El máximo tribunal desestimó el recurso de per saltum presentado por la administración de Javier Milei y dejó firme el trámite judicial en instancias inferiores.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que intervenga de manera directa en la causa que analiza la validez de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
Con esta decisión, el máximo tribunal descartó tratar el expediente antes de que se pronuncien las instancias judiciales inferiores y marcó un revés para la estrategia judicial de la Casa Rosada.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes consideraron que no están dados los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar un per saltum.
El Ejecutivo había solicitado que el máximo tribunal intervenga de inmediato en la discusión judicial sobre la reforma laboral, sin esperar el recorrido habitual del expediente por las cámaras de apelaciones.
El objetivo era obtener una definición rápida sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas centrales del programa económico y laboral del oficialismo.
Desde el Gobierno sostenían que el tema presentaba una gravedad institucional suficiente como para justificar la intervención directa del órgano judicial más importante del país.
Sin embargo, la Corte entendió que el caso todavía debe continuar su trámite ordinario y que no existe una situación excepcional que amerite saltar las instancias previas.
Qué implica el rechazo del per saltum
El rechazo no implica un pronunciamiento sobre el contenido de la ley ni sobre su constitucionalidad, sino únicamente sobre el mecanismo procesal elegido por el Gobierno para acelerar la definición del conflicto.
De esta manera, el expediente continuará su recorrido judicial habitual mientras distintos sectores sindicales y opositores mantienen cuestionamientos sobre algunos artículos de la reforma impulsada por el oficialismo.
La estrategia del Gobierno apuntaba a obtener una resolución rápida que brindara mayor seguridad jurídica sobre uno de los pilares del plan libertario para flexibilizar normas laborales y modificar convenios colectivos.
Fuente: Nexofin