcial de la imagen positiva del Gobierno que alcanza a los casi cuarenta puntos, en medio del caso Adorni. La nueva caída de la inflación parece ser suficiente para frenar la caída de popularidad del presidente Javier Milei y frenar la sangría por los escándalos del jefe de Gabinete. De hecho, esa misma estabilidad política ayudó a Adorni a zafar de la interpelación en el Congreso, al menos por ahora. Es decir, la caída del jefe de Gabinete, que parecía llegar en pocas horas, hoy no tiene fecha fija, todo gracias a la baja del índice inflacionario.
“Roban, pero hacen”, se sostiene en una crítica implícita a quienes roban, pero no hacen. Es decir, hay una presuposición que todos los políticos roban, solo que algunos son más eficientes para mejorar la vida de la población que otros.
La idea de que todos los políticos son ladrones tiene un punto a ser considerado: todos los políticos que no roban tienen o tuvieron alianzas más o menos duraderas con dirigentes o fuerzas políticas involucradas con casos de corrupción. Eso da la idea de un “todos” tienen algo que ver con la corrupción, sea porque la ejercieron o porque la toleraron para sumar votos, que es atendible.
La izquierda es la única fuerza política que se puede exceptuar totalmente de esta lista, aunque, para amplios sectores, que se oponga a la detención de Cristina Kirchner por considerarlo un acto de proscripción genera dudas.
Esto se vincula con algo que dice Jaime Durán Barba. Si todos los que pasaron por el poder están manchados con la corrupción, hace que los outsiders tengan más chances, porque la falta de pasado de gobierno pasa a ser un activo y no una debilidad. Si todos los que pasaron por el poder roban, el que no gobernó no es visto como alguien sin experiencia, es visto como alguien que no está bajo sospecha.
Ahora bien, que el peronismo kirchnerista que gobernó 16 de los últimos 23 años completamente atravesado por casos de corrupción que siguen desatándose, sea la alternativa anticorrupción frente al robo, hasta con torpeza, de Adorni, hace que el “roba pero hacen” se reedite cuando Milei logra que los números de inflación sean más tolerables.
Ahora bien, hay una fuerza política que criticó duramente al kirchnerismo por la corrupción y que tuvo a Lilita Carrió y otros baluartes políticos de la lucha contra la corrupción en sus filas: Juntos por el Cambio. El partido que encabezó esta alianza, el PRO es el que terminó garantizando el blindaje a Adorni en el Congreso para que no sea interpelado. Vamos a escuchar el editorial de Carlos Pagni de la semana pasada que, con ironía, explica cuál cree que es la razón de esta decisión del partido macrista.
Ahora bien, el “roba, pero hacen” tiene su límite y, cuando se percibe que la economía anda mal y “no hacen”, las mismas denuncias e investigaciones periodísticas que habían sido ignoradas, se vuelven un emblema de crítica a los gobiernos en retirada.
El menemismo llegó al poder en 1989 sobre las cenizas de una hiperinflación que había licuado salarios y ahorros, y durante sus primeros años gobernó con un consenso popular que tenía menos que ver con la ética que con el alivio. La convertibilidad estabilizó el peso, los shoppings se llenaron, los viajes al exterior se multiplicaron, y una clase media que había sobrevivido al caos de las privatizaciones, que en retrospectiva serían el núcleo de las investigaciones penales más importantes de la década, se ejecutaron bajo los aplausos de buena parte de la sociedad.
En 1991, apenas dos años después de que comenzara el menemato, se publicó “Robo para la Corona”, un clásico del periodismo que nació de una investigación concreta: en enero de ese año, Verbitsky reveló el reclamo del embajador norteamericano Todman ante el intento de soborno al frigorífico Swift, protagonizado por Emir Yoma, cuñado de Menem, que pretendía cobrar coimas para agilizar los trámites de privatización de una empresa estatal. En los siguientes cuatro años, el libro agotó trece ediciones. Es decir, el libro que demostraba la corrupción menemista se leía masivamente, se compraba, se comentaba y al mismo tiempo, Menem gobernaba con altos niveles de aprobación.
El caso IBM-Banco Nación, en el que funcionarios cobraron sobornos millonarios para adjudicar contratos de informatización, fue denunciado en 1995 pero no perturbó el clima general. Lo mismo ocurrió con los sobreprecios en la obra pública, los cañones vendidos a Ecuador y Croacia en violación a la neutralidad argentina, o las coimas pagas por empresas como Siemens para quedarse con la licitación del Documento Nacional de Identidad. El escándalo existía, pero flotaba sobre una sociedad anestesiada por la estabilidad. La justicia, por su parte, se movía con la lentitud característica de quien no recibe presión social para apurarse.
El kirchnerismo reproduce esa mecánica con una fidelidad casi didáctica. Entre 2003 y 2011, cuando la economía crecía a tasas chinas, el precio de la soja financiaba el gasto público y el consumo interno batía récords, las denuncias de corrupción eran procesadas por gran parte del electorado como munición opositora. En la Revista Noticias, probablemente hayamos sacado una de las primeras tapas de una revista denunciando la corrupción del kirchnerismo. Vamos a ver esta tapa, fue en 2003, remarcando el rol de De Vido en el naciente esquema de corrupción K.
El caso Skanska, que en 2006 reveló irregularidades en contratos de obra pública con la empresa constructora, tuvo impacto mediático pero escaso costo político.
Las primeras investigaciones sobre la ruta del dinero K, que rastreaban fortunas inexplicables en empresarios cercanos al poder, circulaban en medios como la Revista Noticias de Perfil sin alterar significativamente los índices de imagen del gobierno.
Lázaro Báez construía su imperio empresarial en Santa Cruz con contratos del Estado y desde Noticias sacamos una tapa en bastante soledad, mientras gran parte de la prensa era complaciente con el actual Gobierno. Vamos a ponerla en pantalla.
El punto de inflexión llegó con el deterioro económico. Cuando la inflación se hizo innegable, cuando el cepo cambiario redujo el acceso al dólar, cuando los salarios empezaron a perder contra los precios, la corrupción dejó de ser un dato abstracto y se convirtió en una afrenta concreta. El mismo Lázaro Báez que había sido ignorado durante años terminó siendo el centro de una causa penal de enorme resonancia pública. Los cuadernos de los viajes de Oscar Centeno, publicados en 2018, describían una cadena de pago de coimas que involucraba a prácticamente toda la cúpula empresaria y política del período, y generaron una indignación masiva que habría resultado impensable en 2007.
La causa de los bolsos de José López, sorprendido en 2016, cuando el kirchnerismo ya no estaba en el poder, cuando el exfuncionario estaba intentando enterrar nueve millones de dólares en un convento, se volvió símbolo de una era. No porque la corrupción hubiera empeorado necesariamente, sino porque la economía había empeorado y la tolerancia social se había agotado.
La justicia, que raramente es inmune a esa temperatura ambiente, acompañó el giro. Las mismas causas que avanzaban con parsimonia durante los años de bonanza empezaron a tener imputados, procesamientos y condenas cuando la opinión pública las reclamaba. La corrupción no cambia de magnitud según el ciclo económico. Lo que cambia es cuánto le importa a la gente, y cuánto le importa a la gente determina, en buena medida, cuánto le importa a quienes tienen que juzgarla.
Ahora, volviendo a la lógica del “roban, pero hacen”, vamos a compartir una curiosa justificación de la militante y consultora Mayra Arena de este planteo.
Hay una lógica fría y perfectamente articulada detrás de quien vota a un corrupto que entrega resultados. No es ignorancia ni complicidad moral: es cálculo. Si la corrupción se percibe como una constante del sistema político —un costo fijo de la democracia realmente existente— entonces la variable relevante deja de ser la honestidad y pasa a ser la competencia. ¿Para qué pagar el mismo precio con un corrupto ineficiente si podés pagarlo con uno que además estabiliza la economía?
La ciencia política contemporánea tomó este fenómeno en serio. Susan Stokes, en su trabajo sobre clientelismo y accountability en América Latina, mostró que los votantes de bajos ingresos que aceptan intercambios materiales con partidos corruptos no están siendo irracionales: están maximizando utilidad en contextos donde el Estado no les garantiza nada de manera universal. La corrupción, en ese marco, es un canal de redistribución imperfecto pero tangible. Timothy Besley y Torsten Persson, desde la economía política, demostraron que en sistemas con instituciones débiles los votantes tienden a priorizar la capacidad de producir bienes públicos sobre la integridad del productor. La honestidad es un lujo que se vuelve prioritario cuando las necesidades básicas están cubiertas.
Christopher Anderson y su investigación sobre el voto económico en perspectiva comparada confirmó algo que la intuición ya sugería: la evaluación retrospectiva de los gobiernos está dominada por la situación económica personal. Los escándalos de corrupción tienen efecto electoral cuando la economía está mal; cuando está bien, operan como ruido de fondo. No es que el votante apruebe el robo. Es que lo descuenta como costo inevitable y evalúa el saldo neto. En ese cálculo, un gobierno que roba pero baja la inflación puede resultar racionalmente preferible a uno honesto que la dispara. La moral no desaparece del razonamiento político: simplemente cede ante la urgencia.
Además, Durkheim podría decir que la economía afecta directamente la integración social. Desde una mirada de Émile Durkheim, el trabajo, los ingresos y la estabilidad son elementos que sostienen la integración social cotidiana. La corrupción puede ser moralmente condenada, pero el desempleo, la inflación o la pobreza alteran inmediatamente la vida diaria. Por eso suelen adquirir una prioridad superior.
En concreto, la corrupción genera indignación, la economía genera consecuencias concretas.
Vamos a ver ahora un divertido video en el que políticos peruanos están tan habituados a la corrupción que cuando hacen su juramento al asumir, cometen un acto fallido más que revelador.
La corrupción no es solo un problema de recursos desviados sino de subjetividades dañadas. Quien roba desde el poder no sale indemne del acto: se transforma. La psicología política y la filosofía moral contemporáneas han prestado atención creciente a lo que ocurre dentro de quien ejerce el poder con impunidad sostenida, y el retrato es inquietante.
Philip Zimbardo, conocido por el experimento de la prisión de Stanford, extendió sus conclusiones en “El efecto Lucifer” para argumentar que las instituciones y los roles corroen la moral individual de manera sistemática. No son las manzanas podridas las que explican la corrupción sino el barril: el entorno de impunidad, la ausencia de controles y la normalización gradual del comportamiento indebido producen una erosión ética que el propio sujeto raramente percibe en tiempo real. El corrupto no suele tener un momento de quiebre consciente. Se desliza.
Dacher Keltner, en “El poder”, documentó mediante experimentos lo que llamó la paradoja del poder: quienes acceden a posiciones de autoridad tienden a perder progresivamente la capacidad de empatía, aumentan su propensión al riesgo y desarrollan una percepción distorsionada de sus propios méritos. El poder activa los mismos circuitos neurológicos que ciertas sustancias adictivas. Quien lo ejerce sin límites reales empieza a creer que sus actos están justificados por su propia excepcionalidad.
Esto conecta con lo que Hannah Arendt llamó la pérdida del pensamiento: el funcionario corrupto deja de preguntarse por el sentido de lo que hace porque el sistema de racionalización interna ya tiene respuesta para todo. El daño profundo no es solo que roba sino que deja de poder imaginar la función pública como servicio. La corrupción sostenida destruye precisamente la capacidad de gobernar bien, no por falta de recursos sino por deformación del carácter. Al final, el político corrupto no es alguien que eligió el mal: es alguien que perdió la capacidad de distinguirlo.
Además, si los gobiernos roban, generan un pacto implícito que es nocivo para la sociedad. ¿Por qué no voy a robar yo si roba el Presidente? La idea de “todos haríamos lo mismo si estuviésemos en su lugar” destruye la confianza en una sociedad completamente clave para los negocios y todo tipo de actividad humana que la reproduzca. En lo concreto, un político corrupto hace que todo sea peor.
Además, la estabilidad momentánea del dólar ¿de qué sirve cuando un familiar con discapacidad no puede tomar sus medicamentos porque el ANDIS es una institución corrupta? o cuando choca porque no se utilizó el dinero para hacer las rutas correspondientes o porque como sucedió durante la Masacre de Once, un sistema corrupto termina con la vida de 52 personas. La corrupción no solamente es una avivada de un político, muchas veces puede matar.
Por todo eso no podemos tolerar el “roba, pero hacen”. Es roban pero roban, nada más. No hay ninguna razón para aceptar por default que nuestros políticos roben.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
Por Jorge Fontevecchia – Perfil
