El reclamo de las Abuelas frenó el desfinanciamiento del BNDG
Después de una cautelar, el Gobierno cedió y destinó 590 millones más para que funcione el organismo encargado de hacer los cotejos de ADN para encontrar a los bebés robados durante la última dictadura. El juez dio por cumplida la finalidad de la medida interina.
La crisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), desencadenada por el ahogo presupuestario al que lo sometió el Gobierno de Javier Milei, está controlada. Así lo reconoció en un fallo el juez federal Alejo Ramos Padilla, que doce días atrás le había ordenado a Manuel Adorni garantizar el pleno funcionamiento del organismo encargado de realizar los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura. En su resolución de este martes, el magistrado resaltó la labor de Abuelas de Plaza de Mayo y le recordó al Ejecutivo que tiene la obligación de contribuir a la búsqueda. “La restitución de cada persona apropiada es, en consecuencia, un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos. Constituye una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia. En tal sentido, es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”, subrayó.
El BNDG se creó en 1987. Fue un pedido que las Abuelas de Plaza de Mayo le hicieron directamente al entonces presidente Raúl Alfonsín porque entendían que la ciencia era una aliada para encontrar a los chiquitos que los represores les habían arrebatado.
Durante más de 20 años, el BNDG funcionó en el Hospital Durand. En 2009, se modificó la ley y se dotó al BNDG de mayor autonomía. Consiguió también un edificio propio para funcionar. Según estimaciones de las Abuelas, se almacenan allí unas 32.000 muestras, que pertenecen, en su mayoría, a familias que buscan a los bebés robados o a quienes sospechan que podrían ser hijos de personas desaparecidas.
Desde que Milei llegó al Gobierno, el BNDG ha estado en riesgo. Abuelas debió reunirse con legisladores para que se lo excluyera de los organismos que estaban en riesgo de ser eliminados gracias a la Ley Bases. Después, el decreto 351/2025 le quitó autonomía –lo que fue revertido por el Congreso. El último ataque fue a través de la falta de presupuesto para que siguiera funcionando.
El 8 de mayo pasado, se encendieron todas las alarmas cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a jueces y fiscales que ya no podría seguir tomando muestras biológicas para realizar los cotejos necesarios para localizar a los nietos y a las nietas.
A partir de esa nota, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) —que dirige el fiscal Pablo Parenti— y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata —integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira— pidieron la intervención del Poder Judicial.
A través de un comunicado, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que el Gobierno estaba desfinanciando al BNDG y reclamaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso pusieran límites a la motosierra de la administración libertaria.
En paralelo, Estela de Carlotto hizo una presentación ante el juzgado federal de La Plata en la que reclamó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del BNDG y la preservación de las muestras que se almacenan desde hace 39 años.
El 14 de mayo pasado, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenando al Poder Ejecutivo garantizar que el BNDG siga operativo. El magistrado le reclamó respuestas directamente a Adorni, que se encuentra bajo asedio judicial por las investigaciones en torno a su patrimonio.
Cinco días después de la resolución del titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, se realizó una reunión de la que participaron las autoridades del BNDG junto con representantes de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí, se habló de destrabar la situación del organismo.
El Gobierno inicialmente tenía previsto otorgar un aumento de 400 millones de pesos, pero la directora técnica dijo que era insuficiente. Finalmente, se acordó que la partida ascendería a 590 millones de pesos. “El acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año, habiendo cesado la situación de gravedad extrema tenida en cuenta inicialmente al dictar la medida cautelar interina”, consignó en su resolución de este martes Ramos Padilla.
El juez federal dio por terminada la intervención de su juzgado ante la aparición de los fondos, pero advirtió que la intervención judicial podría retomarse ante un posible incumplimiento. La resolución que firmó sirvió como un recordatorio para el Gobierno de todas sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso a la verdad y la justicia frente a lo sucedido durante la última dictadura. “Es responsabilidad del Estado argentino no solo perseguir y sancionar a los responsables penales de los delitos investigados, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad, reconstruyendo los hechos y garantizando el derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia”, remarcó.
El robo de niños quedó excluido de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron durante casi 20 años el juzgamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Fue justamente un caso de apropiación –el de Claudia Victoria Poblete Hlaczik– el que mostró la irracionalidad de unas normas que permitían juzgar su sustracción, pero impedían investigar aquello que había posibilitado ese delito: el secuestro y la desaparición de sus padres. Desde que se reabrieron los juicios, hay más de 1231 represores condenados en la Argentina.
Ramos Padilla comparó la situación actual con la época en la que reinaba la impunidad. “La situación ante la que nos encontramos al iniciar este expediente, como también todos en los que se investiga la supresión de identidad de niños posiblemente apropiados durante la dictadura cívico-militar, implica una contradicción inversa: las condiciones legales están dadas para la persecución penal de todos los delitos, pero los medios para el esclarecimiento de la verdad y la restitución de la identidad corren riesgo de ser desarticulados”, advirtió Ramos Padilla.
Para el magistrado, el BNDG tiene un doble rol. Es, por un lado, una herramienta única e irremplazable para conocer la identidad biológica y, por otro lado, es un instrumento clave para el impulso del proceso penal. La restitución es, además, una forma de poner fin a la desaparición de una persona, afirmó.
“Encontrar a los nietos y a las nietas que faltan –hoy podríamos denominarlos primos, hermanos o tíos– es una deuda que no se puede dejar pendiente, porque es un derecho de todos ellos y también de cada una de las familias que continúan la búsqueda”, sostuvo.
En varios pasajes, Ramos Padilla reconoció el rol clave que han tenido las Abuelas de Plaza de Mayo en el reconocimiento del derecho a la identidad, no solo dentro del país sino también a nivel internacional. “Corresponde destacar que la Argentina fue pionera en el reclamo por el derecho a la identidad y, precisamente, gracias al trabajo del Poder Judicial, el Banco Nacional de Datos Genéticos y, especialmente, de las Abuelas de Plaza de Mayo, este derecho fue reconocido no solo en nuestro país sino también en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La sola posibilidad de que el funcionamiento del BNDG se vea afectado o que no pueda cumplir con sus cometidos, o peor aún, que se afecte la integridad o conservación de las muestras genéticas, significaría un enorme retroceso no solo para la memoria, la identidad y los derechos humanos a nivel nacional, sino también en el mundo entero, que observó cómo la Argentina pudo enfrentar uno de los crímenes más atroces como el robo de niños, apelando a la Justicia y a la ciencia y generando una conciencia nacional e internacional para que hechos tan crueles no vuelvan a repetirse”, concluyó.
Una vez más, las Abuelas lo lograron. El eslogan de “no hay plata”, que suele usar el Gobierno como un latiguillo, no pudo invocarse frente a un juez que reconoció que hay una obligación estatal de buscar a los bebés robados.
Por Luciana Bertoia-P/12