La ofensiva desreguladora del Gobierno abre un debate de fondo: ¿puede la Nación modificar sistemas de matriculación creados por provincias y la Ciudad?
La reforma inmobiliaria que impulsa el Gobierno nacional promete convertirse en mucho más que una discusión sobre corredores, matrículas y costos de intermediación. Detrás del proyecto que promueve el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, se esconde una controversia constitucional que podría terminar definiéndose en los tribunales.
Mientras el oficialismo plantea que la eliminación de barreras regulatorias permitirá aumentar la competencia y facilitar el acceso a la actividad, especialistas en derecho público, dirigentes de colegios profesionales y referentes del sector advierten que existe una pregunta previa que todavía no tiene respuesta: ¿tiene el Estado nacional facultades para modificar sistemas de matriculación que fueron creados por leyes provinciales?
La discusión no es menor. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de los corredores inmobiliarios, sino también los límites del federalismo argentino y la distribución de competencias entre la Nación y las provincias.
Reforma inmobiliaria: pelea por definir quién regula las profesiones en Argentina
La regulación del ejercicio profesional forma parte de una de las discusiones más tradicionales del derecho público argentino.
Desde hace décadas, abogados, escribanos, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores y corredores inmobiliarios ejercen sus actividades bajo sistemas de matriculación obligatoria establecidos por leyes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.
Estos regímenes determinan quién puede ejercer una profesión, cuáles son los requisitos para hacerlo y qué organismos tienen facultades para controlar el desempeño de quienes intervienen en actividades consideradas de interés público.
Por esa razón, numerosos especialistas sostienen que la regulación profesional constituye una facultad que las provincias nunca delegaron al Gobierno federal.
La Constitución Nacional establece que las provincias conservan todos los poderes no delegados expresamente a la Nación. Dentro de esas atribuciones históricamente se encuentra la posibilidad de reglamentar profesiones, crear matrículas y controlar el ejercicio profesional dentro de cada jurisdicción.
A partir de este principio, distintos juristas entienden que el Congreso Nacional no podría avanzar sobre leyes locales que regulan la actividad de los corredores inmobiliarios.
Por qué hablan de inconstitucionalidad y qué dice la Corte
Los cuestionamientos jurídicos al proyecto parten de una premisa concreta: la Nación no puede derogar leyes provinciales.
En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la actividad inmobiliaria está regulada por la Ley 2340. En la provincia de Buenos Aires y en el resto del país existen normas similares que establecen requisitos de matriculación, tribunales de disciplina y mecanismos de fiscalización.
Para quienes cuestionan la iniciativa oficial, cualquier intento de eliminar esas exigencias mediante una norma nacional chocaría con los límites que impone el sistema federal. Además, recuerdan que la Corte Suprema ha reconocido en distintos precedentes la facultad de las provincias para reglamentar el ejercicio profesional dentro de sus territorios.
Desde esta mirada, el conflicto no gira alrededor de la conveniencia económica de la desregulación sino sobre una cuestión de competencia constitucional.
La pregunta central es si el Gobierno nacional puede intervenir en un ámbito que históricamente estuvo reservado a las jurisdicciones locales.
Una judicialización que parece inevitable y puede llegar a la Corte
En el sector existe consenso sobre un punto: si el Gobierno avanza con la reforma, la disputa terminará rápidamente en los tribunales.
Los colegios profesionales ya anticipan que recurrirán a acciones de amparo, medidas cautelares y planteos de inconstitucionalidad para defender la vigencia de los sistemas actuales.
La discusión podría transformarse así en uno de los conflictos judiciales más relevantes derivados de las políticas de desregulación impulsadas por la administración de Javier Milei.
Especialistas consultados por el sector consideran que el caso tiene potencial para llegar hasta la Corte Suprema, donde eventualmente debería definirse el alcance de las facultades federales y provinciales en materia de regulación profesional.
Por eso, más allá del debate político, muchos observadores creen que la verdadera batalla recién está comenzando.
El rol de los colegios y la defensa de la matrícula
Los colegios profesionales rechazan la idea de que la matrícula obligatoria sea únicamente una barrera burocrática.
Sostienen que cumple una función de protección para los consumidores y usuarios, especialmente en actividades vinculadas con operaciones de gran trascendencia patrimonial.
Desde esa perspectiva, la colegiación garantiza un piso mínimo de formación, permite verificar antecedentes profesionales y ofrece mecanismos disciplinarios para sancionar conductas indebidas.
Los representantes del sector advierten que eliminar esos controles podría generar mayores niveles de inseguridad jurídica y un incremento de conflictos vinculados con operaciones inmobiliarias.
Según sostienen, el debate no debería limitarse al costo de acceso a la profesión sino también a las garantías que actualmente existen para quienes compran, venden o alquilan inmuebles.
El argumento económico que esgrimen las entidades
Los colegios también cuestionan la iniciativa desde una perspectiva presupuestaria.
Actualmente, estas instituciones se financian mediante los aportes de sus matriculados, sin generar costos directos para el Estado.
Los registros profesionales, los procedimientos disciplinarios, las actividades de control y las tareas administrativas son sostenidos por las propias entidades.
Por eso, sostienen que una eventual eliminación de los colegios podría obligar a las distintas jurisdicciones a crear nuevas estructuras públicas para cumplir funciones similares. La consecuencia, afirman, sería paradójica: una medida presentada como una reducción de regulaciones podría terminar generando mayores costos para el Estado.
Una vuelta al pasado
Consultado por iProfesional, el abogado Jorge Martín Irigoyen, afirmó que avanzar con esta política implicaría “retroceder 20 años”.
El letrado fue especialmente crítico respecto del rol de Federico Sturzenegger en esta discusión. “Sturzenegger juega como una especie de agente 007 con licencia para matar y tira, y lo peor es que lo mete al Gobierno en una batalla que le va a generar costo”, sostuvo.
Según Irigoyen, la ofensiva contra los colegios profesionales responde más a una convicción personal del ministro que a una necesidad concreta del sistema. “Lo veo más como algo de Sturzenegger, que tiene algo personal contra los colegios profesionales, que como una política de Estado”, afirmó.
También cuestionó la coherencia de la medida con el discurso meritocrático que suele defender el oficialismo.
A su entender, flexibilizar los requisitos para ejercer determinadas actividades termina desvalorizando el esfuerzo de quienes invirtieron años en formación y capacitación profesional.
Mucho más que una discusión inmobiliaria
Aunque la controversia se concentra hoy en los corredores inmobiliarios, otras entidades profesionales siguen el tema con máxima atención.
Colegios de abogados, escribanos, médicos, arquitectos, ingenieros y contadores observan de cerca la evolución de la iniciativa. Todos ellos comparten un rasgo común: funcionan bajo sistemas de matriculación obligatoria creados por leyes locales.
Por eso, el resultado de esta disputa podría sentar un precedente relevante para numerosas profesiones.
La discusión ya no gira únicamente alrededor del mercado inmobiliario. Lo que está en debate es un modelo regulatorio que lleva décadas funcionando en la Argentina y que forma parte de la organización institucional de múltiples actividades.
Mientras el Gobierno sostiene que busca ampliar la competencia y reducir costos, los especialistas advierten que la pregunta más importante sigue sin respuesta.
No se trata solamente de determinar quién puede vender una propiedad.
La verdadera discusión consiste en establecer quién tiene la potestad constitucional para decidir quién está habilitado para hacerlo.
Por Alejandra Lazo – IP